Sincronia Verano 2007

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El pensamiento sustentable

Cruz García Lirios

Universidad Nacional Autónoma de México

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Resumen

El pensamiento sustentable implica la construcción de una racionalidad, igualdad e inclusión social. En tal sentido, La racionalidad estructura individuos con una propensión a la competencia. La igualdad estructura grupos con una propensión a la solidaridad y la inclusión estructura sociedades con una propensión a la equidad. Estos serían los elementos esenciales para el desarrollo sustentable de la humanidad.  

Palabras claves; Desarrollo sustentable; racionalidad, igualdad e inclusión social.

1. Introducción

Los efectos del crecimiento económico de las generaciones actuales sobre el desarrollo sustentable[1] de las generaciones futuras han sido moderados por tres entidades: el Estado, la comunidad y el individuo.

La primera entidad moderadora es el Estado y sus correspondientes políticas públicas, ejecutadas por sus correspondientes instituciones, han sido estudiadas principalmente desde disciplinas como la sociología, la economía y la ciencia política.

La formación del Estado moderno inició durante el Renacimiento en la Europa del siglo XIV, las ciudades se consolidaron como ejes económicos con sus correspondientes migraciones de campesinos que se transformaron en comerciantes o proletarios con más obligaciones de explotación que de derechos civiles, políticos y laborales (Arditi, 2004).

La consecuente producción masiva de mercancías y subsiguiente expansión del comercio tuvo en el Absolutismo, al principal sistema político sustituto de los sistemas feudales latifundistas: el poder se concentró en el monarca (Díaz, 2004).

Sin embargo, el incremento de la actividad industrial implicó el tráfico de mercancías entre entidades de consumo claves. Estos eran los estamentos (formas de organización feudal) que a finales del siglo XVII perdieron su poder de legitimidad y utilidad para una naciente burguesía. El trabajo del agricultor se expropió y se liberó junto con los productos agrícolas. Ambos fueron distribuidos como mercancías cotizados, comprados y vendidos como cualquier producto industrial del siglo XVIII (Fernández, 2006).

Una nueva forma de producción industrial sustituyó a los talleres artesanales con la contratación de oficiales para la creación de excedentes que superaron la demanda local y global posteriormente. Con base en una normatividad mercantil, se garantizó la producción y el trabajo en las ciudades (Fernández, 2004).

Fueron dos los elementos para el crecimiento capitalista; el libre pensamiento y el libre comercio (Fernández, Güemes y Vigil, 2006).

Otra característica del crecimiento capitalista fue la división de lo público (rubros administrados por el Estado) y lo privado (rubros administrados por las personas). El interés comunitario se subordinó al interés particular, esto implicó a una naciente ideología liberal. El Estado otorgó a los individuos las herramientas y las oportunidades para organizar el progreso de un país. Se eliminan las layes que perjudicaron o favorecieron a los sectores de la sociedad y se garantizaron los procesos que favorecen la propiedad privada (González, 2004).

·         El individuo es el fundamento social

·         En consecuencia, la razón implicó el progreso y la fé significó el atraso social.

·         Sin embargo, la intervención estatal fue el principal inconveniente para dicho progreso.

·         Por lo tanto, el Estado sólo resguardó los derechos a la libertad de los individuos.

Las clases trabajadoras se movilizaron (huelgas, mítines, plantones, marchas y manifestaciones) para exigir su bienestar social al Estado liberal clásico. Las asambleas proletarias discutieron la pertinencia de crear instituciones para subsanar los problemas de justicia social. Estas movilizaciones ciudadanas fueron consecuencia de la disminución de las políticas públicas del Estado liberal (Huerta, 2005).

El Estado liberal se transformó en el Estado social benefactor que promovió la justicia social. La ideología liberal también se trasformó en una ideología de beneficiencia  social: un pensamiento liberal fue justo cuando no benefició a la mayoría (Leff, 2004).

La formación del Estado moderno y sus políticas económicas permiten conocer los fundamentos macro y micro económicos, los cuales son la antesala de las variables que explican el ambientalismo y la sustentabilidad (Huerta, 2005).

La descripción de la formación del Estado moderno inicia con los principios iusnaturalistas del Estado monárquico. El Iusnaturalismo es un conjunto de supuestos que tratan de justificar la pertinencia de un Estado que ordene el desorden en que vive la humanidad gobernada por la ley del más fuerte. Al estar en guerra de todos contra todos, causada por deseos que hacen antisociales a las personas, debe imponerse la voluntad de un monarca para conservar la seguridad de un grupo desunido por sus intereses particulares. Los individuos pactan un acuerdo para formar una sociedad[2] estable siendo la renuncia a sus derechos naturales el principal costo que deben pagar. Una vez formado este Leviatán debe formarse, para conservar su  coerción, un ejército lo suficientemente poderoso para evitar, y si es el caso, calmar posibles rebeliones. La monarquía absoluta considera que el monarca debe asumir toda la responsabilidad de conciliar a cualquier precio y con cualquier medio los intereses de los habitantes. Más adelante, con la monarquía mixta (parlamentaria y constitucional) el monarca no podría delegar el poder ni siquiera al parlamento, salvo con el único límite que tendría una recién formada constitución. Esto indicaba que el poder del monarca se regulaba mediante un conjunto de leyes estatuidas que quizá no le permitieron actuar como lo haría el ente más fuerte en el Iusnaturalismo. 

Esta descripción de una humanidad irracional, la cual debe someterse a un orden supremo que la lleve a la buena convivencia, está instaurada en dos elementos muy importantes; se trata de la constitución y la voluntad del monarca.

Precisamente, surge la necesidad de equilibrios entre los poderes ejecutivo (monarca), legislativo (parlamento) y judicial (magistrados). No se concibe un poder mayor a otro, más bien el poder dividido y a la vez moderado entre estos tres elementos (Mella, 2006).

En contraste, al plantearse un contrato social, se reflexiona sobre la propiedad privada y el peligro que se corría al vivir en una sociedad donde todos eran dueños de todo porque sus derechos naturales los justificaban. Es así como al no haber las garantías básicas, se plantean tres principios de desigualdad económica, política y social, siendo la obtención y reconocimiento de una propiedad el primer indicador de diferencia en la sociedad. La segunda desigualdad humana sería la política que no le asistía a los súbditos, sólo al monarca. Es así como en un Estado despótico las garantías de propiedad, al ser exclusivas de la familia monárquica, constituyen la tercera desigualdad de la humanidad: la libertad cuando menos económica.

