AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS (ALCA)
CONTENIDOS Y REPERCUSIONES PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (ALC)
- Giovanni E. Reyes, Ph.D.-[1]
Caracas, Marzo de 2002
1. Introducción
2. Contenidos
2.1. Grupos de negociación
2.2. Comités especiales
3. Previsibles repercusiones
4. Políticas y acciones
4.1. Grupos de negociación
4.2. Comités especiales
4.3. Sectores económicos
4.4. Tratados de integración vigentes
4.5. Otros temas a incorporar
1. Introducción
De acuerdo a documentos a los que se ha tenido acceso, a pesar de la notable discreción con la cual al menos en un inicio se condujeron las negociaciones del ALCA -lo que promueve más previsible oposición de la sociedad civil- lo que se busca es establecer básicamente una expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte –TLCAN.[2] Esta generalización del TLCAN o bien la extensión de sus principios básicos implicaría establecer: (i) primero, acuerdos preferenciales de comercio los que permitirían bajar los aranceles o tarifas dentro de los países miembros; y (ii) segundo, establecer la zona de libre comercio.[3]
Lo que se vislumbra es que los acuerdos extenderían el alcance del libre comercio a nuevos sectores sobre la base de las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio –OMC. La declaración original en donde se menciona la creación del ALCA, subscrita en Miami, en diciembre de 1994, incluía, como principios básicos y objetivos, los siguientes:
(a) Integración económica del hemisferio;
(b) fomento de la integración de mercados de capital;
(c) coherencia en relación con la Organización Mundial de Comercio;
(d) eliminación de barreras comerciales arancelarias y no arancelarias;
(e) eliminación de subsidios para exportaciones agrícolas;
(f) eliminación de barreras para inversiones extranjeras;
(g) marco jurídico para proteger a inversionistas y sus inversiones;
(h) medidas para mejorar las compras del sector público; e
(i) nuevas negociaciones para la inclusión de servicios.
Es de tomar en cuenta que hay temas preocupantes para ALC y el proceso de desarrollo que no están incluidos de manera específica, tales como medioambiente, derechos de los trabajadores y papel del estado. Se consideró que estos temas son muy importantes, producto de lo cual en el capítulo sobre elementos para posibles políticas se incluyen consideraciones sobre ellos, no obstante no formar parte del contenido de los grupos de negociación o comités especiales.
Las implicaciones generales más favorables para ALC consistirían en que:
(a) Estados Unidos y Canadá abrieran efectivamente sus mercados a los productos de mayor competitividad que se producen en la región. Esto es particularmente importante si se desean aprovechar las ventajas comparativas de los diferentes países. En este tema es vital el incluir a productos agrícolas, textiles y de manufacturación que tienen barreras arancelarias y no arancelarias en los mercados del norte;
(b) El ALCA no se convirtiera en un freno para las políticas de desarrollo económico en general y de innovación tecnológica en particular dentro de las naciones latinoamericanas. Si la apertura al comercio es clave en generar un aprovechamiento de las ventajas comparativas de los países, el aspecto aquí mencionado es indispensable para promover y vigorizar, incluso dentro de los mecanismos de mercado, las ventajas competitivas de las diferentes sociedades. No hacerlo equivaldría a perpetuar condiciones en las cuales la región continuara ofreciendo únicamente la “competitividad” de mano de obra barata, poca observancia sobre problemas de contaminación y el uso no sostenido de sus sistemas naturales;
(c) El ALCA no entorpezca los esfuerzos por ampliar los mercados internos de los países, ni al desarrollo científico y tecnológico.[4] Este es un tema muy importante. El ALCA no debe ser el fin a alcanzar sino un instrumento para el desarrollo de las sociedades y para mejorar el nivel de vida. En la medida que los acuerdos sirvan para una mejor inserción de en los circuitos económicos internacionales, sirvan para promover acceso a recursos financieros productivos, y se promueva una mayor demanda efectiva por la población, en un contexto de desarrollo sostenible, se pueden generar escenarios para la mejora en los niveles de vida. Así como los mercados internacionales son un motor para el crecimiento, los mismos no se oponen ni mucho menos a no considerar al mercado interno como un motor del desarrollo económico y social. Con esto último se fortalecerían las condiciones mediante las cuales los diferentes grupos sociales pueden aspirar a una mejora en sus ingresos, se lograrían ampliar las oportunidades para los grupos sociales, especialmente para aquellos más vulnerables. Las condiciones de mercado serían quienes permitirían la asignación más efectiva de los recursos en tanto se eliminan las trabas burocráticas en la gestión institucional. [5]
(d) Los esfuerzos de integración regional dentro de los estados miembros de AMLYC, no sean detenidos por el ALCA. Este punto trata de subrayar la necesidad de que los países de la subregión continúen en sus esfuerzos por promover una integración efectiva, con apoyos recíprocos especialmente en las áreas de
(i) la complementariedad comercial y de intercambios generales;
(ii) cooperación en los esfuerzos de estabilidad en los problemas monetarios;
(iii) promoción del financiamiento para el desarrollo; el ALCA establece una relación que debe crear comercio, más que desviar los intercambios, pero aún así, no es la culminación del esfuerzo integrador.
El esfuerzo debe ser alcanzado básicamente entre los países de ALC dado que, entre otras razones, sus niveles de desarrollo no son tan dispares como los que existen entre ellos y Estados Unidos y Canadá. En este punto los países de ALC debe manifestar oportunamente y constantemente un asumir de sus propias responsabilidades en función de una búsqueda de mecanismos de desarrollo conjunto.[6]
2. Contenidos
en Grupos de Negociación y Comités Especiales: Perspectiva de contenidos y efectos
2.1 Grupos de Negociación
(a) Acceso a Mercados
El mandato de este grupo se refiere a seleccionar una metodología y un cronograma para la eliminación de aranceles y las barreras no arancelarias. Se requiere también que se establezca un programa de acciones para implementar este mandato.
Debe notarse aquí que el gran riesgo y una herramienta o instrumento que puede fácilmente utilizarse con fines políticos es la de las barreras no arancelarias. Prácticamente estas barreras comprenden todo lo que hacen los gobiernos, incluso la prestación de los servicios y la protección de la salud y la seguridad de los ciudadanos.
Es de prever que el mayor poder para ejecutar medidas no arancelarias vendría de las naciones de mayor poder económico. Si una nación pequeña establece un arancel por si sola, se expondría fácilmente a represalias comerciales, como ha sido el caso en varias ocasiones.[7]
Estas disposiciones expandirían los alcances del acceso a mercados con repercusiones importantes. Se incluiría por ejemplo, que los bienes importados provenientes de otro país del ALCA deberían ser tratados no menos favorablemente que los bienes nacionales. No obstante, el tratamiento nacional que se tiene en el TLCAN no se extiende a las compras del sector público o a subsidios nacionales, y se le aplica a los servicios de manera limitada.
Un tratamiento específico y una cláusula de salvaguarda al respecto podría permitir proteger a ciertos programas nacionales en caso de que se les cuestione el tratamiento nacional. En este aspecto como en la mayor parte de las disposicones, el establecimiento de la institucionalidad legal que ventilara las querellas judiciales es clave. En esto, los gobiernos y/o las corporaciones multinacionales o transnacionales que dispusieran de los recursos más abundantes tendrían acceso a los abogados que les fueran más eficazmente favorables (juicio legal estricto) y a medios de publicidad para presentar sus casos (consideración del caso ante la opinión pública).
En estas condiciones la tendencia es que las reglas de acceso a los mercados tendrán una cobertura más amplia en los servicios. Esto puede afectar como se teme en varios aspectos de los posibles contenidos del ALCA, el funcionamiento y operativización de instituciones públicas. Se verían afectadas de manera restrictiva, por ejemplo, las compras que hacen los gobiernos con el fin de proteger a proveedores locales, dado el mandato de expansión de las disposiciones a compras del sector público.
Otra de las tareas que este grupo puede abordar es el de la eliminación de las barreras técnicas del comercio, las cuales tienen una relación directa con el tratamiento de problemas del medio ambiente. De conformidad con los lineamientos de la OMC, el acuerdo sobre las barreras técnicas al comercio es un régimen internacional para armonizar las normas aplicables al medio ambiente y otros sectores que efectivamente crean un techo y no un mínimo para la reglamentación concreta sobre este tema.
Según este acuerdo, una nación al ser cuestionada debe demostrar que sus normas ambientales y de seguridad son necesarias y requieren de medios menos restrictivos desde el punto de vista comercial, a fin de lograr las metas en materia de conservación, seguridad alimentaria o de normas sanitarias. Una de las mayores dificultades en este punto consiste en determinar la capacidad de cumplimiento, en recursos financieros y técnicos con lo que podría establecerse, por parte de las naciones especialmente aquellas que tienen mercados más reducidos y un contexto institucional más débil.
De nuevo, el riesgo más evidente aquí es que se tome la decisión de establecer condiciones en pro de un relajamiento en las disposiciones ambientales y laborales, o abordar procesos judicialmente complicados, por demás prolongados y de resultados inciertos.
(b) Agricultura
El mandato del grupo de negociación de agricultura es eliminar los subsidios de exportación agropecuaria que afectan al comercio en el hemisferio, sobre la base del acuerdo sobre agricultura (AOA) de la OMC. Se trataría también de disciplinar otras prácticas agrícolas que distorsionan el comercio, y garantizar que las medidas sanitarias y fitosanitarias no se utilicen como una barrera oculta al comercio, utilizando al acuerdo de la OMC como modelo.
Las implicaciones aquí apuntarían a las restricciones que están relacionadas con el apoyo a los agricultores, la capacidad de mantener reservas de alimentos, el establecimiento de medidas para seguridad alimentaria y de suministro de alimentos.
Las disposiciones que se tienen en el TLCAN no impondrían normas específicas. Los países estarían facultados para poner en práctica las normas sanitarias y fitosanitarias (SPS) de la OMC. Mientras el TLCAN promueve a las partes para que armonicen sus medidas sobre la base de normas internacionales pertinentes, la OMC tiene como meta retirar el poder de decisión de los gobiernos nacionales con respecto a salud, alimentación y seguridad, y otorgárselo a entidades normalizadoras internacionales como Codex Alimentarius, un grupo élite de científicos con sede en Ginebra, controlado mayormente por las grandes empresas agroalimentarias.[8]
Una de las mayores dificultades que pueden ofrecer las disposiciones en agricultura es acrecentar la dependencia de las grandes industrias agroalimentarias y de Estados Unidos en materia de aprovisionamiento de alimentos básicos. Por ejemplo, durante los primeros tres años del TLCAN, las exportaciones de maíz desde Estados Unidos se incrementaron de 75 millones de dólares a 1,000 millones de dólares. De conformidad con la interpretación rápida de leyes económicas esto puede entenderse como un apoyo con mayor cantidad del grano y precios más baratos que ayudan a los consumidores, pero tal y como lo presenta Sara Anderson, hay otras implicaciones importantes.[9]
El resultado ha sido que los campesinos han abandonado sus tierras. Con anterioridad estos campesinos eran capaces de alimentar a sus familias y de proporcionar bienes y servicios, aunque en cantidades familiares marginales, si se contribuía al abastecimiento al mercado nacional.[10] Estas repercusiones hacen aumentar los niveles de pobreza en México. Se estimaba que en 1994 la mitad de la población subsistía en condiciones de pobreza. En 1999 esa cantidad habría alcanzado a dos terceras partes de los mexicanos.
Este aumento de desposeídos y marginados presiona por un aumento constante y significativo en los flujos migratorios especialmente a Estados Unidos. Esto último hace que los costos de los controles migratorios en las fronteras se aumenten. Tomando en cuenta que los volúmenes de exportación han aumentado, el congreso estadounidense amenaza con disminuir los subsidios y apoyos a los agricultores en ese país. Lo que deja a estos productores a merced de las volátiles condiciones mercantiles y da mayor poder a las grandes transnacionales de aprovisionamiento de alimentos. Estas corporaciones también presionarían para que se instalen y expandan los compromisos de “libertad de mercado” que terminan siendo el condicionamiento de mercados oligopólicos.
(c) Compras del Sector Público
El mandato del grupo de este grupo se refiere a ampliar el acceso a los mercados para las compras del sector público de los países del ALCA. Esto se lograría mediante un marco normativo que asegure la apertura y la transparencia en los procedimientos de las compras del sector público, que asegure la no discriminación en las compras y un examen imparcial y justo para la resolución de los reclamos y apelaciones.
Las disposiciones aquí, nuevamente, pueden desembocar rápidamente en poner más restricciones a las instituciones públicas en la promoción de la economía nacional. Las medidas a adoptar incluirían a aquellas que favorecen a proveedores locales o nacionales. Mientras que las normas de la OMC no indican explícitamente la ejecución de reglas de acceso a mercados o tratamiento nacional en la compra de bienes y servicios, las normativas del ALCA si lo pueden estipular.
Esto último correspondería a abrir todos los contratos, servicios, y bienes de gobierno a licitaciones en las que pueden participar todas las empresas o países del ALCA. Al parecer existe evidencia de que este grupo ha solicitado un inventario de los sistemas de clasificación internacionales al respecto, así como estadísticas respecto a las compras que efectúan los gobiernos.
Sería de esperar que en aquellas áreas que representaran una inversión o gasto
de capitales más significativos, las empresas de mayor capacidad puedan presentarse a
licitación y obtener los contratos. No es
algo desdeñable desde el punto de vista económico y que se encuentra en consonancia con
el aprovechamiento de capacidad instalada, manejo técnico y economías de escala. El problema nuevamente es si estas medidas
repercuten o no en la ampliación de la demanda agregada dentro de los mercados nacionales
o si conllevan más egresos incluso al exterior de los recursos nacionales o de
empréstitos. Los que en muchos casos crean
más vulnerabilidad y sólo permiten márgenes de maniobra económica en términos
coyunturales.