Se necesitaba un contrato social para evitar esas tres desigualdades. Dicho contrato social fue el bosquejo de un Estado democrático y la supresión del despotismo en Francia. Los acuerdos y las coincidencias como la expresión de las voluntades individuales fueron el contenido de este contrato. De esta forma, la soberanía popular tuvo tres características: unicidad, indivisibilidad e inalienabilidad (Leff, 2004).

Sin embargo, si a lo irracional le correspondía la naturaleza humana entonces a lo racional, la civilización humana. En consecuencia, la suma de racionalidades individuales devendría en una racionalidad objetiva: el Estado monárquico representado por un individuo racional y representante de los individuos racionales. La irracionalidad quedó excluida del poder político, después económico y se adentró en la cultura para después resurgir como estructura recuperable en la comprensión de los procesos comunitarios que se contraponen a la racionalidad económica o al homus economicus que tomaba las decisiones a partir de un cálculo de probabilidades consecuentes.

De este modo se justifica una desigualdad humana: La razón no es para todos, su ausencia deslegitima todo sistema político alterno. Sólo la libertad se garantiza en un Estado racional. Lo racional legitima el poder sea político y económico. Esto implica un paradigma precursor que orientó a la humanidad hasta el contexto actual en el que deviene un paradigma alternativo orientador de un proyecto que a la humanidad le permitirá crear las instituciones necesarias para moderar el efecto del crecimiento económico reflejado,  tanto en la extinción de los recursos naturales energéticos, como en el bienestar subjetivo. Dicho proceso implica la concepción de un proyecto favorable a la humanidad y a su entorno: El Desarrollo Sustentable (Corral y Pinheiro, 2004).

Antes bien, las relaciones y los modos de producción son los fundamentos sociohistóricos para develar el proceso de acumulación del capital como proceso contradictorio, en el que una burguesía acumulaba la riqueza usurpando el trabajo de los proletarios y deteriorando el medio ambiente. En consecuencia, la supresión del Estado como moderador de los efectos del sistema económico sobre el comportamiento humano y su entorno. Esto es un error porque los sistemas al configurarse por una relación indirecta de elementos exógenos sobre endógenos requiere de elementos moderadores que les permitan dicha relación. Es decir, un modo de producción requiere de una entidad reguladora de esas relaciones. Un modo de producción no se impone directamente, se legitima indirectamente a través de leyes, creencias, conflictos y negociaciones. Esto significa un proceso en el que una racionalidad económica se confronta con una irracionalidad afectiva en un escenario que se ha estado desgastando.

En las ciencias sociales, las aproximaciones que describen las funciones del Estado son tres:   

Instrumentalistas. Conciben al Estado como un anexo de la burguesía en el que las políticas económicas públicas favorecen el crecimiento económico e impiden el Desarrollo Sustentable. En la sociedad actual, para colocar un ejemplo, los organismos financieros tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, al condicionar el préstamo de dinero solicitando cambios estructurales que permitan la libre circulación, especulación, fuga y acumulación del capital, determinan dicho crecimiento económico. 

Ideologistas. Estudian cómo está representado el Estado por las personas. Sugieren que se ha mistificado en demasía la función del Estado como promotor y conciliador de un crecimiento económico. Esta vertiente resulta interesante en su aproximación porque se adentra en los aspectos psicológicos que fundamentarían por qué las personas prefieren crecer económicamente aunque esto sea sólo exclusivo de grupos económicos que tienen el control financiero.

Estructuralistas. Analizan las funciones del Estado como moderador (promotor) del crecimiento económico. Dicha promoción se inicia reformando los estatutos constitucionales y su adecuación para garantizar la venta de paraestatales, la inversión extranjera en la extracción, sobreexplotación y distribución de recursos energéticos. Esto implica el crecimiento de la propiedad privada (con su consecuente monopolización), la competencia de capitales en sectores claves de la economía, la mano de obra liberada, abundante, barata y disponible, y el deterioro de los recursos naturales inherentes a los recursos energéticos.

El Estado al ser moderador de los efectos del crecimiento económico sobre el comportamiento humano y su entorno se encuentra ante dos opciones: propone reformar la constitución o pospone dichos cambios, permite el libre fluir financiero o lo regula, maximiza el desempleo y el subempleo o lo abate, limita al empobrecimiento o lo extiende a las clases medias, tolera la extinción de los recursos naturales o lo retarda (Piña, 2005). 

En efecto, es tanto el sistema capitalista como el Estado moderno quienes promueven un comportamiento conservador de la estructura de poder económica, política y social. El Estado ante una crisis económica, mediante la perecuación de la tasa de ganancia, la devaluación de la moneda y la inversión estatal, ha favorecido a dos sectores: el financiero y el energético.

Consecuentemente, los países de América Latina, al retomar los fundamentos del Estado moderno permitieron la sobreexplotación, contaminación, destrucción, escasez y extinción de los recursos naturales (principalmente agua, petróleo, gas y electricidad), así como la desocupación, el desempleo, el subempleo, la abismal diferencia en el ingreso entre ricos y pobres, el aumento de la deuda tanto externa como interna, sus correspondientes altas tasas de intereses y la inflación permanente (Díaz, 2004).

Por lo tanto, un recorrido socio histórico económico y político de las problemáticas más sentidas en la sociedad crisis económicas por efectos dominó y fuga de capitales, consecuente desequilibrio en la balanza comercial, subsiguiente desempleo, subempleo, desocupación y el  consiguiente deterioro en la calidad de vida, demuestra la moderación del Estado en el impacto del crecimiento económico sobre la naturaleza y la humanidad. Se evidencia la necesidad de una política económica ajustada a una racionalidad ambiental para conservar la estructura de poder económica, política y social. Se hace imprescindible la necesidad de innovar, modelar, analizar y predecir un comportamiento que gestione una política económica para garantizar satisfactores básicos tales como salud, empleo y educación, la explotación estratégica de los recursos naturales, la transferencia de tecnología a las comunidades y a las generaciones venideras (Gudynas y Villalva, 2006).

La historia de la formación del Estado moderno, tiene dos vertientes: la primera indica que el Estado ha sido una entidad que regula y hace compatibles los intereses humanos: la segunda vertiente denuncia que el Estado ha sido un instrumento para ejercer el poder político y económico. El ejercicio de dicho poder se ha centrado en la explotación, deterioro y extinción tanto de los recursos naturales como de los recursos humanos. En tal sentido, el Estado ha sido lo suficientemente conciliatorio para retardar la extinción de la biodiversidad y con ella la muerte de la humanidad como la conocemos hasta hoy (Salazar, 2004).

Precisamente, a continuación se exponen los fundamentos del pensamiento liberal, su estructuración en el Estado liberal y sus implicaciones en el crecimiento económico; sanitario, educativo y laboral conocido como Desarrollo Sustentable.

El liberalismo fue una visión de la realidad en la que las sociedades fueron consideradas como un conjunto de individuos aislados por sus derechos, problemas, necesidades, percepciones, valores, creencias, sentimientos, actitudes, habilidades, decisiones y comportamientos en torno a cuatro formas de Estado (Mella, 2006).

La globalización es parte de un proceso en el que la localización es su complemento antagónico. Esto significa a los flujos económicos y humanos concentrados en las ciudades desarrolladas al mismo tiempo que quienes se quedan en sus lugares de origen se arraigan identificándose con el mundo global a través de los medios masivos de comunicación. Internet como la principal ventana a las imágenes y discursos, promueve ideas y sentimientos de pluralidad como libertad de elección y competencia. En contraste, en las zonas comunitarias se gestan sentimientos de solidaridad. Ambos son consecuencias de lo global y lo local que se ubican en cinco dimensiones.

Las consecuencias de la globalización[3] definida como la consolidación de mega empresas líderes en tecnología y la maximización de la producción en un mercado mundial simultáneo, han sido identificadas en la calidad ambiental y la calidad de vida. De este modo, Singapur destaca como el país más globalizado, Norteamérica sobresale como la zona con mayor poder de compra, México se encuentra en el primer lugar de inmigrantes e Irlanda repunta con un crecimiento sustentable aunque se proyecta que en el 2100 aumentará 88 centímetros el nivel del mar. 

Sin embargo, en Asía, Latinoamérica y Europa, la globalización ha consolidado los efectos dominó definidos como los choques bursátiles de un mercado accionario con otro en economías emergentes como las de Singapur, Corea, Malacia Hong Kong y Taiwán (efecto dragón), Brasil (efecto zamba), México (efecto tequila), Argentina (efecto tango) y Rusia (efecto vodka).

Los efectos dominó se han explicado desde cuatro teorías:

Rezago Informativo. Plantea la diferencia de uso horario que explica por qué las operaciones de los mercados accionarios poderosos influyen en las operaciones de los demás. 

Precio del arbitraje. Establece la convergencia de la misma cotización de activos en todos los mercados. Por lo tanto, se genera el entrelazamiento constante de las acciones a largo plazo de dos o más economías.

Choques exógenos. Conocido como fuga de capitales especulativos (retiro de activos financieros con altos rendimientos)  por parte de bancos, casas de bolsa, fondos de inversión, fondos de pensiones y tesorerías de las empresas.

Movimientos comunes. Identifica los flujos de capital a corto plazo que responden al balance fiscal en cuenta corriente, tasa de inflación y tamaño de la deuda externa.

Las cuatro teorías refieren procesos económicos y psicosociales en las decisiones de transferir los capitales entre las  bolsas de valores. En tal sentido, los indicadores macroeconómicos y geopolíticos expuestos pueden complementarse con los indicadores socio psicológicos. Consecuentemente, la globalización implicaría efectos derivados de la igualdad de oportunidades en un sentido social y la libertad de elección en un sentido individual.

A continuación se exponen dos fundamentos (igualdad y libertad) de las cinco consecuencias de la globalización económica tecnológica y la localización arraigada.

2. Desarrollo

John Rawls desarrolló una teoría de la justicia que demostró las insuficiencias del intuicionismo (ideología que consideraba a las personas selectoras de lo que es bueno y lo que es malo) y la pertinencia de complementar una disyuntiva histórica: la libertad versus la igualdad para solucionar la problemática de la injusticia social generada por el Estado liberal (Piña, 2005).

La estructura social del Estado benefactor promovió la justicia social a través de instituciones que dieron por hecho una equidad social (las personas nacen con las mismas oportunidades). Esta problemática fue resuelta por John Rawls a partir de tres fundamentos:

• Toda persona posee igual derecho a la más amplia libertad compatible con una libertad igual para todos.
• Las desigualdades son inaceptables a menos que sea razonable esperar que actuarán en beneficio de todos.
• Por lo tanto, las posiciones y oficios deben estar abiertos para todos.

La libertad era la conciencia de la necesidad, en consecuencia, la desigualdad implicó oportunidades exclusivas para unos cuantos individuos.

John Rawls concibió al Estado liberal como inmoral e injusto y propuso una teoría con su correspondiente método que desvanecieron y superaron una falsa dicotomía: la libertad versus la igualdad. El planteamiento de John Rawls consistió en la conciliación de ambos valores materializados en un contrato social. Se trató de la configuración de dos formas de Estado (benefactor y liberal) con base en una síntesis moral (Salazar, 2004).

Una teoría de la justicia social  y un método de equilibrio reflexivo surgieron de las reflexiones de Joh Rawls sobre las problemáticas de la inmoralidad del Estado liberal mínimo. Su propuesta consistió en valores comprensivos de tolerancia y pluralidad de visiones morales orientadas a demandas compatibles. Es en este sentido que la teoría de la justicia social estableció los fundamentos morales y jurídicos, políticos y sociales, liberales y democráticos para una sociedad democrática liberal justa. Por lo tanto, es un acercamiento interpretativo y heurístico (asume críticas y ajusta sus planteamientos) a los sistemas políticos (Díaz, 2004).  

Son siete los fundamentos de John Rawls en torno al Estado liberal justo:

• La percepción de libertad.
• Las subsiguientes creencias en torno a la equidad de oportunidades.
• Los consecuentes valores de igualdad.
• El necesario individuo moral que busca el bien social a partir de establecer un punto de equilibrio reflexivo entre los valores de la igualdad y las percepciones de libertad.
• La obvia cooperación y la posterior participación.
• La resultante sociedad democrática justa; cooperativa, ordenada y estable.
• La inevitable redistribución de la riqueza del Estado liberal para una vida plena.

Posteriormente, John Rawls planteó el principio del maximin (elección racional de un sistema político de menores costos frente a mayores beneficios a través de un contrato social). De este modo, la libertad e igualdad como principios de justicia, en un nivel institucional, fueron criterios que orientaron las decisiones ciudadanas.

Los principios de igualdad tuvieron en los principios de diferencias sus contrapesos. Dichas desigualdades sociales, políticas y económicas beneficiaron a los menos aventajados. Consecuentemente, surgió la equidad (oportunidades abiertas en la obtención de oficios).