(d) Derechos de Propiedad Intelectual.
El mandato del grupo de propiedad intelectual es el de reducir las distorsiones del comercio hemisférico y promover y asegurar una adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual. La categoría de propiedad intelectual aquí designa esencialmente a las patentes, las cuales otorgan un título de propiedad exclusivo. Generalmente se extiende este derecho exclusivo por las empresas a otros países signatarios del acuerdo.
Este aspecto ha contado con mucha de la consideración y trabajo de las naciones más desarrolladas. Es en ellas en donde de una manera abrumadora se realiza la mayor parte de la investigación científica. Aunque en esos países el peso de las actividades del estado es aún considerable, muchas de las patentes y de la investigación se encuentra en poder de grandes empresas transnacionales o multinacionales, quienes son las dueñas de las patentes. Varias de esas corporaciones tienen un volumen de ventas muy superior al producto geográfico bruto de varias naciones en ALC y el mundo.[11]
Relacionado con este aspecto se sabe que a partir del 1 de enero del 2000, muchos países de ALC están sujetos a las reglas del acuerdo sobre aspectos de derechos de propiedad intelectual con el comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés). Se trata de un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio. Se considera que el TRIPS tiende a favorecer en protección y compensación a las empresas privadas, y no necesariamente a los individuos más creativos de la sociedad, especialmente en las condiciones de muchos países latinoamericanos en donde los estados de derecho tienen instituciones no totalmente consolidadas y los regímenes legales adolecen de deficiencias.
Uno de los aspectos importantes de los TRIPS es que privatizan y pueden permitir la monopolización de productos derivados de la biodiversidad. Bajo el amparo de estas provisiones, las corporaciones tienen derecho a patentar productos, procesos y material orgánico en el campo de la biotecnología y medicina. Esto abre toda la controversia de por ejemplo medicamentos en función de enfermedades mortales para las que no existe cura.[12] En cuanto a la biodiversidad, siempre ha sido tratada como propiedad de la comunidad. Los problemas que se pueden crear serían múltiples si por ejemplo una transnacional de semillas (Monsanto, para citar un caso) señala que una comunidad viola sus derechos por la utilización secuencial de una semilla en cosechas sucesivas.[13]
La firma de los países de ALC respecto a TRIPS ocurrió a pesar de los esfuerzos de varios grupos regionales que defienden la soberanía y el derecho comunitario a su conocimiento tradicional y su diversidad biológica. Debe tomarse en cuenta que América Latina tiene dos centros, de los ocho que hay en el mundo, respecto a la diversidad biótica, uno entre Guatemala y México (tierras altas centroamericanas) y el otro en la frontera entre Perú y Bolivia. TRIPS facilita de manera más rigurosa los derechos y propiedad de empresas monopólicas u oligopólicas.
(e) Inversión
Este grupo tiene el mandato de establecer un marco legal justo y transparente para promover las inversiones mediante la creación de un entorno estable y previsible que proteja al inversionista, sus inversiones y flujos relacionados, sin crear obstáculos para las inversiones provenientes del exterior del hemisferio.
El mandato de este grupo es particularmente importante. Nótese que conllevaría un peligrosísimo riesgo: el de hacer que prácticamente la estructura institucional estuviese al servicio de los capitales de inversión. De manera que pareciera que el objetivo es promover el beneficio de los inversores casi a cualquier costo. Si este es el espíritu y esto es lo que se lleva a la práctica, se sacrificarían en función de ello otros intereses tales como el desarrollo nacional, la sustentabilidad del manejo de los sistemas naturales, los derechos de trabajadores, e incluso muchas de las políticas macroeconómicas si es que las mismas constituyen “obstáculos” para las inversiones.
Según lo expresa el analista Barry Appleton, “este es el espíritu del TLCAN”. De ser así se confirmarían muchas de las críticas más drásticas contra el librecambismo comercial, el poder de las transnacionales y la defensa de sus estrechos intereses inmediatistas. Se trataría de poner en ejecución el controversial Capítulo 11 del TLCAN, el cual podría permitir que intereses privados de empresas, corporaciones o de sectores productivos tengan prioridad por encima de los gobiernos.[14]
Se considera que el grupo de negociación sobre inversiones ha incluido otros aspectos que dan una mayor cobertura al mandato de este grupo. Estas otras disposiciones estarían encaminadas a:
· Definiciones básicas de inversión e inversionista;
· alcance de aplicación de las cláusulas de inversión;
· tratamiento nacional en el sentido de que ningún país puede discriminar a favor de su sector nacional;
· tratamiento de nación más favorecida, es decir que el acceso que se otorgaría a inversionistas de un país miembro de ALCA deberá otorgársele a inversionistas de todos las naciones miembros de ALCA;
· expropiación e indemnización por pérdidas, esto podría muy bien provocar que un inversionista o empresa puede reclamar indemnización financiera por ganancias y negocios que se pierdan debido a la creación o establecimiento de reglamentos, leyes ambientales, por parte del gobierno participante;
· movimientos de personal clave, lo que podría permitir a empresas o corporaciones trasladar a su personal más importante sin mayores restricciones de los procesos de migración;
· requisitos de desempeño;
· solución de controversias, en este punto el temor sería que un grupo de expertos o técnicos pudiera declarar como no pertinentes disposiciones reglamentarias. Con base en ello una empresa podría reclamar pago de indemnizaciones.
En general los críticos más persistentes del ALCA temen que esta sea la forma de como se introduciría en la región el funcionamiento del Acuerdo Multilateral de Inversiones. Este acuerdo fue propuesto por la OCDE, pero fue abandonado por protestas de la sociedad civil. El planteamiento habría consistido básicamente en colocar muchos de los intereses de las inversiones por encima de disposiciones de las instituciones públicas.
(f) Políticas de Competencia
La medida aparentemente es congruente con buscar que los mecanismos de mercado sean los que determinen la colocación y uso de los recursos. Esos mecanismos deben operar en condiciones de competencia. El problema es que las medidas de este grupo pueden terminar operando contra la fortaleza que en determinado momento pudieran tener empresas nacionales o regionales. La medida atentaría más contra ellas, dada la vulnerabilidad en cuanto a costos, cobertura y economías de escala que pudieran implementar, que contra monopolios u oligopolios que están conformados por las grandes corporaciones transnacionales. Por otra parte estas grandes empresas teniendo mayores recursos pueden mostrar mayores influencias y protección para sus intereses. Esta protección a las corporaciones multinacionales se podría ver complementado con las disposiciones acerca de los derechos intelectuales (TRIPS), y los acuerdos de servicios financieros.[15]
(g) Servicios
El mandato de este grupo es amplio. El mismo se refiere a establecer disciplinas para liberalizar progresivamente el comercio de servicios, de modo que permita alcanzar un área hemisférica de libre comercio, en condiciones de certidumbre y transparencia y desarrollar un marco que incorpore derechos y obligaciones en servicios de alcance integral.
La intención aquí se evidencia en términos de hacer compatibles los logros de este grupo de negociación con lo que es el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS). Este acuerdo se está negociando en la actualidad en la Organización Mundial de Comercio –OMC. Se espera que un acuerdo general entre Europa, Estados Unidos y Canadá pueda lograrse para diciembre de 2002. La modalidad que se sigue aquí es la de lograr un acuerdo tipo “marco multilateral”. Con base en ello se definiría primero un campo amplio de alcances y luego se podrían ir agregando nuevos sectores y reglas mediante negociaciones específicas.
Las finalidades del GATS y la puesta en ejecución acerca de los acuerdos a que se llegue pueden limitar drásticamente las acciones de los gobiernos. Específicamente se podrían ver limitadas las sanciones jurídicas respecto a prácticas comerciales o de prestación de servicios ejecutadas a tenor de lo establecido por la OMC. Se tendría una restricción en la dotación de servicios por parte de los gobiernos, posibilitando que sean empresas privadas las que los provean. Las áreas incluirían sanidad, cuidado hospitalario, atención domiciliaria, odontología, educación en los diferentes niveles, museos, cárceles, bibliotecas, servicios jurídicos, energía, servicios hídricos, de protección ambiental, propiedad inmobiliaria, seguros, servicios postales, transporte y medios de comunicación social.
El acuerdo establecería una cobertura universal de los sectores de servicios. Con base en ello, los gobiernos podrían establecer regulaciones, pero las mismas deberían ser compatibles con las disciplinas establecidas en el ALCA. Se incluirían al respecto los elementos siguientes:
· cobertura sectorial;
· tratamiento de nación mas favorecida (el acceso otorgado a inversionistas o empresas de un país del ALCA deberá ser otorgado a inversionistas o empresas de todos los demás países del ALCA);
· tratamiento nacional (deberá darse a los inversionistas o empresas de todos los países del ALCA el mismo tratamiento que se da a los proveedores de servicios nacionales o locales);
· acceso a mercados (disciplinas adicionales en relación con medidas que restringen la habilidad de los proveedores de servicio para ingresar en mercados);
· transparencia (que hagan de conocimiento público todas las medidas pertinentes que podrían incluir, entre otros aspectos, nuevas leyes, reglamentos, directrices administrativas y acuerdos internacionales adoptados por todos los servicios de gobierno que afecten al comercio de servicios);
· denegación de servicios (los miembros del ALCA contarán con la capacidad para denegar los beneficios del acuerdo de servicios a un proveedor que no cumpla con los criterios establecidos. Los criterios incluirán propiedad, control, residencia y actividades empresariales substanciales).
De incluirse los derechos de tratamiento nacional en el ALCA, prácticamente la
totalidad de servicios públicos de los gobiernos podrían quedar abiertos a la
competencia de servicios prestados por empresas extranjeras con fines de lucro. Se limitaría además, el apoyo que los gobiernos
pudieran dar a empresas nacionales que puedan prestar los servicios.
No se trata aquí de invalidar lo que aparece como la mayor capacidad de ejecución y flexibilidad de la empresa privada ni de los mecanismos de mercado en cuanto a asignar recursos. Ni se trata tampoco de ignorar los notables problemas de burocracia e incompetencia que muchas ocurren en entidades públicas. Los problemas en última instancia, ocurren por la misma naturaleza de las unidades de producción. Las empresas privadas están diseñadas para hacer máximas las utilidades. Se produce para quien posea demanda efectiva en el mercado, quien tenga la capacidad económica de tener acceso a los satisfactores. Si alguien no posee esa capacidad, no tiene acceso a los mecanismos de mercado y no puede adquirir los bienes o servicio.
A eso debe agregarse el concepto de que los precios para que funcionen en el modelo de mercado deben corresponder a condiciones de libre competencia (en esas condiciones los precios se igualarán a los costos marginales y las empresas pueden dar cobertura a mayor demanda). Si las condiciones son de oligopolio o monopolio, los precios se tenderán a elevar (el precio aquí tenderá a tener más relación con los ingresos marginales, elevando su cuantía y limitando las demandas efectivas). En muchos de los casos de los servicios públicos y en casos de bienes públicos y no privados, se dan las condiciones para que ocurran monopolios naturales.[16]
(h) Solución
de Controversias.
El objetivo de este grupo es establecer un mecanismo justo, trasparente y eficaz para la solución de controversias entre los países del ALCA. Además se propone diseñar medios para facilitar y fomentar el uso del arbitraje y otros medios alternativos de solución de diferencias para resolver controversias privadas en el marco del ALCA.
El mandado del grupo incluiría además, tomar en cuenta, entre otros, el entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de controversias de la OMC. En ese caso los mecanismos, de seguirse, se asemejarían más a los que prevalecen en la OMC que en el TLCAN, para la resolución de controversias.
En el TLCAN, no se imponen un conjunto regulado de leyes y disposiciones sobre el comercio. Los paneles de solución de disputas actúan con base en las leyes existentes en los países importadores. Si un país pierde una disputa debe aceptar el fallo del panel de solución y pagar “indemnizaciones adecuadas” a la contraparte, el otro gobierno. De lo contrario se expondría a que fuera objeto de represalias en función de “beneficios equivalentes”.
En la OMC, los paneles lo que tratan de identificar en un sentido particular es si las prácticas que emplean los estados constituyen o no un obstáculo para el libre comercio. Se invalida la práctica que se lleva a cabo, si ese es el caso. En el sentido de deliberación de la OMC, un país que generalmente actúa en función de los intereses de empresas, puede cuestionar y llevar al alegato de la discrepancia, las leyes y disposiciones de la otra nación.
En caso de pérdida un país tiene tres alternativas: (a) pagar indemnizaciones al país ganador; (b) cambiar la legislación de manera que corresponda con las disposiciones de la OMC; o bien (c) ser sujeto de las sanciones comerciales que imponga el país ganador.
Uno de los riesgos claros aquí es el dominio de los Estados Unidos en materia de disputas y de representación de grandes corporaciones. Ese papel lo ha jugado contra Europa en cuanto al problema de las cuotas bananeras y las prácticas de discriminación de importación de la fruta de los países de América Latina. El caso aquí es que Europa y Estados Unidos mantienen una relación de interdependencia y las represalias pueden ser recíprocas. Una situación distinta es enfrentar a Estados Unidos con Francia o Alemania que hacerlo con Haití, o con alguna de las numerosas economías reducidas en AMLYC.