Ambos principios, develaron la improcedencia del pensamiento utilitarista que justificó las ventajas sociales, políticas y económicas en los individuos. Enmarcados por el concepto de equilibrio reflexivo entre la estructura social y las decisiones individuales, cada ciudadano acepta los dos principios de justicia para construir una sociedad ordenada con individuos moralmente libres e iguales (Fernández, 2006).

De este modo, el Estado fue planteado como un redistribuidor de la riqueza. A través de sus instituciones, se enfrentaría a los intereses hegemónicos que apelan al principio de libertad para lucrar con los servicios públicos. En tal sentido, la libertad de consenso como la capacidad que tienen los individuos para elegir, hacer y ser fue el principal instrumento en la concepción del Estado justo.

En tal sentido, Robert Nozick planteó el impacto social del Estado liberal radical y lo comparó con el Estado liberal clásico de Rawls. Concibió una forma de Estado mínimo como el único permisible y justificable para una sociedad liberal. Esta forma mínima de Estado fue rechazada por Rawls al considerar que violaba los derechos individuales. Sin embargo, en la concepción de Nozick los derechos humanos, sobretodo los de libre pensamiento y propiedad determinaron la función protectora del Estado. Nozick argumentó que la diferencia entre las necesidades individuales coartó la cooperación entre las personas. Es decir, cada miembro autónomo, es igual en sus derechos más no en sus obligaciones de solidaridad. Moralmente, la decisión de cada individuo implicó su responsabilidad.

En este sentido, el Estado benefactor al entrometerse en las libertades de los individuos afectó directa, negativa y significativamente el funcionamiento y la estructura social, los derechos políticos y mercantiles de las personas. Es así como Nozick planteó un Estado mínimo que sólo debiera garantizar el derecho a la propiedad y la seguridad correspondiente (Fernández, Güemes y Vigil, 2006).

Por lo tanto, el Estado liberal fue una opción pertinente porque promovió los derechos individuales. Sin embargo, Rawls advirtió que históricamente el Estado ha expropiado propiedades para transferirlas a una elite. El estado ha transferido propiedades a personas particulares que no han probado merecer dichos bienes. Por lo tanto, el Estado es inmoral.

En contraste, Nozick consideró al Estado máximo como ilegitimo por usurpador y redistribuidor. Ambas funciones le pertenecerían a la racionalidad de los individuos quienes pueden decidir cotizar, comprar, vender, intercambiar o regalar sus bienes. El Estado fue ilegitimo porque restringió estas iniciativas en las personas. Por lo tanto, la pobreza y la exclusión social, fueron consecuencias de la inmoralidad e impertinencia del Estado. Más aún, el Estado ha sido ineficaz en la distribución de la riqueza. Finalmente, la solución a la injusticia social es impulsando una nueva moralidad en la sociedad civil.

·         En el Estado mínimo pueden enmarcarse las utopías de cambio moral: los derechos civiles.

·         Sin embargo, bajo el Estado liberal no fue posible cambiar la moralidad humana individualista a una moralidad colectivista.

·         Además, fue indispensable cambiar el marco jurídico para activar el cambio moral.

·         Por lo tanto, la sociedad también debió cambiar en sus hábitos más que en sus valores.

En los planteamientos de John Rawls y Robert Nozick se enfatizaron los conocimientos decisorios y las habilidades comunicativas que llevarían a la construcción de una entidad (Estado, grupo o individuo) moral líder. Precisamente, es en las democracias gobernadas por la representación de voluntades mayoritarias y minorías proporcionales más que por oligarquías, dictaduras o tiranías, donde ambos planteamientos liberales son pertinentes. Sin embargo, esta estructura liberal democrática fue incompatible tanto para el crecimiento individual como para el desarrollo comunitario (Castro, 2006).

En este sentido, Milton Friedman plantea la igualdad de oportunidades es diferente a la igualdad de resultados. El Estado social al promover la equidad también restringe la libertad de crecimiento económico al planificar la producción y regular la oferta y la demanda.

El Estado igualitario en regímenes autoritarios y tiránicos, concentró el poder político, económico y social a través de instituciones sanitarias, educativas y laborales.

Esta problemática implicó al Estado liberal como arbitro social que estableció las condiciones de competencia social; económica, política, sanitaria, educativa y laboral.

Precisamente, durante los gobiernos de Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Tacher en el Reino Unido durante la decáda de los ochenta, sus programas tuvieron seis ejes principales:

• Privatización de empresas públicas.
• Recorte a las prestaciones sociales.
• Combate a la ineficiacia pública.
• Reducción de impuestos.
• Incentivo a la eficiencia y a la eficacia.
• Límites a los privilegios de los sindicatos.

Posteriormente, durante el gobierno de Tony Blair en el Reino Unido, el Estado liberal plantea una tercera vía a partir de un programa de cuatro contenidos:

• Aligerar la regulación de las actividades empresariales.
• Aliviar las cargas sociales impuestas a los empresarios.
• Reducir los costes de la seguridad social.
• Privatización de los servicios públicos.

En esencia, el Estado liberal plantea como principal factor de crecimiento económico a la ventaja competitiva estructurada a partir de creencias y percepciones de libertad de elección, conocimientos y habilidades técnicos productivos. En contraste, la burocracia estatal inherente a la ausencia de competencia sería el principal obstáculo de la prosperidad social al restringir los derechos de crecimiento económico individual. Estas consecuencias pueden observarse en tres sectores; sanitarios, educativos y laborales.

En el sentido sanitario. Los resultados del programa liberal en el Reino Unido y los Estados Unidos implicaron el cobro de los servicios de salud o el subsidio a quienes pudieran costear una cuenta de seguro personalizada. El esquema de pensiones solidario característico del Estado social fue sustituido por el sistema de administradoras de fondos de retiro en cuentas individuales. La solidaridad característica entre las cuotas de trabajadores que consistía en pagar más si los ingresos eran mayores, fue desplazada por el esquema de cuotas personalizadas en las que los trabajadores aportaban según un parámetro mínimo.

En el sentido educativo. Las universidades públicas compitieron con las universidades privadas por el reclutamiento, selección, formación y titulación de estudiantes en areas científico tecnológicas más que en las areas sociales y humanidades. Se privilegió un pensamiento deliberado, planificado y sistemático en la solución de necesidades ante el pensamiento lateral, heurístico e improvizado. Este primer tipo de pensamiento impacto en el desarrollo tecnológico sin prever las consecuencias en el medio ambiente y con ello en las futuras generaciones. En contraste, el segundo tipo de pensamiento social humano que consistía en la contemplación de la naturaleza más que en su transformación, fue estigmatizado como globalifóbico y con ello se ocultaron los cuestionamientos al progreso humano y su correspondiente crecimiento económico.  