Por otra parte las conclusiones de los paneles de expertos, en el caso de que favorecieran a un país pequeño, no tienen la garantía de cumplimiento. No existen mecanismos de cohercitividad en el sentido de hacer imponer a un país poderoso, Estados Unidos o Canadá, una decisión. ¿Qué sanciones le puede imponer un país como Haití, Nicaragua, El Salvador o Guatemala, a la economía estadounidense? Las decisiones pueden quedarse en el limbo de lo escrito, careciendo además, de un peso estrictamente legal.[17]
Además deberá tomarse en cuenta la vulnerabilidad de los países en cuanto a los efectos que pueden tener las sanciones. Los países de economías más grandes estarían más a resguardo.[18] Los países de economías pequeñas y dependientes de la exportación de unos pocos productos pueden llegar a tener consecuencias devastadoras de un fallo en su contra. Esto lleva también a otro punto: lo más probable, y esa ha sido la evidencia empírica en la OMC, es que sean las naciones más poderosas las que emprendan los alegatos.[19]
(i) Subsidios, Antidumping y
Derechos Compensatorios.
El mandato de este grupo cubre dos aspectos básicos:
(a) Examinar maneras de profundizar, si correspondiera, las disciplinas existentes que figuran en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, y lograr un mayor cumplimiento de las disposiciones de dicho acuerdo de la OMC;
(b) Llegar a un entendimiento común con miras a mejorar, cuando sea posible, las reglas y procedimientos relativos a la operación y aplicación de las legislaciones sobre dumping y subvenciones, a fin de no crear obstáculos injustificados al comercio en el hemisferio.
Este punto claramente deja en ambigüedad lo que se puede y no se puede desarrollar. Establece notables condicionantes, lo atajos acostumbrados para interpretaciones notariales y de abogacía: si correspondiera, cuando sea posible. Con ello, la voluntad política y la disposición de las partes juega un papel medular en el avance o no avance en la formulación de los acuerdos. En todo caso este punto afecta más a los países más poderosos que están en la capacidad de establecer medidas dumping, o en subsidiar amplios programas productivos.
En términos económicos el subsidio y las medidas dumping podrían verse como beneficios al consumidor. Se trata de que en última instancia los consumidores de una sociedad, se benefician de los subsidios que los habitantes de otros países dan a sus productores. O en otro caso, de los precios más ventajosos que se pueden tener (aún bajo los costos de producción).
Los problemas se derivarían de dos aspectos:
(a) generalmente esos bajos precios no son permanentes; una vez que los competidores han sucumbido a las prácticas del dumping, se establecen condiciones de monopolio u oligopolio; precisamente las condiciones que contravienen las normas de la libre competencia; y
(b) lo que está en juego desde el punto de vista de la economía política es la vulnerabilidad de los países. Entre una nación que es proveedora de alimentos y la otra que vende frutas exóticas o flores, como exportaciones, es claro que quien controla los alimentos tiene un instrumento no sólo económico, sino también un medio que se puede utilizar como presión política.
El aspecto mediante el cual la OMC establece límites y prerrogativas entre lo que puede ser sujeto de subsidio o no, ha sido un tema que se ha considerado por muchos países en desarrollo como un favor a las naciones más desarrolladas. Complementariamente el artículo XXI de la OMC eximiría de cobertura en estos aspectos a las actividades militares. Esto puede desembocar en subsidios masivos a una determinada empresa o línea de producción o distribución, en nombre de la “seguridad nacional” de los estados. Esto de paso, protege a las industrias bélicas de cuestionamientos en la OMC. Estas condiciones otorgan una notable ventaja competitiva a las naciones con industrias armamentistas poderosas.
2.2. Comités Especiales
(a) Comercio Electrónico
Es importante el tema si se toma en cuenta lo que parece ser ahora el crecimiento exponencial del comercio electrónico. Se considera que en el 2000 las ventas por internet en Estados Unidos habrían llegado a cerca de 30,000 millones de dólares, un aumento de 75 por ciento sobre las cifras del año anterior. Para el 2005 el comercio electrónico podría cubrir una cuarta parte del total de comercio.[20]
Este crecimiento del comercio electrónico lo caracteriza
por ser un sector emergente que promete gran dinamismo en su desarrollo. Se considera que la comunidad mundial de abonados a
Internet conoce un crecimiento exponencial y representa actualmente el 26% de la
población de Estados Unidos, pero menos del 1% del conjunto de los países en desarrollo.
Se considera que el número de utilizadores de Internet, estimado en 142 millones en 1998,
debería ser al menos de 420 millones en 2003.
La competencia
especialmente intensa ocurriría entre empresas estadounidenses, europeas y japonesas por
controlar las redes. Los países en desarrollo y sus empresas, salvo alguna excepción,
están por completo al margen de esta nueva fuente de riquezas. Esto se relaciona a una poca capacidad de decisión
e influencia de parte de las naciones en desarrollo, especialmente las más pequeñas. Con el afán de atraer capitales, este tema sería
considerado como marginal y de muy poca influencia en las sociedades de los países del
Gran Caribe.[21]
La perspectiva de desarrollo del mandato de este grupo consistiría en evitar cualquier impuesto al comercio electrónico. Este tipo de impuestos junto al que se propone para las transacciones financieras (impuesto Tobin) han tenido cierto debate en algunos círculos de Estados Unidos y Europa. Muchos de los grupos que se pronuncian por controlar más a nivel de estados los procesos de la globalización se inclinan por este tipo de mandatos. Con ellos el poder de los gobiernos como instancias promotoras del desarrollo y representativas de la sociedad tendría un mayor papel.
El impuesto Tobin, denominado así en referencia a James Tobin –Premio Nobel de Economía en 1981- consitiría en la aplicación de un impuesto de 0.25 por ciento en los intercambios financieros mundiales. Se pretende con ello dar cierta estabilidad al sistema financiero mundial, a la vez que las naciones podrían tener espacio para la conducción de políticas fiscales y monetarias.
Se estima que este impuesto, en esta tasa propuesta se traduciría en una recolección de unos 250,000 millones de dólares por año, lo que se podría destinar para impulso del desarrollo en las naciones más necesitadas. La ayuda para el desarrollo, según cifras de la OCED se ha reducido en 15 por ciento en la última mitad de la década de los noventas.[22]
(b) Economías más Pequeñas
Este comité especial surgió a raíz de reconocerse las asimetrías entre las economías de ALC. Lo que se propondría alcanzar es un plan a fin de crear oportunidades para la participación total de las economías más pequeñas y aumentar su nivel de desarrollo.
La finalidad de establecer algunos “gradientes” de acción es importante, pero se trata de una labor muy complicada. En cierta forma, algo parecido ha tenido que hacer la Unión Europea al hablar de la Europa de “dos velocidades”. Las naciones con economías más dinámicas y desarrolladas establecieron un modelo de cooperación con los países de mercados internos más reducidos. Esto último abarcó a Irlanda, España, Portugal, Grecia y hasta cierto punto a la zona sur de Italia. La iniciativa europea ha permitido establecer condiciones especialmente de infraestructura productiva que sean capaces de promover una competencia en el mercado con las naciones más desarrolladas, tal el caso de Francia y Alemania.
Para establecer este plan para las economías pequeñas se requiere de mucha voluntad política y cuidado en que las medidas no vayan a distorsionar el dramático empuje pragmático que se sospecha tiene la iniciativa completa del ALCA: abrir mercados de parte de las economías de AMLCY, liberar flujos financieros y recortar acciones del estado. En ese sentido sería poco lo que se podría hacer en economías cuyas poblaciones tienen bajo poder de compra. Otro aspecto para la operativización sería la demarcación de lo que son pequeñas economías. ¿Se considerarían allí las economías medianas pequeñas (Uruguay, Ecuador, Guatemala y República Dominicana)?
Si el criterio es la carencia de poder de compra, o el poco desarrollo de mecanismos de mercado, una característica que surgiría es la consideración de quienes viven en condiciones de pobreza en los países. Esta aproximación sería más rigurosa si lo que se desea es ampliar los mercados internos, promover más la demanda efectiva de la población, disminuir el número de personas viviendo en marginalidad, y favorecer un clima de más oportunidades para la gente. Con esas ideas como finalidades si se generarían condicionantes que pueden sustentar con mayor consistencia los mecanismos de mercado, dentro y entre los países.[23]
(c) Sociedad Civil
El propósito de ese comité especial sería el de tomar en cuenta la participación de la sociedad civil. Ha sido evidente en muchos casos -especialmente en los países más desarrollados, en donde la sociedad civil tiene mayores posibilidades de organizarse debido a que no existen los niveles de represión que han tenido lugar en algunos países de AMLYC- que existe una notable presencia contra los acuerdos de liberación de comercio y desmantelamiento de la capacidad de los estados.
En ALC en donde los partidos políticos no son exactamente instancias de intermediación social, en el sentido de representar con permanente autenticidad intereses de muchos sectores sociales, surgen asociaciones de diverso índole. Aquellas que tienen sus intereses más en los aspectos comerciales, industriales, financieros y en general de los círculos empresariales es muy probable que tengan representación en las decisiones del ALCA. Se trata por lo general de grupos influyentes a nivel de los formuladores de la política pública y con presencia en los parlamentos.
No obstante, los grupos de trabajadores, pobladores y consumidores no tienen una presencia importante, en general, en los círculos de toma de decisión. Estos sectores son importantes dentro de la sociedad civil. Tal y como se encuentran en las condiciones actuales no han podido tener mucha protección a sus intereses.[24] No tomar en cuenta a los sectores de representación más amplia de la sociedad civil es hacer que los acuerdos puedan tener la legalidad estricta, pero no el apoyo ni la legitimidad concreta que les puede dar el respaldo de grupos amplios de la población.
3. Previsibles
Repercusiones Económicas, Sociales e Institucionales
Una de las más importantes repercusiones del ALCA sería el contar con la efectiva apertura de mercados de Estados Unidos y con un mayor acceso a capitales productivos que aumentaran la formación de capital fijo. Esto sí podría favorecer la creación de condiciones para que el incremento de producción, el crecimiento económico no se tradujera en un mayor número de personas viviendo en condiciones marginales.
Un sentido crítico del ALCA, que no deja de tener bases de proyección al observar muchos de los efectos del TLCAN en México, apuntaría a resaltar que uno de los efectos sociales sería la expansión de empleo manteniendo la pobreza. Se refiere aquí a la previsible expansión de zonas francas de producción mayormente conformadas por un parque industrial de maquiladoras. Estas industrias de ensamblaje reportan poco efecto en la ampliación del mercado interno.
Sin embargo es de reconocer que hasta ahora la elites políticas y económica no han podido establecer un programa constante de desarrollo. Los defensores de este impacto del ALCA argumentarían que es cierto la expansión de este empleo barato, pero que al final es algo mejor que las actuales condiciones de miseria y violencia endémica que se vive especialmente en las zonas más pobres de los países Centro Americanos y del Caribe.[25]
Se reconoce que la búsqueda de los capitales productivos debe reconocer el impacto que tiene el gran dinamismo del sector financiero internacional. El volumen de la economía financiera es 50 veces superior al de la economía real y sus principales actores -los fondos de pensión estadounidenses, británicos y japoneses- dominan los mercados financieros. Ante ellos, el peso de naciones como las pequeñas economías del Gran Caribe, resulta muy poco significativo.
Acrecentar los “costos sociales” sociales de las privatización repercutiría en una menor capacidad de los estados y el entorno institucional en la sub-región. Cada vez más países que han vendido sus empresas públicas al sector privado internacional se han convertido de hecho en propiedad de los grupos multinacionales, que actualmente dominan sectores enteros de la economía del sur. En ocasiones pueden servirse de los estados locales para ejercer presión sobre los foros internacionales y obtener las decisiones políticas más favorables a su papel preponderante en lo global.
Todo esto se reconocería aún cuando también conviene señalar que casi siempre, con la excepción de México, la capacidad de los estados ha sido muy reducida en las naciones del Gran Caribe. De allí que no haya demasiado espacio para privatizaciones.
Los efectos económicos sociales e institucionales del ALCA estarán relacionados con la correspondencia entre estabilidad macro y el potencial de mejora de niveles de vida en indicadores concretos. Es imprescindible tener presente que las estabilidades macroeconómicas de las naciones deben traducirse en beneficios para los grupos más vulnerables y no sólo en escenarios para acción de capitales.
Las políticas de ajuste estructural impuestas a los países en desarrollo desde los años 80 han dado resultados satisfactorios a escala macroeconómica, pero han significado un costo social exorbitante y contraproductivo. Los gobiernos han "saneado" las economías favoreciendo con mucho las inversiones internacionales al tiempo que se ha desgarrado la cohesión del sistema de integración social.
La capacidad institucional de los estados está relacionada con la mayor vulnerabilidad económica externa. Esto ha sido la evidencia con la aceleración de la globalización y las crisis financieras de los años 1997 y 1998. Estas condiciones provocaron una reducción aún mayor de los gastos públicos en salud y educación en nombre de la lucha contra el déficit fiscal y un aumento de las desigualdades y de la pobreza.
Es cierto que en los países en desarrollo éstas no son producto exclusivo de las políticas de ajuste, pero la evidencia es que hasta ahora esas políticas han contribuido a acrecentar un menor número de oportunidades. También hay que tomar en este sentido en cuenta los círculos viciosos de la pobreza -escasos recursos productivos, baja productividad, baja producción, escasa capacidad de satisfacción de necesidades básica y exiguos niveles de ahorro interno de recursos. Además también imperan condiciones reñidas con el mantenimiento pleno del estado de derecho.
En los impactos sociales e institucionales es importante reconocer la baja capacidad de las entidades públicas. De allí surgen varios factores que repercuten en climas de ingobernabilidad. Los resultados se relacionan con condiciones caóticas, al margen del estado de derecho, en una condición de barbarie en donde sectores de mafia imponen su ley. Aparecen nuevos peligros: crimen organizado, delincuencia explosiva, inseguridad generalizada, fanatismos étnicos o religiosos, corrupción masiva.[26]
4. Políticas y Acciones
Lo que aquí se presentan son elementos para el establecimiento de posibles políticas. La finalidad es compartir elementos de discusión que posibiliten identificar el logro de un mejor ALCA para la región. Se trata de identificar áreas de política y elementos operativos, más que hacer la formulación específica de la política, aspecto que queda fuera del alcance de este estudio.
Para llegar a este último objetivo habría que identificar
· temas de política;
· relación con otros elementos estratégicos de política nacional, regional y de negociación;
· finalidades;
· definición de escenarios más probables;
· actores principales;
· sujetos de la política;
· medidas fundamentales, complementarias y alternativas de ejecución;
· medidas de operativización, y
· actividades de seguimiento.
Además de los aspectos particulares de elementos de política que conforman este capítulo, se debería tomar en cuenta que, en función de la conformación de los escenarios más deseables sobre al negociación del ALCA, se requiere de elementos en la toma de decisiones, incluyendo los siguientes:
(1) El establecimiento previo de consensos operativos. Esto aplicaría tanto para las áreas generales de tema, como para propuestas específicas.
(2) La conformación de instancias de coordinación operativa en la negociación. Se debería tener una instancia de coordinación permanente. El hecho de no contar con un nivel organizativo de esta índole puede hacer sentir a los funcionarios directamente implicados en la negociación que no cuentan con apoyo y por ello se inclinarían a negociar por separado, dentro de una vía unilateral de su país.
(3) El fortalecimiento de las instancias de integración. Debido al carácter más de tipo inmediatista que parece ser inherente al ALCA, no se debería abandonar la perspectiva de una integración más completa en AMLYC. No hacerlo podría tener fácilmente los costos de enfrentar cada vez con menor coordinación y desunión los retos de países desarrollados y regiones con amplio poder económico que si se coordinan entre ellos.
(4) La coordinación con representantes de la sociedad civil y grupos de apoyo. Este elemento da un sentido democrático y abierto a la negociación. No hacerlo es propiciar las protestas y la marginación en la que varios grupos quedarían. Se perdería de esa manera la oportunidad de poder generar más ideas y de establecer un contenido del ALCA más propio con las necesidades de AMLYC.
(5) La formulación de programas cuya finalidad sea el establecimiento de medidas que permitan valorar los avances y en general las repercusiones de las decisiones. Esto permitiría identificar mecanismos correctivos de manera oportuna. Cuando fuera necesario, los acuerdos generales de entendimiento deben prevalecer como resultado de la negociación conjunta, más que medidas específicas de compromiso de dudosas repercusiones en la región. Aqui un elemento importante sería el no compromiso explicito en temas de negociación y contenido de los puntos del ALCA, que imposibilitara en lo sucesivo poder establecer alternativas en puntos vitales. Por ejemplo medidas específicas que deberían tener cobertura en este punto serían las correspondientes a que son los países desarrollados en el ALCA, los primeros que deberían abrir sus fronteras; seguimiento al acceso de servicios; utilización de barreras no arancelarias; y cumplimiento de fases de apertura en el manejo de capitales.
(6) La finalidad de considerar medidas que amplíen las oportunidades para los diferentes sectores. Se incluirían aquí medidas redistributivas destinadas a facilitar el acceso de los pobres a la renta y poner en práctica políticas que estimulen la participación de los pobres en la vida social y económica. Es importante en esto, la reducción de los compromisos externos, incluyendo el peso del servicio de la deuda externa y liberar esos recursos para la inversión productiva y el gasto social;
(7) El ALCA será altamente beneficioso si contribuye a generar un entorno de estabilidad que favorezca el crecimiento económico y marcos reguladores que limiten los flujos especulativos y eliminen la volatilidad financiera. Se reitera en esto como clave, la real apertura comercial de los países industrializados, acompañada de cláusulas sociales y ambientales.
4.1. Grupos de Negociación
(a) Acceso a Mercados
(a.1.) El acceso a los mercados, especialmente en lo que se refiere a la vigencia de aranceles y medidas no arancelarias, deberá ser promovido tomando en cuenta el nivel de desarrollo de los países. La promoción de la igualdad completa entre naciones con diferentes niveles de desarrollo tenderá a profundizar las desigualdades económicas y sociales, y por ello será un mecanismo ineficaz en la lucha contra la pobreza;
(a.2.) En la Declaratoria del Plan de Acción de la X sesión de la UNCTAD, realizada del 12 al 19 de febrero de 2000 en Bangkok, Tailandia, se dedicó una sección al trato diferenciado para los países, en el sentido siguiente:
“Los principios básicos del trato especial y diferenciado para países en desarrollo quedan totalmente establecidos y reconocidos en las distintas decisiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, la UNCTAD y la OMC. Podría ser necesario, no obstante, modernizar y hacer más operativo un trato especial y diferenciado, sobre todo en términos de mantener y expander las oportunidades de exportación para los países en desarrollo , con miras a adaptarlo a las condiciones cambiantes del comercio internacional, y para hacer del trato especial y diferenciado un mejor instrumento para el desarrollo”.
(a.3) Los tratos justos en materia de acceso a los mercados deberán tener sus efectos multiplicadores en beneficio del desarrollo dentro de las sociedades de los diferentes países de AMLYC. De allí que sea importante, entre otras razones, la participación de la sociedad civil en sus diversos grupos representativos. En esto se deberá tener presente con particular cuidado el desarrollo del mercado interno, de las pequeñas y medianas empresas de la región;
(a.4.) Los programas de apertura comercial y de reducción de aranceles deberían estar acompañados por programas coordinados que garanticen que las industrias locales puedan ser capaces de hacerse competitivas durante la transición. Los programas sectoriales deberían estar acompañados por programas de desarrollo que conduzcan a un incremento de la competitividad y que el desarrollo de los mercados nacionales, no se sacrifique en función de la exclusiva inserción externa de la economía;
(a.5.) Debe evitarse el uso de las barreras no arancelarias como mecanismo oculto que en la práctica imposibilita el acceso de los productos de naciones menos avanzadas en las plazas de los países con mayor mercado interno. En esto es necesario tener en cuenta las presiones de las grandes corporaciones y la influencia política que generalmente tienen sus grupos de cabildeo en los gobiernos. Se trata de eliminar la arbitrariedad en la imposición de las barreras no arancelarias;
(a.6.) Deberá tenerse presente que la apertura externa de las empresas y sectores productivos, al constituirse como un motor del crecimiento, debe engranarse con los subsistemas productivos internos. Esto con el fin de que los beneficios de la mejor inserción internacional puedan llegar a otros sectores poblacionales por medio de significativos efectos multiplicadores entre la población y áreas productivas.
(b) Agricultura
(b.1.) En este punto se debería tomar en cuenta la utilización sostenida de los recursos biológicos y el tema de la diversidad y variabilidad genética como condición de estabilidad en el rendimiento de las cosechas. Esto tiene mayor importancia considerando la reserva de diversidad biótica que le es propia a la región. Este aspecto debería de establecer su contenido de manera prevaleciente y sin contradicciones con el tema de las patentes y los derechos de propiedad intelectual;
(b.2.) Uno de los mecanismos de amortiguamiento en cuanto al mayor impacto de las crisis de mercado de los centros urbanos en los medios rurales, y respecto a los sistemas de abastecimiento interno han sido los procesos de la economía campesina. Los mismos forman parte de la estructura económica propia y cultural de muchos pueblos en particular en aquellas naciones en las cuales prevalecen los grupos indígenas. En consideración de estos elementos y en función de la gran vulnerabilidad que ha traído el TLCAN en ciertas regiones rurales de México, se deberá proteger y ampliar las oportunidades que los sistemas de economía campesina brindan a los agricultores. Ello dentro de una perspectiva de mejora de la calidad de vida para estos grupos sociales que mantienen un alto nivel de vulnerabilidad económica y social;
(b.3.) Los países de ALC deberían no comprometer la capacidad de seguridad alimentaria en la región. Esto debería afectar al menos a los productos básicos de la alimentación, tal el caso de maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus vulgaris), arroz (Oriza sativa), papas (Solanum tuberosum o Solanum indigenus). No se trata de no aprovechar los mecanismos de mercado como medio de asignación y utilización de recursos. De lo que se trata es que no se sacrifique en aras del mercantilismo la capacidad productiva propia y los aspectos que pueden incrementar más la vulnerabilidad externa. Suficiente vulnerabilidad existe ya en las naciones dados los ajustes macroeconómicos -incluyendo especialmente privatizaciones, desmantelamiento de la capacidad de los estados, agotamiento de los controles a flujos financieros, eliminación de subsidios y librecambismo aparte de mayor sujeción al dólar estadounidense en la región. El tema de la seguridad alimentaria más que un tema económico es un aspecto de repercusiones políticas. Quien maneje y controle el aprovisionamiento de alimentos tiene más poder que una nación cuyas “ventajas” competitivas en el mercado externo consisten en la exportación ya sea de postres –café (Coffea arábica o Coffea robusta), banano (Musa sapientum o Musa paradisíaca), azúcar (Sacharum officinalis)- o bien de ornamentales y flores;
(b.4.) En el tema del sector agrícola se debería incluir las previsiones en función de la protección al medio ambiente. Se trata de proteger los sistemas naturales, especialmente aquellos de carácter renovable. Se reconoce que estos sistemas tienen características propias que no les son atribuibles a los recursos de los países más desarrollados. De allí que la investigación tecnológica, la preservación y uso de los ecosistemas más frágiles deberá corresponder a un uso sostenido de los recursos, tomando en cuenta su fragilidad productiva;[27]
(b.5.) El tema de los derechos laborales también debería merecer una atención especial en el tema agrícola. Aquí lo importante es garantizar los derechos de los trabajadores del área rural. Se trata de promover la competitividad y la eficacia de los procesos de producción, pero a la vez de que se respeten las normas laborales de los países. Esto afectará tanto a las empresas nacionales como a las grandes corporaciones. La salud y seguridad laboral deberá incluirse como parte de este componente, a la vez que el pago de prestaciones laborales;
(b.6.) Se contemplará también en lo agrícola el apoyo, promoción y respaldo a organizaciones de productores de carácter individual y colectivo, y dentro de estas últimas a las formas propias de organización indígena y a las cooperativas. Por medio de estas organizaciones se puede tener un mayor y más eficaz impacto en cuanto a la transferencia y difusión de tecnología, a la mejora de prácticas de producción, comercialización, almacenamiento y mercadeo, así como en cuanto a la utilización de crédito y uso de infraestructura productiva en proyectos tales como miniriego;
(b.7.) Se reconocería dentro del tema agrícola, que si bien es cierto existen problemas en lo productivo, los mayores problemas se relacionan con la comercialización. De esa cuenta se deberá tener presente los caracteres inherentes a los productos agrícolas, los que en general son motivo de desventajas con respecto a otros sectores de la producción:
(i) alta elasticidad de la oferta;
(ii) baja elasticidad en la demanda;
(iii) alta perecibilidad de los productos;
(iv) dependencia del clima para la producción en las condiciones generalizadas de AMLYC;
(v) el contar en la tierra un factor productivo de carácter fijo, cuyo uso respecto a insumos es más propenso a ser afectado por la ley de rendimientos decrecientes o retornos disminuyentes; y
(vi) el poco valor agregado que por lo general tienen los bienes agrícolas, salvo que los mismos sean sujetos de agroindustria.