En el sentido laboral. Los sindicatos fueron los principales afectados en sus privilegios enunciados en los fondos de pensión colectiva sustituidos por fondos de retiro individuales. Los salarios bajos y la consecuente disminución del poder adquisitivo propiciados por las políticas publicas inflacionarias en detrimento del pleno empleo.

Precisamente, a continuación se exponen con más detalle las consecuencias sociales y económicas del pensamiento liberal en el Desarrollo Sustentable de América Latina.

 

 

3. Conclusión

La racionalidad orientada al progreso, en América Latina se ha manifestado en cinco modalidades de política económica; estabilizadora, conciliadora, ortodoxa, heterodoxa y neoliberal determinadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (Fernández, Güemes y Vigil 2006).

Los supuestos teóricos del monetarismo y el intervencionismo son los principales argumentos de la política económica en América Latina (Huerta, 2005). Los monetaristas plantean que el libre juego de las fuerzas del mercado establece una economía próxima al pleno empleo y, por consiguiente, la intervención del Estado se debe reducir a lo mínimo posible: en esencia, a controlar estrictamente la cantidad de dinero. Es decir, las economías tienden a largo plazo hacia el pleno empleo de los recursos productivos y el gasto público debe limitarse en lo posible para equilibrar el presupuesto público anualmente. En contraste, los Intervencionistas sostienen que el Estado mediante una política fiscal debe estabilizar la economía, ante una recesión motivada por una demanda agregada de forma insuficiente. El sector público debe intervenir manipulando los gastos y los impuestos. Por lo tanto, el presupuesto se debe equilibrar cíclicamente.

En este sentido, la política económica estabilizadora ha sido definida como la interpretación del desarrollo (apertura al comercio exterior, valuación adecuada de la moneda, incentivos al ahorro interno, estimulación de la inversión extranjera y compensación de la balanza de pagos) a partir de programas e instrumentos de estabilidad fundamentados por la teoría monetarista y la practica tecnócrata que favorecen un oligopolio en el financiamiento, producción y comercialización (Murillo, 2004).

Dichos programas, son a nivel:

Monetario. Plantea el proceso inflacionario como el efecto de una demanda neutralizada mediante restricciones monetarias, emisión y circulación mínima de dinero, regulación del crédito, eliminación de déficit fiscal, supresión de subvenciones, eliminación de déficit paraestatal y ajuste de los salarios en función de la productividad.

Comercial externo. Implica al Banco Central como corrector de desniveles entre precios nacionales e internacionales, control de la inflación y desajustes en la balanza de pagos (diferencial entre importaciones y exportaciones) mediante un tipo de cambio fijo o fluctuante.

Social. Se considera como ineludible y transitoria la sobreexplotación de los recursos naturales, el límite al empleo, la insuficiencia de oferta y el alza de precios.

Estos programas incluyen seis instrumentos.

• Reservas internacionales sanas en un mercado de capitales que respaldan la inversión productiva.
• Devaluación de la moneda para ajustar la balanza comercial (la demanda de las importaciones en función de los niveles de exportación y la variación de divisas) e incentivos al consumo y ahorro interno.
• Un sistema bancario eficiente en el control de crédito y la cantidad de los medios de pago, control inflacionario y adecuada oferta monetaria.
• Subsidios, exoneraciones fiscales y crédito con bajos intereses al sector manufacturero para incentivar la exportación y la competitividad.
• Ajustes salariales periódicos en referencia al aumento de los productos y servicios.
• Reformas tributarias simples y de rápido rendimiento para vender las paraestatales y algunos elementos de la seguridad social, reducir el gasto público, la inversión y subsidios, así como el aumento de tarifas por servicios públicos para abatir el déficit fiscal al nivel de gobierno central y local.

Por su parte, la política económica conciliadora auspiciada por la CEPAL ha sido definida como el ejercicio pragmático del poder para contrarrestar el proceso inflacionario en el corto, mediano y largo plazo, el cual es causado por:

• El predominio de una población rural y producción de productos agrícolas.
• El bajo nivel de ingreso per cápita.
• La inadecuada transferencia del diseño, financiamiento y aplicación de programas macroeconómicos en y para los países económica, tecnológica, técnica y profesionalmente desarrollados.
• El proteccionismo, incompetencia, estancamiento y monopolización en la producción que limitan las exportaciones y desequilibran la balanza comercial.
• Los esquemas de integración económica entre países con diferencias en salarios, desempleo, deuda externa y reformas agrarias, laborales, fiscales y tributarias.

Durante las décadas de los 40`s hasta los 60`s ambas modalidades estuvieron en discordancia, la producción agrícola disminuyó, la industria se estancó y hubo escasa exportación manufacturera y la balanza de pagos se desequilibró. Debido a que se financió el fracaso de la industrialización del mercado interno con deuda externa, su amortización propició un nuevo endeudamiento. En consecuencia, América Latina no sólo se endeudó, sino además su integración regional se obstaculizó.

Finalmente, tanto la política económica ortodoxa como la heterodoxa se definen  y fundamentan a partir de la inflación inercial (hiperinflación).

En la primera modalidad, la hiperinflación se genera por un desequilibrio fiscal (se gasta más de lo que se recauda) y plantea su abatimiento mediante la apertura a la inversión extranjera y la liberación del sector financiero a partir de un reajuste en la estructura y finanzas públicas.

En la segunda modalidad, se plantean dos tipos de mercados: fijo y fluctuante. En el primero, el Estado controla el tipo de cambio, el incremento salarial y el aumento de productos agrícolas. En el segundo, deja fluctuar a la alza los productos no agrícolas. Sin embargo, la descoordinación del Estado en el mercado fijo y los sectores productivos en el segundo, propiciaron más hiperinflación.  

América Latina ha resultado afectada directa, negativa y significativamente por este proceso de centralización y desvalorización, el cual se ve reflejado en la incesante desvalorización de la moneda, bajos precios internacionales de las materias primas, supeditación en el funcionamiento de los sistemas financieros nacionales, descapitalización y desequilibrios intersectoriales.

En tal sentido, la política económica ha oscilado entre la prevención, evitación y auspicio de la estabilidad de precios y el crecimiento económico, la conservación de una estructura económica, política y social mediante el ejercicio, regulación y control del poder, así como la comprensión y explicación de los determinantes sociales. La política económica se ha planteado como centro y mecanismo de decisión para destinatarios sociales con objetivos determinados (Arditi, 2004).