(c) Compras del Sector Público
(c.1.) Se establecerían procedimientos que permitieran un grado de control y rendición efectivo de cuentas por parte de las empresas contratantes. En particular la atención debe enfatizarse en corporaciones transnacionales o multinacionales que pudieran, en determinadas condiciones, alegar falta de jurisdicción de las leyes de un país en particular. Esto último en especial cuando se puede tratar de proyectos, programas o actividades que involucran a varias naciones;
(c.2.) Los mecanismos de compra del sector público asegurarían la transparencia de operaciones, la oportunidad en el logro de resultados y el uso eficiente de los recursos. No se deberán favorecer intereses particulares que en ocasiones han caído dentro de la esfera del clientelismo político;
(c.3.) Preferentemente se establecerán comisiones ejecutivas y/o consultivas cuya misión principal sea la de encaminar la formulación de procesos, ejecución de actividades y desarrollo de licitaciones dentro de los marcos legales de cada nación. En esta comisión deberán estar presentes representantes de auditoría externa, interna y de las contralorías de cuentas, en el mejor de los casos;
(d) Derechos de Propiedad
Intelectual
(d.1.) Poner a resguardo, no incluir, dentro de los acuerdos de propiedad intelectual, lo referente a la producción, utilización y distribución de drogas genéricas. Esto tendría un alcance de mayores repercusiones sociales en el caso de enfermedades que afectan directa y masivamente a la población, o bien que son mortales. Los casos como ejemplos sobresalientes son la malaria o paludismo y el síndrome de inmuno-deficiencia adquirida –SIDA;
(d.2.) Los derechos de la propiedad intelectual no deberán interferir con los sistemas de uso, protección y utilización de la biodiversidad. Tómese en cuenta aquí que la variabilidad genética de importantes especies vegetales claves en la alimentación tienen su mayor área de identificación en América Latina. Estos productos incluyen al maíz (Zea mais), frijol (Phaseolus vulgaris y otros), papa (Solanum tuberosum, Solanum indígenum y otros), oleaginosas diversas, y chiles o ajís (Capsicum sp.). No es posible que mapas cromosómicos, genéticos, determinaciones de AND (ácido desoxirribonucléico), y posibilidades de uso comerciales de semillas, se concentren solamente en el dominio empresarial;
(d.3.) Así como se limitará la propiedad intelectual respecto a semillas y diversidad biológica, conviene hacer explícito que se debería establecer propiedad intelectual sobre cualquier forma de vida;
(d.4.) Las sanciones comerciales y penales que impliquen los acuerdos de propiedad intelectual no deberán estár por sobre los intereses de las sociedad. Se trata aqui de evitar de poner los intereses nacionales por debajo de aquellos que corresponderían a empresas multinacionales o no, y a corporaciones. Estados Unidos mismo no tiene esa supeditación cuando se refieren los casos, por ejemplo a interses nacionales;[28]
(d.5.) Asegurar que en los convenios de propiedad intelectual se respetarán los derechos de autores y creadores, tales como músicos, artistas en general y escritores. El punto a resaltar es que los acuerdos no deberían solamente proteger los derechos de editoriales o industrias discográficas.[29]
(e) Inversión
(e.1.) Se reconoce la necesidad que tienen las sociedades en desarrollo respecto a los flujos de inversión y reinversión, para el mantenimiento y ampliación de la capacidad productiva, el fortalecimiento de la infraestrutura económica y la generación de empleo. Todo ello como medio para la mejora en la calidad de vida de los sectores sociales. Los elementos para posibles políticas que se incluyen en esta sección se tratan de exponer en correspondencia con este principio;
(e.2.) Las inversiones deberán ser medios para promover el uso racional y la conservación de los sistema naturales especialmente aquellos de caracter renovable, y no estar en contra de esta finalidad. También las inversiones deberán contribuir al respeto y promoción de los derechos humanos, incluyendo los laborales;
(e.3.) Las inversiones deberán contribuir al fomento de la plena competencia y no al establecimiento de condiciones de oligopolio o monopolio;
(e.4.) Las inversiones y demás temas y acuerdos del ALCA no deberán estar en contradicción, sino que observarán lo dispuesto en tratados internacionales pertienentes, tales como:
(i) Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en particular los relativos al derecho de organización, trabajo infantil, discriminación, libertad sindical y de negociación colectiva;
(ii) Declaración Universal de los Derechos Humanos;
(iii) Convención Base sobre el Control de Traslados Transfronterizos de Desechos Peligrosos;
(iv) Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
(v) Convenio de la Organización de Naciones Unidas para la Eliminación de Formas de Discriminación contra la Mujer;
(vi) Protocolo de Kyoto sobre Emisiones de Gases que Causan el Efecto Invernadero;
(vii) Protocolos de Montreal respecto a Materiales que Dañan la capa de ozono.
(e.5.) Las inversiones extranjeras deberán promover y no estar contravenir el beneficio público en general y de las disposiciones de salud pública y de higiene alimentaria en particular;
(e.6.) Las iniciativas de inversión y preinversión deberán contener válidos estudios de impacto ambiental. La importancia de esto se refiere a la determinación y caracterización de externalidades negativas.
(f) Políticas de Competencia y
Solución de Controversias
(f.1.) Conviene promover y establecer medidas que hagan prevalecer escenarios económicos de plena competencia, y no de competencia desleal (lo que incluye disposiciones dumping, subsidios y utilización política de barreras no arancelarias). Se deberá limitar la promoción y ejecución de mecanismos de competencia desleal tanto por parte de empresas como de gobiernos. Los fundamentos en pro del ambiente, en materia laboral y de derechos humanos, tendientes a una mayor estabilidad y ampliación de oportunidades no deberán estar supeditados a intereses corporativos mediante la adquisición de inversiones;
(f.2.) El propósito fundamental de las competencias y de los procesos de solución de controversias, es la asignación de recursos dentro de los mecanismos de mercado y en un contexto institucional. Todo ello a efecto de potencializar la capacidad productiva, mejorar la calidad de vida de la sociedad y dar mayor cobertura en los servicios y mayor acceso en los bienes;
(f.3.) Se reglamentará sobre aspectos claves de competencia y solución de controversias. Un ejemplo de ello lo constituye la energía. En este sentido es muy probable que el ALCA se atenga y extienda los alcances que sobre energía prevalecen en el TLCAN. El espíritu que allí se manifiesta es el establecimiento de una política energética continental liberalizada, sin que se tome demasiado en cuenta los elementos ambientales y de conservación de recursos;
(f.4.) Lo que se debe limitar es que se dañen los sistemas naturales en función de posibilitar ganancias en el corto plazo y aún de promover monopolios dañinos para la generación y suministro de energía.[30] Con medidas de desregulación es poco probable que se tengan en cuanta planteamientos ambientales, de racional uso de combustibles fósiles e incluso de manejo de las reservas petroleras.[31]
(f.5.) No deberán existir previsiones o acuerdos que discriminen contra empresas o gobiernos, o bien que determinaciones en la esfera de inversiones y/o la solución de controversias, se encuentren en contra del interés social;[32]
(f.6.) Los mecanismos y procesos de solución de controversias se establecerían a diferentes niveles y contemplarían instancias de apelación;
(f.7.) Los procesos de resolución de disputas o controversias no podrán estar en contraposición de los tratados internacionales pertinentes, y deberán contener normas de protección a consumidores, derechos laborales y de medio ambiente, penalizando el incumplimiento de los mismos.
(g) Servicios
(g.1.) Se establecerían procedimientos de aplicación gradual y flexible en cuanto a los mecanismos de liberación de servicios. El objeto es evitar los costos de choque que se podrían tener en particular en las pequeñas economías del Gran Caribe;[33]
(g.2.) No se comprometería la existencia y operación de monopolios naturales relacionados con los servicios básicos. En estas condiciones los estados tienen un papel muy importante que desarrollar y que está normalmente asociado a aprovechar economías de escala en función de hacer accesibles bienes y servicios de consumo social,
(g.3.) Se establecería que especialmente servicios que tienen una estrecha relación con el ambiente -tal el caso de energía, turismo, agua y manejo de desechos degradables y no degradables- no infringieran daños a los sistemas naturales;
(g.4.) Donde se considere pertinente se desarrollaría una liberación de los servicios. La misma no deberá estar en contra de los procesos e intereses del desarrollo nacional, por ello esa liberación deberá responder a prioridades. Se tratará de que se integren cada vez más sectores empobrecidos y vulnerables de la población;
(g.5.) Conviene el establecimiento de normas y leyes de protección al consumidor y comunidades que puedan ser afectadas negativamente con la prestación ineficaz de los servicios, ya sea que estos sean provistos por empresas públicas o privadas.
(h) Subsidios, Antidumping y
Derechos Compensatorios.
(h.1.) Se establecerían graduaciones y sistema flexibles en la aplicación y/o desmantelamiento de sistemas de subsidios y medidas compensatorias que contravinieran el desarrollo de los países y de la región;
(h.2.) No conviene aceptar, a no ser que exista un trato equitativo, que en nombre de la seguridad nacional una nación imponga condiciones unilaterales sobre las demás. Se deberá hacer prevalecer el interés por el desarrollo común de la región y el evitar los daños que se impondrían debido a las diferentes estructuras de exportación en particular y de intercambio en general, así como las derivadas de las asimetrías entre países;
(h.3.) No se aceptarían medidas dumping que lesionaran la libre competencia y que hicieran posible el desplazamiento de empresas, en función de posteriores condiciones de monopolio u oligopolio;
(h.4.) Las disposiciones de esta sección no pueden estar en contra de los intereses de desarrollo nacional en los países y la región, en detrimento de la ampliación de oportunidades para la población, ni en menoscabo de los sistemas naturales y derechos laborales.
4.2. Comités Especiales: (a) Comercio
Electrónico; (b) Economías más Pequeñas; y (c) Sociedad Civil
(a) Promover que la competencia dentro del comercio electrónico incluya empresas de AMLYC, dinamizando espacios de negociación, prestación de servicios y competitividad en el acceso a la comunicación vía internet;
(b) Establecer normas impositivas especialmente en función del movimiento de capitales especulativos. Conviene tener aquí presente la propuesta del 0.25 por ciento sobre movimientos de capital, según propuestas de discusión del llamado impuesto Tobin;
(c) Tomar en cuenta las asimetrías que se derivan de los tamaños reducidos de las economías pequeñas a fin de promover una inserción y apertura a los flujos de inversión, competencia y liberalización comercial, sin perjuicio del desarrollo de la demanda efectiva de las sociedades. Este aspecto trataría de corregir las versiones unilaterales y de estrechos objetivos que se siguieron en especial con el establecimiento de planes de ajuste económico;
(d) Con el fin de establecer los procesos graduales de incorporación de la economías más pequeñas, conviene estudiar los mecanismos de integración llevados a cabo en Europa, bajo el concepto de la “Europa de dos velocidades”. Esto permitió que las asimetrías no se tradujeran en marginación de amplios conglomerados sociales, en especial en las naciones menos desarrolladas;
(e) Uno de los objetivos centrales en estas secciones es el de compensar o amortiguar las tendencias de concentración de beneficios y de exclusión de oportunidades que se derivan de las desregulaciones sin marcos institucionales eficaces respecto a los mecanismos de mercado;
(f) Dentro de lo que es un elemental concepto de democrático, se deberá tomar en cuenta la participación de la sociedad civil. Esto implica abrir el tema de la discusión del ALCA y no mantener los niveles de secretividad y resguardo. Se reconocerá aqui que especialmente en los países más desarrollados, en donde la sociedad civil tiene mayores posibilidades de organizarse, la participación democrática activa fortalece las entidades e instituciones públicas;
(g) La democracia participativa debería de tener un sentido especialmente importante en la discusión y establecimiento del ALCA. Con ello el sentido de democracia adquiere una mayor oportunidad de ser efectivo. Más allá de los procesos electorales;
(h) La partipación de la sociedad civil es más necesaria en aquellos casos de naciones en los cuales los partidos políticos no son instancias de intermediación social. Este sentido de participación sería un medio para la consolidar las instituciones democráticas y fortalecer la prevalencia del estado de derecho.
4.3. Respecto a Sectores
Económicos: Areas de Competencia y
Protección
(a) Las áreas que se evidencian como más capaces de competir en el Gran Caribe son las relacionadas con exportaciones agrícolas, de textiles y de productos no tradicionales. Estos últimos incluyen productos del sector primario además de artesanías y ornamentales. Su impulso exportador ha cobrado notoriedad a partir del establecimiento del la Iniciativa de la Cuenca del Caribe desde 1984. Otras áreas importantes serían las de industria ligera y ensamblaje;
(b) Es de resaltar no obstante que lo importante es que los países más desarrollados, en este caso Estados Unidos y Canadá, efectivamente abran sus fronteras y no impongan manejos arancelarios, y por medio de medidas no arancelarias.
(c) De lo que se trataría es de lograr un inserción lo mejor posible en las condiciones inmediatas, mientras los gobiernos de manera coordinada e integrada no pierden su capacidad de iniciativa y de dotar de servicios básicos a la población. Con ello se promovería una mejor inserción posterior en los circuitos de comercio internacional;
(d) Esta mejor inserción debe estar dirigida a competir en los productos con mayor valor agregado, en las tecnologías de punta -computación, biotecnología, telecomunicaciones y electrónicos de última generación. El objeto no es mantener bajos los estándares en un estancamiento que convirtiera a la subregión en una gran zona franca de maquilas, lo que sería una contradicción con el desarrollo y con la ampliación de los mercados internos;
(e) Los efectos institucionales se desarrollarían en función de evitar una alta vulnerabilidad externa. Para ello, y como se ha mencionado en los apartados correspondientes, componentes como la seguridad alimentaria, regímenes regulados de energía y no privatización innecesaria de servicios como la salud, juegan un papel importante;
(f) Los sectores que merecerían una protección mayor son aquellos relacionados con los servicios básicos (salud, promoción masiva de empleo, alimentación básica y educación);
(g) El plano productivo los sectores que deben reestructurarse de manera gradual y flexible, pero eficaz son los relacionados con productos tradicionales de exportación que no demuestran tener una perspectiva de mayor desarrollo en el mercado internacional. Además varios de estos productos pueden no tener mayor valor agregado, no ser bienes estratégicos y por lo demás substituibles con las nuevas tecnologías de las naciones más avanzadas. Estos productos incluirían el café y el azúcar;
(h) Para la reestructuración de procesos productivos se deberá tomar en cuenta los ciclos de desarrollo de productos, desde las fases de innovación, estandarización y producción masiva por naciones de menor desarrollo. Lo óptimo será atraer las inversiones en áreas de mayor valor agregado para la economía. Para ello es clave la educación y formación productivas y un contexto institucional que de certeza a las inversiones;
(i) El desarrollo tecnológico y científico es fundamental en una propuesta de reestructuración exportadora y de mejor inserción en el comercio internacional. En este aspecto los recursos humanos son claves así como una eficaz acción de las entidades públicas. Se deberá evitar la innecesaria y lesiva vulnerabilidad externa.
4.4. Respecto a Tratados de
Integración Vigentes
(a) Conviene que los países de ALC continúen profundizando los esfuerzos de integración. Esto es vital. Lo óptimo sería llegar a las instancias de mercado común y unión económica, con lo cual no sólo se tendría incluso la coordinación de políticas macroeconómicas. Algo que desde ya y con bastante experiencia hacen los países más desarrollados, lo que en términos operativos aumenta el nivel actual de las asimetrías. Un mayor nivel de integración regional permitiría establecer una mejor coordinación en términos del ALCA y de otras iniciativas de integración con otras áreas. Además de esa manera se aprovecharían en mayor grado la atracción de inversiones, la utilización de las economías de escala, el agregar regionalmente la demanda domestica existente y ampliarla, además de tener un mayor poder de negociación extrarregional;
(b) Es muy importante que dentro de los renovados esfuerzos por la integración, se tuvieran en cuenta finalidades de carácter estratégico. Un planteamiento notable de las mismas lo hizo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe a principios de los noventa en su propuesta por lograr una “transformación productiva con equidad”:[34]
(b.1.) Transitar desde la “renta perecible” de los recursos naturales hacia la “renta no perecible” de la incorporación de progreso técnico al sector productivo;
(b.2.) Desplazar la prioridad desde el conjunto del sector manufacturero a los subsectores específicos que contribuyen a incorporar y difundir progreso técnico al conjunto del sector productivo;
(b.3.) Favorecer la inserción internacional sobre la base de impulsar la elevación de la productividad y la competitividad en sectores específicos;
(b.4.) Introducir modificaciones en instituciones y políticas públicas con el objetivo de inducir en el sector privado comportamientos coherentes con los criterios anteriores;
(b.5.) Promover un contexto institucional proclive a la colaboración estratégica entre gobierno-empresariado y sector laboral;
(b.6.) La concepción de cooperación e integración regional incluiría un enfoque sectorial, gradual, con énfasis en la competitividad y rentabilidad, y que requiere de la participación protagónica de empresas, instituciones y asociaciones existentes en la región.
(c) A pesar de la poco intensa divulgación con la cual se evidencia el avance de la negociación del ALCA, lo que crea problemas al momento de tratar de establecer un análisis de política con toda la consistencia deseable, se puede advertir, no obstante, que el tratado conlleva grandes riesgos. Este intento de integración se vislumbra en la perspectiva de efectos contundentes y pragmáticos. Un ejemplo de los riesgos latentes se tendría con la demanda que el gobierno de Estados Unidos ha planteado ante la Organización Mundial de Comercio. El motivo han sido las disposiciones legales de Brasil que pretenden que este país pueda utilizar medicinas genéricas en los casos de enfermos de SIDA. Con esto se afectan intereses de corporaciones. Lo que tratan las empresas en este caso es prácticamente de impedir que Brasil pueda producir y utilizar drogas genéricas. No se trata de estar en contra de las leyes del mercado, cuando las mismas favorecen la mejora en la calidad de vida. En este caso lo que se encuentra en juego es en un sentido directo, la vida de seres humanos. Este es un ejemplo de riesgos que se pueden ampliar al control oligopólico y monopólico de otras líneas de producción, empleo y distribución de bienes, tal el caso de patentes y uso de organismos genéticamente manipulados;[35]
(c) Esos riesgos, unidos a la previsión de que el ALCA se desarrollará hasta la etapa de zona de libre comercio -no más allá de las etapas de integración (véase esas etapas en el apéndice correspondiente de este estudio)- subrayan la necesidad de que los países del Gran Caribe y de ALC en general deben enfrentar con decisión y constancia política eficaz el desafío de profundizar los niveles de integración entre ellos. La integración debe ser concebida como la vía facilitadora del desarrollo de los países que de otra manera presentan mayor vulnerabilidad externa. Un esfuerzo serio y consecuente de integración permitirá hacer frente a los retos en la formulación de políticas con menor grado de asimetría. En todo caso las asimetrías, aún con ALC con una sola voz, son evidentes: Estados Unidos tiene una economía 5 veces el total unificado de América Latina y el Caribe;
(d) Parte de los costos que ahora deben enfrentarse en la negociación se fundamentan en los retrasos que se han tenido en ALC respecto a poder lograr para este tiempo, un nivel pleno de integración económica. Se requiere aprovechar las experiencias de los distintos bloques de integración que se han establecido, de hacer equiparaciones y complementación de la naturaleza productiva y de armonizar políticas macroeconómicas. Se hace necesario flexibilizar y agilizar los mecanismos y las instancias con las que ya se cuenta en materia de integración evitando caer en problemas de burocratismo;
(e) Profundizar los procesos de integración y posibilitar la cooperación y el establecimiento de nexos integradores en lo económico y social, es algo que no debe comprometerse en el ALCA. Esa posibilidad de nexos debe ser un derecho a resguardar por ALC, en especial con la perspectiva de diversificar nexos comerciales y de inversión con otros polos de desarrollo mundial. Ello evitaría además, que el regionalismo sea un valladar a las aspiraciones de mayor liberación especialmente en el comercio y la coordinación de políticas económicas de manera más abierta;
(f) La integración sería una preocupación general que requeriría un esfuerzo constante y la identificación de mecanismos correctivos de manera oportuna. Sin embargo los aspectos de la cooperación específica deben concretarse, aprovechando para ello la infraestructura institucional existente y evitando la duplicidad innecesaria de actividades. Uno de esos aspectos es la coordinación y la búsqueda de consensos que implica las negociaciones del ALCA. De manera también puntual es imprescindible atender en términos de integración tres aspectos medulares: (i) lo monetario, en el sentido de una entidad regional que permita contar con la cooperación en pro de la estabilidad que demandan las presiones externas principalmente por los desajustes y las emergencias en las balanzas de pagos; (ii) lo comercial, no sólo por iniciativas como el ALCA, que operan más en lo inmediato y prioritario, sino con la finalidad de buscar complementariedades y cooperaciones intra-regionales de desarrollo; y (iii) lo financiero, con lo que se trataría de tener acceso a recursos que manejados de manera eficiente y eficaz, permitan expandir las opciones en la mejora de los niveles de vida de las poblaciones con efectos sostenibles, dentro de un contexto de ayuda para la auto-ayuda de las comunidades;
(g) Aspectos concretos en los que se especificarían los esfuerzos operativos de la integración incluirían:
(g.1.) Establecimiento de fondos y actividades de preinversión con el fin de favorecer las fases de prefactibilidad y factibilidad de proyectos. Se coordinaría aquí el esfuerzo con empresas preferentemente regionales;
(g.2.) Coordinar la utilización de eficaces medios de prevención, y cura de enfermedades, además de componentes de salud preventiva. Se incluiría aquí lo referente a medicamentos genéricos y locales. Se incluirían actividades de cooperación científica y técnica, así como de administración de sistema de salud a nivel regional;
(g.3.) Promoción de líneas conjuntas y complementarias en materia de turismo regional, fortaleciendo los efectos multiplicadores que esta actividad proporciona en otros sectores productivos, tales como hotelería, construcción y transporte;
(g.4.) Formulación de programas relacionados con la producción de bienes intermedios y de capital reconociendo que en varias naciones del Gran Caribe, las manufacturas son ya sea de tipo ligero o bien de bienes de consumo final;
(g.5.) Dentro del componente de apoyo monetario y de comercio, estudiar la adopción de mecanismos que posibiliten sistemas de apoyo recíproco en los pagos; en este sentido se pueden aprovechar las experiencias de la Cámara de Compensación instituida en los años sesenta como parte institucional del Mercado Común Centroamericano;
(g.6.) Conformación de sistemas de abastecimiento regional en función de los requerimientos energéticos y de alimentación. Para ello se aprovecharían mecanismos de cooperación sur-sur, las complementariedades productivas y mecanismos existentes que tiendan a asegurar un aprovisionamiento cooperativo. Se trataría de impulsar y establecer iniciativas relacionadas con la estabilidad de precios en los productos alimenticios básicos, promoviendo su distribución y acceso en particular por los sectores más vulnerables de las sociedades.[36]
4.5. Respecto a Otros Temas a
Incorporar
(a) Inmigración
(a.1.) De manera similar a como una liberación de los mercados en lo financiero facilita la actividad económica, la complementariedad productiva y la eficiencia en la asignación y uso de los recursos, la liberación en el comercio y en el movimiento de trabajadores, redundará en mejores niveles de rendimiento económico. Este es un tema difícil para las naciones más desarrolladas a raíz de los importantes costos políticos que al interior de sus sociedades tiene el tema de la liberación de movimientos migratorios;
(a.2.) El tema de los flujos migratorios de trabajadores tiene relación con el alcance de mayores niveles de integración económica. En muchas ocasiones se teme a la mayor competitividad que pueden tener los inmigrantes, de manera que los movimientos de los mismos se regulan conforme la necesidad estacional -caso de trabajadores agrícolas en el sur de Estados Unidos- o conforme sean los requerimientos de mano de obra calificada -caso de contratación de técnicos en áreas de computación e informática. Se deberá tener presente las repercusiones de estabilidad especialmente en lo cambiario y lo monetario que reportan las remesas familiares en particular para varias de las economías pequeñas de la región del Gran Caribe de ALC;
(a.3.) Se deberá dar prioridad a los mecanismos de transferencia de tecnología y de difusión del uso de procesos e instrumentos tecnológicos dentro de las sociedades de ALC, como medios relacionados con el requerimiento permanente de técnicos extranjeros. Esta corriente “temporal” y de “atadura” de inmigración puede representar en muchos casos un componente importante de los recursos financieros que se pueden desviar de proyectos en general y de iniciativas para desarrollo en particular.[37]
(a.4.) Al margen de las magnitudes de los acuerdos sobre migración, las diferentes naciones deberán explícitamente identificar medidas de cumplimiento de normas relacionadas con los derechos humanos y los derechos laborales internacionales.
(b) Medio
Ambiente
(b.1.) El énfasis en lo ambiental privilegiará los acuerdos internacionales y de uso sostenido de los recursos naturales, especialmente aquellos de carácter renovable, por sobre las disposiciones exclusivamente mercantiles. En esto se identificarán procesos productivos que no dañen el ambiente y que no contribuyan con mayores niveles de contaminación, tanto en los medios urbanos como rurales.
(b.2.) Se reconocerá que el tema de la contaminación y/o daño a los sistemas naturales se ubica en la esfera de las externalidades económicas. Por ello los gobiernos deben asumir su responsabilidad en cuanto a conservar las condiciones que propicien un uso sostenido de recursos para la sociedad, antes que un sacrificio de medios productivos en función de la utilidad monetaria inmediata.
(b.3.) Los gobiernos no podrán ser sujetos de acoso y penalización legal por medidas que en función de conservación del medio ambiente atente contra los intereses particulares de corporaciones. Este punto es muy importante y conflictivo. Toca directamente poderosos intereses y tiende a afectar elementos jurídicos claves relacionados con el tema de inversiones;
(b.4.) Es necesario tomar en cuenta la vulnerabilidad en que pueden estar gobiernos centrales y locales cuando en nombre de defender los recursos productivos pueden ser enjuiciados y encontrados culpables de contravenir disposiciones exclusivamente mercantilistas. La experiencia del Capítulo 11 del TLCAN sería aleccionadora en este sentido;
(b.5.) En relación con el tema medioambiental, las iniciativas de inversión y preinversión deberán contener estudios de impacto ambiental. Todo ello a fin de prevenir y corregir posibles externalidades negativas.
(c) Papel de los Gobiernos
(c.1.) Los gobiernos en el espíritu y la concreción de los acuerdos deberán asumir su responsabilidad en función de promover el desarrollo de las naciones, establecer las condiciones de apertura de oportunidades para la sociedad, respeto a los derechos humanos, a aspectos laborales y del ambiente. Se trata de que las instituciones públicas establezcan el necesario y suficiente apoyo institucional dentro del cual se enmarcarán los mecanismos de mercado;
(c.2.) En términos específicos sobre las funciones propias de los estados, los acuerdos del ALCA no deberán interferir con las responsabilidades de las entidades públicas en función principalmente de:
(i) promoción de externalidades positivas y control sobre externalidades negativas;
(ii) reducción de costos operativos de las empresas, lo que estimularía la reducción en los sectores de economías marginales, informales o subterráneas, disminuyendo la burocratización y aumentando la agilidad de la gestión pública;
(iii) producción de bienes y servicios públicos;
(iv) dotación a la población de bienes de mérito, incluyendo la salud, alimentación básica, educación, promoción de investigación y desarrollo. Se reconocen aquí factores claves en función de ventajas competitivas en los procesos económicos, especialmente en cuanto a la educación y capacitación productiva y la generación y adopción creativa de investigación. Esta última tanto en la fase básica estrictamente necesaria, y esencialmente en las fases aplicadas y de ingeniería.
(c.3.) Fortalecimiento y legitimidad concreta de las instituciones en función de la eficacia y dentro del desarrollo y consolidación del estado de derecho;
(c.4.) Establecimiento del contexto macroeconómico, lo que se ubicaría a dos niveles en cuanto a la definición y consecusión de finalidades:
(c.4.1.) Nivel esencial:
(a) crecimiento económico;
(b) estabilidad de precios;
(c) generación de empleo; y
(d) mejoras en la balanza de pagos en general y en la cuenta comercial en particular.
(c.4.2.) Nivel complementario:
(a) dotación social de bienes de mérito (salud, alimentación básica, seguridad social, educación);
(b) reforzamiento de los mecanismos de bienestar social;
(c) reforzar el uso sostenido de los recursos naturales en particular aquellos de carácter renovable; y
(d) establecimiento de un sistema fiscal progresivo.
(c.5.) Promoción y establecimiento de eficaces procesos tendientes a superar los problemas derivados de las asimetrías dentro y entre naciones. En ello se incluirán medidas tendientes a la cooperación sur-sur, a la complementariedad y la cooperación económica, y a profundizar los mecanismos de integración entre las naciones de AMLYC. El ALCA no deberá de actuar en detrimento de que las naciones latinoamericanas y caribeñas puedan establecer acuerdos de cooperación e integración económica con otras regiones del mundo.