En consecuencia, las modalidades de políticas económicas develan que los Estados latinoamericanos adquieren formas, tales como;

Absolutos. Representación autónoma abstracta y general de la sociedad, sus procesos económicos y valores.

Autónomos mínimos. Representación de intereses concretos y una imagen mínima de libertad en el ejercicio del poder.

Autónomos relativos. Representación indirecta de los intereses particulares, conciliación e intervención en disputas a favor de un sector financiero energético.

De esta forma, se han consolidado tres tipos de Estados a través de la historia: equilibrio estable con autonomía plena, equilibrio inestable con autonomía relativa y autonomía mínima con desequilibrio permanente (Mella, 2006).

La dicotomía entre la globalidad, principalmente económica y tecnológica, y la localidad, esencialmente la decisión a partir de sentimientos, implica a los dos fundamentos de justicia humana: la igualdad y la libertad. Precisamente, son cinco las consecuencias que subyacen a este proceso de globalización y localización.

De la territorialidad hacia la extraterritorialidad. En el sentido de lo territorial, la migración a las zonas desarrolladas económicamente propicia la erosión de las identidades locales. Los espacios urbanos se fragmentan en barrios disgregando las comunidades y sus procesos de cooperación y solidaridad. El poder sobre los espacios públicos que el Estado expropió para legitimarse ahora la iniciativa privada lo utiliza como estrategia para su crecimiento económico. Por tal motivo, en el sentido de lo extraterritorial, los espacios geográficos son sustituidos por los espacios geopolíticos. La política comercial externa y la política comercial interna tienden a asemejarse. Los espacios públicos son sustituidos por los espacios privados. El Estado invierte en la infraestructura necesaria para facilitar la inversión en zonas turísticas y zonas maquiladoras más que en la infraestructura educativa para redistribuir los beneficios económicos (Hernández y Remel, 2004).

De la seguridad hacia la inseguridad. En el sentido de la seguridad, el mercado político se encarga de vigilar y establecer las mejores condiciones para que se desarrolle el mercado económico. En las democracias liberales, las personas votan por aquellas opciones que les prometen acabar con la delincuencia y consecuentemente, les presentan escenas de operativos y subsiguientes capturas de personajes supuestamente peligrosos para la sociedad, redes de traficantes que amenazaban con el estado de derecho o bien funcionarios que fueron corrompidos. De este modo, en el sentido de la inseguridad, se construye una ideología del castigo no a los responsables directos que son quienes diseñan y aplican las políticas públicas, sino a los responsables indirectos, aquellos que su situación socioeconómica les orilló a delinquir. Esta ideología del castigo, ha sido más severa con el delincuente común que con los banqueros prófugos de la justicia.

De la movilidad hacia la inmovilidad. En el sentido de la movilidad, una consecuencia y evidencia del nulo poder del Estado frente a los flujos financieros es la capacidad que tienen de transferirse y devastar las economías de los países como las de América Latina e incluso de las regiones económicas como las de los tigres asiáticos. Consecuentemente, en el sentido de la inmovilidad, las bases de datos son utilizadas para vigilar a las personas, sus intereses o necesidades, sus ingresos y su consumo actual y futuro.

De la inclusión hacia la exclusión. En el sentido de la inclusión, los medios de comunicación, Internet como el principal escenario, son el sinóptico moderno es el principal instrumento y escenario de libertad de decisión y la consecuente pluralidad o voluntad mayoritaria. Es el lugar donde los locales observan a los globales. Precisamente, en el sentido de la exclusión, las personas marginadas económicamente, pagan para acceder al sinóptico, las personas pagan para poder informarse no de política, sí de las peripecias de los políticos que demostrarán su incompetencia con iniciativas, no de economía, sí de las consecuencias de la inflación, no de la ciencia, sí de la ética distorsionada de algunos científicos que pretenden más progreso con más inventos, no de tecnología, sí del último invento que será obsoleto y aumentará los residuos en el planeta, no de cultura, sí de imágenes y discursos dominantes que se impondrán en la educación.

De la satisfacción hacia la insatisfacción. En el sentido de la satisfacción, las necesidades motivan a las personas a buscar, seleccionar, comprar y utilizar productos o servicios. Este proceso trato de asemejarse a la realidad comercial mediante modelos económicos que predecían el comportamiento del consumidor. Se trataba de un comportamiento lineal en el que las personas eran consideradas como clientes racionales, deliberados y sistemáticos. Sin embargo, las empresas pronto advirtieron que el comercio reflejaba a una sociedad afectiva. Es así como en el sentido de la insatisfacción, se plantea que las necesidades de los consumidores son creencias, percepciones y valores heurísticos e improvisados. Este proceso emocional es interminable y cíclico al derivarse de sentimientos que funcionan como analogías de una sociedad adversa a su futuro.

En estas cinco consecuencias de la globalización pueden observarse su decantación de lo general a lo particular y su relación inversa de este a aquel. Esto implica una menor igualdad en lo social y una mayor libertad en lo individual. Este desequilibrio caracteriza a las democracias liberales más globalizadas y localizadas. Estas sociedades abiertas que responsabilizan a los individuos desintegrando sus grupos, sus comunidades, sus sociedades y sus culturas presentes y futuras.

La globalización al ser reversión de las sociedades cerradas que aumentaron la igualdad de resultados y disminuyeron las libertades individuales por la ausencia de sus derechos y los regímenes autoritarios. Implica a un nuevo sistema social, económico y político diferente puede construirse a partir de la concatenación de sus consecuencias. Es decir, que independientemente de la igualdad y la libertad, la consecuente afectividad y racionalidad, las subsiguientes solidaridad y competencia, son los factores para revertir un sistema injusto para las minorías marginadas económicamente.   

El desequilibrio, entre la igualdad y la libertad puede revertirse a partir de sus consecuencias concentradas en la solidaridad y la competencia. Esto sugiere excluir a la burocracia estatal, permitir la auto gestión comunitaria y el desarrollo de un auto sistema educativo.

Precisamente, es en las democracias gobernadas por la representación de voluntades mayoritarias y minorías proporcionales más que por oligarquías, dictaduras o tiranías, donde ambos planteamientos liberales son pertinentes. Sin embargo, esta estructura liberal democrática fue incompatible tanto para el crecimiento individual como para el desarrollo comunitario.

La segunda entidad moderadora del impacto del crecimiento económico de las generaciones actuales sobre las generaciones futuras son las comunidades, con su correspondiente innovación, autogestión y transferencia de información, los cuales pueden ser estudiados desde las ciencias de la salud, la antropología, la sociología y la psicología.

Tres factores humanos impidieron el desarrollo de la justicia social: los sentimientos de comunidad, el pensamiento políticamente correcto[4] y la intención de contacto[5].

Los tres indicadores de incompatibilidad desequilibraron los valores de igualdad frente a los valores de libertad. Es decir, la igualdad no pudo promoverse en un sistema que impide la solidaridad. Por su parte, la libertad fue cooptada por el pensamiento que se mostró escéptico del programa liberal. El pensamiento políticamente correcto cuestionó el fundamento del estado mínimo: la eficiencia protectora y la consecuente credibilidad del Estado. La seguridad social que proporcionó el Estado liberal fue representada como innecesaria al ser el menos injusto. 

La comunidad plantea la construcción social de la identidad hacia un barrio y el apropiamiento de un espacio como las calles, los parques y las plazas (Montenegro, 2004a; 2004b).

Los procesos colectivos que modulan y transmiten el impacto del crecimiento económico sobre las entidades comunitarias se han soslayado. En principio, el Estado al ser un instrumento de poder, lleva a cabo una política económica que beneficia a un grupo tanto financiero como energético y desfavorece las necesidades comunitarias. De este modo, los estudios se avocan a las políticas públicas y los procesos psicológicos desatendiendo las estrategias que la comunidad ha sentido, ha innovado, ha gestionado y ha transferido de una generación a otra.

En consecuencia, la función moderadora de la comunidad ante el impacto del crecimiento económico en dichos ámbitos locales es explicada desde los paradigmas (principalmente el paradigma crítico constructivista) a partir de la contingencia de una problemática. Es decir, el proceso conceptuación–método–intervención se establece ontológica y epistemológicamente sólo si la naturaleza de la problemática permite la concatenación de los paradigmas en la parte intermedia del proceso.

Su énfasis en los procesos comunitarios soslaya los procesos institucionales. Su esencia interventora es derivada de un enfoque en el que se plantea que a las comunidades no hay que conceptuarlas para probar inferencias decididas de antemano sino más bien hay que involucrarse con ellas en la consecución de sus demandas y luchas, lo cual implica la aprensión de estrategias, observación y cuestionamientos que llevan al investigador a sensibilizarse con las necesidades comunitarias y a través de ellas a enriquecer las técnicas de recopilación y análisis de información.

El investigador se convierte, entonces, en un elemento integrante del objeto que eligió estudiar, de tal forma que adquiere conocimientos con la comunidad y los construye por la vía de la interpretación compartida (Musito, 2004).

El contexto socio histórico, incluye necesidades que están representadas en símbolos, significados y sentidos trasladados del pasado al presente en marcos de recuerdos compartidos, que al significarse dan forma a una vertebración de afectos delimitados a espacio generados y difundidos desde el interior de la comunidad.

Es así como las necesidades comunitarias de las minorías se diferencian de las necesidades institucionales de las clases medias. Con base en dicha diferenciación surge un conflicto expresado en la influencia social inconsciente y consciente al interior de las entidades comunitarias en el que se ejerce un poder económico y político para legitimar el dominio de las instituciones y la desligitimación consecuente de las comunidades. Dicho conflicto tendría cinco indicadores: la competencia, la evitación, el ajuste, el compromiso y la colaboración determinados por los valores, las necesidades y las preferencias comunitarias.

Ambas, legitimidad y deslegitimidad se han estado guardando como recuerdos en la gente para auto representarse como diferentes respecto de otras comunidades en el transcurrir de la historia de los pueblos. Y para solucionar el conflicto, es menester la formación de una identidad de grupo y su innovación para solucionar las necesidades, con su consecuente y posterior difusión y transferencia en las generaciones consecuentes.

El desarrollo comunitario se ha relacionado con el desarrollo sustentable. Ambos Implicaron un paradigma ambiental discrepante: globalizar los hábitos comunitarios o globalizar las tecnologías favorables al medio ambiente. El desarrollo sustentable[6] estuvo estructurado por tres elementos:

Acción sobre el entorno. “Las personas, los grupos y las comunidades transforman el espacio, dejando su impronta e incorporándolo en los procesos cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada. Dotan al espacio de significado individual y social a través de los procesos de interacción.” (Vidal, Pol, Guardia y Peró, 2004: 35).

Identificación simbólica. “Las personas y el grupo se reconocen en el entorno y mediante procesos de categorización del yo, las personas y los grupos se auto atribuyen las cualidades del entorno como definidoras de la propia identidad.” (Vidal, Pol, Guardia y Peró, 2004: 35).

Apropiación del espacio. “Un proceso dialéctico que vincula a las personas con los espacios, dentro de un contexto social, desde los niveles individual, grupal y comunitario hasta el punto de vista de la sociedad.” (Vidal, Pol, Guardia y Peró, 2004: 35).

En el Estado liberal, los tres elementos determinarían una política ambiental sustentable[7] que limitaría tanto los valores egoístas de los individuos, su libertad e igualdad como los valores biosféricos de las comunidades, la identidad y la solidaridad en su interior.

Finalmente, la tercera entidad moderadora del impacto del crecimiento económico de las generaciones actuales sobre las generaciones futuras son los individuos y sus correspondientes percepciones, valores, creencias, motivos, conocimientos, actitudes, habilidades, competencias, conductas y participación estudiados desde la psicología y la economía.

Sin embargo, la afectividad indicada por símbolos, significados y sentidos configura entidades colectivas contrapuestas a las organizaciones. Es decir, los discursos estéticos contrastan con los discursos dominantes que individualizan, legitiman y sustentan el poder principalmente político económico (Fernández, 2004).  

En este sentido, los procesos sustentables se han explicado a partir de dos psicologías: una afectiva y otra cognitiva en las que se establece la relación entre las emociones, los valores, las percepciones, las creencias y las actitudes, así como los motivos, las habilidades, la creatividad, las competencias, las intenciones y los comportamientos deliberados (Amérigo, Aragonés, Sevillano y Cortés, 2005).

De este modo, las variables cognitivas explican la relación entre los determinantes de un proceso sustentable deliberado. En contraste, los factores afectivos describen los procesos sustentables improvisados. Ambos procesos, serían esenciales para llevar a cabo más un desarrollo que un crecimiento sustentable (Ramírez, 2005).

El desarrollo sustentable implicó afectos que activaron cogniciones. Los individuos, los grupos, las sociedades y las culturas exploraron, comprendieron y construyeron descripciones de sí mismas como parte de un entorno omnipotente. Son entidades que conservaron el equilibrio entre sus necesidades y la disponibilidad de los recursos naturales.