(d) Aspectos Laborales
(d.1.) Se reconocerá como clave el tema laboral en cuanto a ser un aspecto que vincula las condiciones económicas generales, la apertura de oportunidades para la población, la integración en los mecanismos de mercado y es factor esencial en el acceso a muchos servicios. Con base en ello, los gobiernos asumirán su responsabilidad en cuanto a respetar los marcos legales de protección al trabajador, velando por sus derechos;
(d.2.) Los acuerdos sobre el tema laboral no contravendrán lo dispuesto en los tratados internacionales pertinentes, incluyendo:
(i) Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con los de derecho de organización, trabajo infantil, discriminación, libertad sindical y de negociación colectiva;
(ii) Declaración Universal de los Derechos Humanos;
(iii) Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
(iv) Convenio de la Organización de Naciones Unidas para la Eliminación de Formas de Discriminación contra la Mujer.
(d.3.) Los acuerdos que se suscriban en esta materia no deberán contravenir el beneficio público en general y de las disposiciones de protección al trabajo, salud y seguridad laboral, así como cumplimiento en el pago de prestaciones legales.
--------------------------0-------------------------
[1] Doctor
en Economía para el Desarrollo / Relaciones Internacionales; Graduate School of Public
and International Affairs; University of Pittsburgh, actual Director de Desarrollo de la
Secretaría Permanente del SELA.
[2] Documentos básicos que han servido para las ideas, reflexión, datos e interpretación de estos dos capítulos del documento -implicaciones del ALCA y elementos para posibles políticas- han sido: Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (2001). Documentos Oficiales en Internet. Objetivos, mandatos, calendario de reuniones, comunicados de prensa, documentos y bases de datos (www.ftaa-alca.org); Barlow, M. (2001) The Free Trade Area of the Americas (www.canadians.org); y Alliance Sociale Continental (2001) Alternativas para las Américas (www.asc-has.org); Public Citizen´s Global Watch; Southern University of Dallas (2000) The State of the FTAA Negotiations at the Turn of the Millenium. (Dallas, Texas: SUD); Stephenson, Sherri (2000) Trade and the Western Hemisphere; y Trade in the Western Hemisphere: Liberalization, Integration and Reform (Washington: Brookings Institute); Earth Island Journal (2001) NAFTA for the Americas (San Francisco: EIJ, Summer 2001, Vol.16, issue 2)pp. 24; Economist, The (2001) The Americas: A Cautios yes to Pan-American Trade. (London: The Economist, Vol 359, Issue 8 219, Ap. 28, 2001)pp. 35-36; Nation, The (2001) No FTAA, No Fast Track (New York: The Nation, Vol. 272, Issue 19, May 14, 2001) pp. 4; y Anderson, S. y Cavanagh, J. (2000) Field Guide to the Global Economy (New York: The New Press)pp. especialmente 12-24, 30-36, 39-63.
[3] Esto demuestra lo concreto y específico, es decir pragmático del enfoque. No se tiene evidencia de que se desee avanzar con mayor intensidad en los procesos de integración económica. De hacerlo se establecerían libertades no condicionadas al comercio, a la movilización de recursos de capital y muy especialmente al movimiento de trabajadores. Este último tema es obvio que Washington no desearía considerarlo. Las etapas más completas en la secuencia de la integración se presentan como parte del apéndice de este documento. Véase Nation, The (2001) No FTAA, No Fast Track (New York: The Nation, Vol. 272, Issue 19, May 14, 2001); y Anderson, S. y Cavanagh, J. (2000) Field Guide to the Global Economy (New York: The New Press).
[4] El
desarrollo de la ciencia y tecnología, y del conocimiento en general que responda a las
condiciones de los países de ALC es algo indispensable.
El ALCA no debe oponerse a ello sino ser un elemento para tal fin. Tipos de suelo, de condiciones climáticas y de
enfermedades, para sólo mencionar unos casos ilustrativos, son diferentes entre los
países más desarrollados y las naciones menos avanzadas.
La lógica del mercado científico y tecnológico es producir para quien tiene
capacidad de compra. De esa manera se
adelantan investigaciones científicas para los países en desarrollo que no coinciden
siempre con las de los países pobres. La
malaria por ejemplo es una enfermedad que mata más de un millón de seres humanos al año
y que está presente y se mantiene en los países más pobres, entre otras causas por el
clima, pero no se hace mayor investigación en ello. Los
gases contaminantes del planeta y la tendencia al sobrecalentamiento está afectando más
a los países pobres del trópico (ejemplos con fenómenos como El Niño y el huracán
Mitch). Una
discusión mayor en Sachs, J. (1999) Helping the
World´s Poorest (Mass.: Harvard
University) (www.cid.harvard.edu). El enfoque de Jeffrey Sachs, Director del
Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, es interesante al
subrayar modalidades de cooperación sur-sur y norte-sur en las actividades de
cooperación para el desarrollo.
[5] Estas condiciones ayudarían
significativamente a establecer un clima de fortalecimiento a las instituciones y por ello
una mayor estabilidad política en la región. Las
condiciones de mercado y de mejora institucional en relación al mercado interno son
reconocidas como elementos claves del desarrollo. Un
tratamiento de estos aspectos en relación a las economías marginales o subterráneas se
encuentra en: De Soto, H. , (2000) The Mystery of Capital: Why Capitalism Succeeds in
the West and Fails Everywhere Else. (New York: Basic Books).
[6] No
se trata por otra parte de que en nombre de la integración regional y del desarrollo de
los mercados domésticos, los aranceles externos se mantengan por tiempo indefinido. Si algo puede ser criticable en el enfoque y
práctica del primer tipo de regionalismo en AMLYC, en los años sesentas, fue el
mantenimiento de los aranceles externos en nombre de proteger las industrias locales. Aún existen problemas de esta naturaleza
especialmente en Guatemala y El Salvador. Sectores
de empresarios locales que no aprovecharon los aranceles para actualizar sus procesos de
producción y ser más competitivos, protestan y presionan a los gobiernos con tal de
continuar con precios altos para productos de baja calidad.
Los sacrificios son para los consumidores. El
último caso fue lo que se presume fue la renuncia forzada del penúltimo Ministro de
Economía de Guatemala, Federico Polá el pasado abril.
Estuvo en su cargo 46 días y dejó el cargo al negarse a continuar con prácticas
de aranceles para ciertos sectores. Véase
ediciones de Prensa Libre desde el 8 al 16 de abril de 2001 (www.prensalibre.com)
.
[7] El asunto de las represalias tiene una implicación fuertemente política y de interés unilateral de la nación que la impone. En el pasado han sido evidentes los actos de “castigo” a gobiernos no gratos, por ejemplo el caso del gobierno sandinista. Véase: Cardoso, E. and Helwege, A. (1992) Latin America’s economy. (Cambridge, USA.: The Massachusetts Institute of Techonology Press); Coatsworth, J. (1994) Central America and the United States. (New York: Twayne Publishers).
[8] Véase Barlow, M. (2001) The Free Trade Area of the Americas (www.canadians.org).
[9] Anderson, S. y Cavanagh, J. (2000) Field Guide to the Global Economy (New York: The New Press)pp. 89.
[10] Los
aportes económicos de estos campesinos, al estar arraigados con un nivel mínimo de
subsistencia en sus tierras, proporcionaba las bases para la conformación y existencia de
un modelo funcional de economía campesina. Para ampliaciones conceptuales sobre el tema:
Chajanov, M. (1986) Economía Campesina. (México, México D.F.: Siglo XXI editores).
[11] En América Latina y el Caribe, por ejemplo solamente las economías de Argentina, Brasil y México, no tienen una producción anual que sea superada por ninguna transnacional. De allí, en recuento de descenso respecto a los montos de las producciones anuales de los países, todos ellos son superados en ALC por las siguientes empresas multinacionales (su volumen total de ventas en miles de millones de dólares, en paréntesis): Mitsubishi Trading Co. (184), Mitsui Co. (181), General Motors (168), Sumimoto (167), Ford Motors (137), Toyota (111), Royal Dutch/Shell (109), Exxon (107). Las producciones totales anuales de las principales economías latinoamericanas, según datos preliminares para el 2000 se ubicarían en –en paréntesis producción total anual en miles de millones de dólares: Brasil (760), México (480), Argentina (280), Venezuela (104), Colombia (90), Chile (70), Perú (60), Uruguay (20), Ecuador (19), Guatemala (18), República Dominicana (17). Véase Longworth, R. (1999) Global Squeeze (New York: Nic Publishing Group), pp.32.
[12] En
mayo de 2001 los gobiernos de Sudáfrica y de Brasil han enfrentado a las transnacionales
con las patentes respecto a medicinas de “amortiguamiento” o “retraso”
de los efectos del virus HIV en producir el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida
(SIDA). Los medicamentos genéricos ofrecen la
posibilidad de ser más económicos y por tanto estar más al alcance de los grupos
sociales. Las transnacionales se han resistido
notablemente a ceder sus derechos de propiedad intelectual; Ver Washington Post (2001), y CNN en ediciones
especialmente del viernes 22 y sábado 23 de junio de 2001; y The Economist; Global Agenda
del 28 de junio de 2001; Counting the Cost of
Aids; y The Economist; Tripping up on
Cheaper Drugs, June 22, 2001; The
Economist, Gambling with Lives, June 2,
2001.
[13] Esto se encuentra relacionado con el
controversial tema de los organismos geneticamente modificados. Los mismos han sido afectados en varios casos
mediante procesos de ingeniería y cirugía genética.
Uno de los problemas es que el uso extensivo de los mismos materiales los puede
hacer suceptibles a un ataque devastador de microorganismos patógenos en las cosechas. Además, y en particular las semillas híbridas
(maíz –Zea mais- por ejemplo)
requieren la compra continua de nuevo material genético para las futuras cosechas. European
Report, No. 2594, Biotechnology: Industry And Consumers Face Gmo
Labelling Problems. May 19, 2001; Agencia de Noticias France Presse, May 3, 2001,
Thursday, GMOs can be good and bad: FAO chief,
ROME, May 3, 2001; The Institute of Science in Society, (http://www.i-sis.org)
Sustainability
New Postings to this Site Open Letter from World Scientists to All Governments,
June 19, 2001.
[14] El Capítulo 11 del TLCAN permite a una empresa llegar incluso a enjuiciar a un gobierno por pérdida de utilidades actuales y futuras que sean producto de acciones gubernamentales, colocando en situación de marginalidad las motivaciones que las acciones públicas hayan tenido. Un caso concreto que se menciona al respecto sería el de la empresa Ethyl Corp. de Estados Unidos para obligar al gobierno canadiense a dejar sin efecto disposiciones que prohiben la venta del producto MMT, un aditivo para la gasolina que no se ha permitido comercializar en muchos países y del cual el Primer Ministro canadiense Jean Chrétien llegó a denominar “neurotoxina peligrosa”. La empresa S.D. Myers hizo que el gobierno de Canadá le pagara 50 millones de dólares por “perjuicios” a sus utilidades. S.D. Myers se dedica al movimiento de desechos peligrosos. Véase: Barlow, M. (2001) The Free Trade Area of the Americas (www.canadians.org).
[15] Un
caso ilustrativo al respecto. Ni aún el
gobierno de Estados Unidos ha podido llevar a cabo el veredicto inicial en cuanto a la
fragmentación de la empresa Microsoft quien a principios del 2000 fue encontrada como
entidad violadora de la ley contra monopolios. Además
tómese en cuenta la tendencia a las unificaciones y alianzas estratégicas entre grandes
empresas (“mergers”), que han ocurrido incluso dentro de diferentes sectores: parques de diversión y cadena de televisión,
cadenas de fábricas e innovación con empresas publicitarias, asi como entidades
automotrices y financieras. El jueves 28 de
junio se da la noticia de que el veredicto contra Microsoft ha sido rechazado por una
corte de apelaciones. Véase The New York Times, del viernes 29 de junio, 2001;
y The Washington Post, viernes 29 de junio, 2001.
[16] Comprender estos conceptos así como las
condiciones de mercado competitivo ayuda a definir con propiedad el papel de empresas
privadas, de prestaciones de servicios mediante subcontrataciones, el papel de los estados
y los limites de las regulaciones y desregulaciones. Las
condiciones de libre competitividad estarán caracterizadas por (a) muchos oferentes; (b)
muchos demandantes efectivos; (c) no variación significativa de los gustos de los
demandantes; (d) no variación de los bienes o servicios substitutivos, sucedáneos o
similares y complementarios; y (e) que no varíen los ingresos reales de los consumidores.
Held, D.
(ed.) (2000) The Global Transformation Reader: An Introduction to the Globalization Debate
(Polity Press); Winthrop, R. (2000) Globalization and the Theory of Input Trade. (Mass.: MIT
Press).
[17] Aún
teniendo un peso legal, las condiciones no se prestan para ninguna garantía. Un caso legal internacional fue por ejemplo el
“veredicto” del Tribunal de La Haya que sancionaba a Estados Unidos por el
minado de los puertos durante la administración sandinista de Nicaragua en los ochentas. Las demandas no se cumplieron; Torres-Rivas, E. Centroamérica: las democracias posibles. (San Jose, Costa Rica: FLACSO, 1990); Torres-Rivas, E. Interpretación
del desarrollo social centroamericano. (San
Jose, Costa Rica: EDUCA, 1993).