En contraste, el crecimiento sustentable se lleva a cabo a partir de la necesidad de controlar los procesos naturales que afectan directa o indirecta, negativa o positiva y significativamente al comportamiento humano. Es así como la explicación, la predicción y la intervención en el entorno son esenciales para la humanidad actual y futura. Este tipo de ciencia explicativa, predictiva y tecnológica-interventora es la suma de cogniciones: razonamientos y planificaciones sistemáticas (Piña, 2005).

En efecto, la humanidad es parte de un entorno, ha explicado más que explorado, y ha modificado más que conservado, los efectos de lo natural sobre lo humano. 

En tal sentido, la relación entre las actuales y las futuras generaciones implica intereses más divergentes que convergentes. Ambas son esenciales tanto para el crecimiento económico como para el desarrollo sustentable de la humanidad. A partir de las situaciones derivadas por el cambio climático, se ha planteado un sistema de desarrollo equilibrado entre lo que en la naturaleza se encuentra disponible para el consumo humano y lo que la humanidad está dispuesta a consumir. Es en este sentido que la alianza entre las generaciones actuales y futuras es indispensable para vislumbrar nuevas formas de desarrollo: Valores, creencias, actitudes, motivos, habilidades, conocimientos, intenciones, creatividad y comportamientos. Igualmente, deben plantearse nuevas formas de crecimiento: Investigación, explotación, transformación, distribución, venta, promoción y consumo de productos y servicios.  

El Desarrollo Sustentable implica la convergencia de los intereses de las actuales y las futuras generaciones para la exploración, descripción, explicación y predicción de un nuevo sistema competitivo y en equilibrio con la disponibilidad de los recursos naturales (Bechtel, Asai, Corral y González, 2006).

Antes bien, las incompatibilidades entre el desarrollo sustentable, el Estado liberal democrático, la justicia social (equilibrio entre libertades e igualdades), los sentimientos de comunidad, el pensamiento políticamente correcto y la intención de contacto develan una problemática de estudio exclusiva de la filosofía política que se podrá extender a las ciencias sociales (Angosto y Martínez, 2004; González, 2004).

La justicia social como indicador de un desarrollo sustentable y un Estado liberal demanda la aportación de áreas especializadas de las ciencias sociales tales como la sociología política, la psicología ambiental, el urbanismo, el derecho ambiental, la economía de la sustentabilidad, la mercadotecnia social y la pedagogía comunitaria. Estas ínterdisciplinas describirían, explicarían y propondrían, junto con la ciencia política y la psicología social, una nueva forma de Estado que desarrolle los fundamentos de la justicia social planteados por la filosofía política.

La justicia social fue debidamente explicada por la filosofía política. Sin embargo, las propuestas de John Rawls necesariamente deberán desarrollarse desde ínterdisciplinas para lograr la reflexividad humana, la solidaridad comunitaria, la moralidad del Estado y el desarrollo sustentable.

Referencias

Amérigo, M., Aragonés, J., Sevillano, V. y Cortés, B. (2005). La estructura de las creencias sobre la problemática medio ambiental. Psicothema. 17, 257-262

Angosto, J. y Martínez, C. (2004). Dimensiones y determinantes de la intención de contacto hacia exogrupos. Revista Interamericana de Psicología. 38, 181-190

Arditi, B. (2004). Trayectoria y potencial político de la idea de sociedad civil. Revista Mexicana de Sociología. 66, 1-21.

Bechtel, R., Asai, M., Corral, V. y González, A. (2006). A cross cultural study of environmental beliefs structures in USA, Japan, México and Peru. International Journal of Psychology. 41, 145-151

Castro, A. (2006). Teorías implícitas del liderazgo, contexto y capacidad de conducción. Análes de Psicología. 22, 88-97

Corral, V. y Pinheiro, J. (2004). Aproximaciones al estudio de la conducta sustentable. Medio Ambiente y Comportamiento Humano. 5, 1-26.

Díaz, M. (2004). Desarrollo Sustentable: pasado, presente y futuro. Ingenierías. 25, 17-23.

Fernández, M. (2006). La Globalización y las claves del nuevo poder red. Entelequia. 1, 65-85.

Fernández, P. (2004). La sociedad mental. Buenos Aires: Anthropos.

Fernández, V., Güemes, M. y Vigil, J. (2006). Estado y desarrollo en los discursos del Banco Mundial. Revista Latinoamericana de Economía. 144, 33-71.

González, P. (2004). Las nuevas ciencias y las humanidades. Barcelona: Antrhopos

Hernández, L. y Remel, S. (2004). Calidad de vida y participación comunitaria: evaluación psicosocial de los proyectos urbanísticos de barrios pobres. Revista Interamericana de Psicología.38, 73-86

Huerta, M. (2005). El Neoliberalismo y la confirmación del Estado subsidiario. Política y Cultura. 24, 121-150.

Leff, E. (2004). Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza. México: Siglo XXI.

Mella, M. (2006). La autonomía del sujeto y la representación política en la actualidad. Entelequia. 1, 127-140.

Montenegro, M. (2004a). Comunidad y bienestar social. En G. Musitu, J. Olaizola, L. Cantera y M. Montenegro (coord.). Introducción a la psicología comunitaria. (pp. 43-71) Barcelona: UOC

Montenegro, M. (2004b). La investigación acción participativa. En G. Musitu, J. Olaizola, L. Cantera y M. Montenegro (coord.). Introducción a la psicología comunitaria. (pp. 135-165) Barcelona: UOC

Murillo, D. (2004). Falacias del Desarrollo Sustentable: una crítica desde la metamorfosis conceptual. Economía, Sociedad y Territorio. 16, 635-656.

Piña, E. (2005). El Desarrollo Sustentable: Aportaciones de la escuela austriaca de economía. Estudios Sociales. 25, 142-161.

Ramírez, H. (2005). El conocimiento como arma competitiva entre empresas. 117-135. En P. Dorantes, E. Espinosa, I. Guillen, F. Martínez, L. Ureña, y C. Valladares (coord.). Análisis, evaluación y perspectiva de la administración. México: UAM. 

Salazar, L. (2004). Para pensar la política. México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Vidal, T., Pol, E., Guardia, J. y Peró, M. (2004). Un modelo de apropiación del espacio mediante ecuaciones estructurales. Medio Ambiente y Comportamiento Humano. 5, 27-52

Zúñiga, C. y Asún, R. (2004). Diseño y validación de una escala de identidad regional. Revista de Psicología Social. 19, 35-49