[18] Un
caso en este sentido y aún no siendo de Estados Unidos o Canadá proporciona
ilustración. Brasil es el primer productor de
café del mundo con casi un 30 por ciento del grano que se comercializa globalmente. Sin embargo, para la economía brasileña, el
ingreso por café, en concepto de divisas, es cerca de un 8 por ciento. Es decir que una decisión marginal para el
gobierno de Brasilia, puede tener consecuencias de significativo impacto para naciones que
dependen en alto grado de la exportación del grano; recientes actualizaciones sobre el
comercio del grano en: Chemical Business
Newbase, DuPont Concentrates in Agro Operations
to Cut Costs, May 24, 2001; y Dallas
Morning News, May 30, 2001, Louise Owens, Coffees
Offer sip of Latin America.
[19] Aún una economía grande como la de México, ya integrada en el TLCAN, representa un poco menos del 5 (1/22), por ciento del total de producción anual de Estados Unidos. La producción total mexicana se calcula que es equivalente a la producción de la ciudad de Los Angeles y alrededores, o a la que se obtiene anualmente del estado de Florida. Más información en Winthrop, R. (2000) Globalization and the Theory of Input Trade. (Mass.: MIT Press); Baker, D., et. al. (eds.) (1998) Globalization and Progressive Economic Policy (Cambridge, Mass.: The University of Massachusetts-Amherst and The Political Economy Research Institute).
[20] Datos
presentados por Maude Barlow, cuyo documento ha sido muy importante en la elaboración de
este capítulo. Véase
Barlow M. (2001) The Free Trade Area of the Americas (www.canadians.org).
Varias de las citas de
los mandatos de los grupos y caracterizaciones han sido tomadas de esta documentación.
[21] La condición de las comunicaciones tiende a mostrar un mundo más integrado y da base para el concpeto de la “aldea global”. Una situación similar sucede con los aspectos culturales. Sin embargo en términos de las finanzas, el comercio y el contar con expansiones de los mercados, la globalización implica una mayor integración entre las naciones desarrolladas y una mayor segregación o marginalidad para las naciones del Tercer Mundo, en particular para los sectores de estos países que no logran integrarse en las renovadas esferas de la economía. Para una ampliación del tema véase: Ramonet, I. (2000) Efectos de la Globalización en los Países en Desarrollo, en Le Monde Diplomatique, Octubre de 2000, edición chilena (Santiago de Chile: ACELS-Le Monde Diplomatique); United Nations Organization (1999) Human Development Report 1999 (New York: UNO); Baker, D., et. al. (eds.) (1998) Globalization and Progressive Economic Policy (Cambridge, Mass.: The University of Massachusetts-Amherst and The Political Economy Research Institute).
[22] Se calcula que 2 millones de millones de
dólares (cerca de toda la producción anual de ALC en un año) se intercambia en los
flujos financieros cada día. Solamente un 5
por ciento de ese total sería útil para compra-venta de bienes y servicios. El resto es movimiento especulativo. Véase: Campaña por el Impuesto Tobin (www.taxbin.org.uk)
[23] Se podría señalar aqui la tesis del efecto derrame, en el sentido de que el crecimiento de los mercados internos sería producto de los mayores niveles de empleo. Ese argumento planteado con mucho entusiasmo por los defensores de los mecanismos de la economía “por el lado de la oferta”, no ha sido fructífero en Estados Unidos. Allí se ha observado un patrón de acumulación de riqueza y de menores repercusiones en el efecto derrame. Utilizando datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso Federal, Paul Krugman determinó que el 60 por ciento de crecimiento en los ingresos, luego de pagar impuestos, entre 1977 y 1989 se concentró en el 1 por ciento más rico de la población estadounidense –aquellas familias que tienen ingresos anuales de por lo menos 310,000 dólares por familia de cuatro miembros. Otro 34 por ciento del crecimiento fue para familias del 20 por ciento más rico. Las cifras y los métodos de Krugman fueron cuestionados, pero ha existido consenso en reconocer que al final de los ochentas, el 1 por ciento de los estadounidenses con más ricos -unos 2.8 millones de personas- se quedaban con un ingreso similar al que tomaban los 100 millones de menos recursos en la población de Estados Unidos. Véase Singer, P. (1995) How are We to Live? (New York: Prometheus Books) p. 82, y en especial el capítulo 4 del libro; además The New York Times, 5 de marzo de 1992; y Bartlett D., y Berkowitz, L. (1992) America: What Went Wrong? (Kansas, Missouri: Andrews & McMeel).
[24] Una
evidencia al respecto consiste en reconocerse la carencia de leyes de protección al
consumidor en los países de AMLYC. Esto
debilita la conformación de un estado de derecho y resta muchas veces credibilidad a las
instituciones sociales. Otro tanto puede
decirse de la capacidad de los estados en cuanto a brindar un marco institucional para los
mecanismos de mercado, especialmente en la cobertura social.
Es decir en servicios tales como educación, nutrición, empleo e infraestructura
productiva generalizada. La poca capacidad que
tenían los gobiernos quedó disminuida a raíz de la aplicación de los planes de ajuste
estructural desde inicios de los ochentas. Los
países que en la región han tenido una mejor cobertura social de manera más prolongada
han sido Uruguay y Costa Rica. Véase: Cardoso, E. and Helwege,
A. Latin
America’s economy. (Cambridge, USA.: The Massachusetts
Institute of Techonology Press, 1992); Comisión Económica para América Latina y el
Caribe -CEPAL-. Políticas para mejorar la inserción en la
economía mundial. (Santiago de Chile,
Chile: CEPAL, 1996), y Comisión Económica
para América Latina y el Caribe -CEPAL-. Condiciones
sociales en América Latina 1995. (Santiago
de Chile, Chile: CEPAL, 1996).
[25] Una
actualización de argumentos ha surgido con motivo de la inauguración en junio de 2001
del Plan Puebla-Panamá. Véase: País, El. (2001)
México Crea el Espacio Centro Americano, en El
País, edición del sábado 23 de junio de 2001.
(Madrid, España: El País).
[26] Véase
Ramonet, I. (2000) Efectos de la Globalización en los Países en
Desarrollo, en Le Monde Diplomatique, Octubre de
2000, edición chilena (Santiago de Chile: ACELS-Le
Monde Diplomatique).
[27] En muchas de las formaciones edáficas, de
suelos con la influencia de rocas sedimentarias de mucha antigüedad y en varios casos en
relación con las formaciones del Caribe, se tienen ecosistemas de suelo frágiles tipo
kársticos. Los mismos tienen una baja
capacidad de fertilidad –situación contraria a las formaciones con mayor influencia
volcánica. Muchos de los suelos kársticos
sirven de sustentación a los bosques tropicales. En
ellos los nutrientes para todo el ecosistema, más que estar en las capas arables del
suelo, que por lo demás tienen poca profundidad, se encuentran en la biomasa. Estos ecosistemas edáficos son frágiles dado que
un cambio en la población climax que sostienen, puede implicar la pérdidad del escazo
horizonte arable. De allí que estas
formaciones de suelo no sean aptas para cultivos temporales incluyendo de granos o
productos básicos. Mayor
discusión en: Schulte, A. (1997) Soils of
Tropical Forest Ecosystems (New York: Springer-Verlag); Hamilton, L. (1983)
Tropical Forested Watersheds (Boulder, Colorado:
Westview Press); y en Proctor, J (ed.) (1989) Mineral Nutrients in Tropical Forest and Savanna
Ecosystems (Blackwell Science, Inc).
[28] Una ilustración de esto se tiene con la liberación parcial de las reservas petroleras que estableció el país en el otoño de 2000, a raíz del alza del precio del petróleo, ante la presión social que esta alza causaba en particular a la entrada del invierno y en condiciones de campaña política presidencial. De nuevo el factor aqui es no sólo la voluntad política y el funcioamiento de las instituciones estadounidenses, sino también el gran tamaño de su mercado interno. Ambos factores -funcionamiento institucional y desarrollo de las demandas domésticas- se encuentran ausentes en muchas de las naciones del Gran Caribe. Véase: Southern University of Dallas (2000) The State of the FTAA Negotiations at the Turn of the Millenium. (Dallas, Texas: SUD); Stephenson, Sherri (2000) Trade and the Western Hemisphere; y Trade in the Western Hemisphere: Liberalization, Integration and Reform (Washington: Brookings Institute);
[29] Sería importante aqui revisar el contenido del Artículo 1705 del TLCAN. Véase Anderson, S. y Cavanagh, J. (2000) Field Guide to the Global Economy (New York: The New Press); Alternativas para las Américas (www.asc-has.org); Public Citizen´s Global Watch; Southern University of Dallas (2000) The State of the FTAA Negotiations at the Turn of the Millenium. (Dallas, Texas: SUD); Stephenson, Sherri (2000) Trade and the Western Hemisphere; y Trade in the Western Hemisphere: Liberalization, Integration and Reform (Washington: Brookings Institute).
[30] Conviene estudiar el caso de las regulaciones
energéticas y lo que se ha provocado en el caso específico de California, durante la
primavera y el verano de este año 2001. Allí
no sólo han influido las desregulaciones sino también, al parecer, los intereses
político partidistas en Estados Unidos y las peleas entre productores y distribuidores. Ver, Los
Angeles Times, May 16, 2001 Wednesday, Home Edition, Page 1, State Has Lost Global Lead in 'Green' Power;
The New York Times, June 5, 2001, Tuesday, Late Edition - Final, Section A; Page 1; Column
1; Business/Financial Desk, Surplus of
Finger-Pointing In California Energy Crisis; Richard A. Oppel, Jr.
[31] Este manejo y repercusiones en las reservas petroleras impactaría naciones del Gran Caribe como México, Guatemala, Belize; además de otras naciones del continente (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia). Conviene establecer el impacto del ALCAN en las reservas canadienses. Véase Barlow M. (2001) The Free Trade Area of the Americas (www.canadians.org).
[32] Conviene
en este punto tener presente lo que ocurre respecto a la disposición de Estados Unidos,
en el contexto del TLCAN, sobre la reserva energética del 25 por ciento y sobre el
impacto de disposiciones de países en función de temas en la esfera militar y
considerados “de seguridad nacional”. Véase, Barlow, M. (2001) The Free Trade Area of the Americas (www.canadians.org); y Alliance Sociale
Continental (2001) Alternativas para las
Américas (www.asc-has.org);
[33] En
muchas ocasiones no es que el contenido económico de los planes se encuentre, en
términos básicos en discusión. La
controversia puede facilmente surgir en relación a las etapas para establecer los
programas, los actores involucradas en cada fase y la distribución de los costos
económicos y sociales. Un ejemplo de esta
condición ha sido la aplicación de los planes de ajuste macroeconómico en la región.
Véase Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL. (1990) Transformación Productiva con Equidad (Santiago de Chile, Chile: CEPAL).
[34] Véase
Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL. (1990) Transformación Productiva con Equidad (Santiago de Chile, Chile: CEPAL); Fajnzylber, F. (1990) Transformación
Productiva e Integración: Tareas
Impostergables en América Latina. (Barcelona,
España: Adjuntament de Barcelona); y
Vilaseca, J. (1994) Los
Esfuerzos de Sísifo: La Integración
Económica en América Latina y el Caribe. (Madrid,
España: Libros La Catarata), pp. 101-105.
[35] Al
respecto, es interesante la cobertura de información reciente sobre los avances y
coordinación en biotecnología. En particular
la que se brinda con motivo de la Convención de Biotecnología 2001 en la ciudad
estadounidense de San Diego a partir del domingo 24 de junio de 2001. Se señala que los avances en modificación
genética de cosechas y productos en general están implicando sumas de hasta 22,000
millones de dólares. Los aspectos
investigativos están en manos de corporaciones privadas que entre sus líneas de
operación incluyen procesos de cirugía e ingeniería genética por medio de los cuales
se pueden trasplantar genes de bacterias y microorganismos en general a granos básicos
tales como el maíz. No se tienen reportes
estrictos de las implicaciones de estas modificaciones en la dieta y salud humana en el
mediano y largo plazo. Tampoco hay estudios
sobre efectos en los sistemas ecológicos. En
San Diego la conferencia ha congregado a cerca de 15,000 investigadores y administradores
en biotecnología. Véase reportajes de The New York Times del sábado 23 de junio de 2001;
The New York Times del domingo 24 de junio de
2001; y The Washington Post de domingo 24
de junio de 2001.
[36] Véase
las notas sobre impulso a la cooperación regional como parte de la agenda del Sistema
Económico Latino Americano –SELA: Moncayo,
J. (2000) Hace Veinticinco Años, en Capítulos No. 60: 25 Años del SELA:
Un Balance (Caracas, Venezuela: SELA),
pp. 7-17.
[37] El tema de las ataduras en muchos proyectos en desarrollo puede muy bien ocultar el reciclaje de recursos en favor de la nación donante. De esa cuenta muchos de los países que aportan fondos al desarrollo pueden rescatar su aporte, en particular en renglones o cláusulas de atadura relacionadas con: (a) compra de bienes de capital e insumos a empresas del país donante; (b) provisión de materiales directamente de programas de la nación que da los recursos financieros; (c) contratación de técnicos y supervisores extranjeros; y (d) contratación de agencias de desarrollo cuya sede y personal se encuentra en el país proveedor de ayuda. Aún así, solamente los países nórdicos –Suecia, Noruega y Dinamarca- y Holanda, han cumplido con el aporte de 0.7 por ciento de sus producciones totales anuales en función del desarrollo. Una mayor discusión del tema de la cooperación internacional y su relación con las condiciones de la globalización en: Baker, D. et. al. (eds) (1998) Globalization and Progressive Economic Policy (New York: Cambridge University Press and the Political Economy Research Institute, University of Massachusetts-Amherst), pp.97-114, 149-159, y 245-271.