Mg.
Alberto Javier Mayorga Rojel.
Universidad de La Frontera. Temuco - Chile.
RESUMEN
El presente artículo tiene por finalidad
describir el rol del Estado en el actual sistema
económico capitalista neoliberal y presentar algunas
nociones fundamentales sobre el concepto de discurso político que, por una parte, nos permitan comprender la función
que cumple este tipo de discurso en la relación que se gesta entre el Estado, la
ciudadanía y el mercado; y, por otra, su relevancia como acción comunicativa simbólica utilizada en toda
estrategia de sujeción hegemónica ejecutada por los múltiples tipos de poderes
existentes en el plano social, político y económico de un país.
PALABRAS
CLAVES: Estado, Discurso Político, Neoliberalismo, Capitalismo, América Latina.
1.
INTRODUCCIÓN
En América Latina los estados y sus
respectivos gobiernos se encuentran en una encrucijada por mantener una estabilidad
democrática sobre la base de disminuir el impacto social que produce la presente
dinámica económica mundial y fortalecer las relaciones entre el Estado (1) y los
ciudadanos. Sin embargo, la realidad contemporánea nos relega a una problemática que se
debe afrontar para lograr los niveles esperados de desarrollo social, económico y
político: la desigualdad existente en los diversos países latinoamericanos.
Este fenómeno que se ha agudizado a partir de
la política económica neoliberal instaurada en los distintos países de nuestro
continente durante los respectivos gobiernos militares establecidos entre la década del
60 y el 70, han gestado un alto nivel de desigualdad que se expresa en la relación entre
los niveles superiores e inferiores de ingreso. El año 1990, el 10 por ciento de la
población latinoamericana de ingresos más elevados tenía 25,4 veces el ingreso del 10
por ciento de la población de menores ingresos. En 2002, esa relación era de 40 veces.
En 2002, el 20 por ciento de la población de la región de más altos ingresos recibió
casi 54,2 por ciento del ingreso total y el 20 por ciento del sector de menores ingresos,
sólo el 4,7 por ciento (PNUD, 2004: 44).
Con referencia a los datos citados, es posible
enunciar que los estados latinoamericanos y los grupos económicos dominantes han
demostrado una falta de organización y planificación en la articulación de proyectos
políticos y económicos necesarios para el desarrollo aceptable de una sociedad
democrática y que, en consecuencia, la tensión entre los alcances de la democracia y el
crecimiento económico de los países latinoamericanos afecta a la población en virtud de
un desmedro en la distribución equitativa de los ingresos, disminución de los niveles de
pobreza y ausencia de lógicas de inclusión social.
Así entonces, es factible asumir que la crisis
económica de 1998 (2) – a modo de referente directo ligado a los procesos de
inestabilidad económica contemporánea - produjo
una desaceleración generalizada de la economía latinoamericana (3) lo que repercutió en
las dinámicas de democratización sostenidas por varios países en América Latina que
durante los años anteriores habían obtenido un crecimiento efímero producto de la
adopción de reglas (políticas económicas) establecidas por el Consenso de Washington y
que apuntaban al establecimiento de una política de comercio internacional globalizado,
privatizaciones de diversa índole (empresas públicas), liberalización de las tasas de
intereses, desarticulación del poder interventor del Estado y desregulación para la
entrada de capitales internacionales a la región, entre otros puntos (4).
Sin embargo, en palabras de Joseph Stiglitz:
Si existe un consenso en la actualidad sobre
cuáles son las estrategias con más probabilidades de promover el desarrollo de los
países más pobres del mundo, es el siguiente: sólo hay consenso respecto de que el
Consenso de Washington no brindó la respuesta. Sus recetas no eran necesarias ni
suficientes para un crecimiento exitoso, si bien cada una de sus políticas tuvo sentido
para determinados países en determinados momentos (Stiglitz, 2004: 1).
A partir de las disfuncionalidades impuestas
por el neoliberalismo en el plano del crecimiento económico en América Latina, surgen
nuevas propuestas teóricas que nos incentivan ha reflexionar acerca del rol adscrito a la
figura del Estado en el marco de las nuevas lógicas económicas y políticas que se
construyen sobre la base de una ciudadanía debilitada y un espacio público
desfragmentado. Por ende, parece fundamental centrar el interés en la relación que se
instaura entre el Estado, la ciudadanía y el mercado, donde se observa la acción
mediadora de un discurso político que apunta – con el apoyo de una producción
discursiva mediática permanente - a la obtención de consensos en la sociedad como
estrategia de poder útil para el control de los posibles espacios de fractura
(conflicto-disenso) producto de la reproducción permanente, por parte del mercado, de la
diferenciación social.
Frente a esta necesidad del Estado por mantener
los consensos necesarios con las distintas partes de la sociedad, lo que permite una
gobernabilidad y estabilidad social como bases para el desarrollo de un régimen pseudodemocratico (5), el discurso político
aparece como un dispositivo de control sustentador de la legitimidad del Estado y promotor
de la funcionalidad del sistema económico capitalista neoliberal. Por tal razón debemos
tener absoluta claridad que el discurso político que se genera a partir de las relaciones
entre el Estado, la ciudadanía y el mercado no está únicamente constituido por un
conjunto determinado de proposiciones que se sustentan en abstracciones complejas de
sentido sino que, además, este tipo de discurso público (6) configura su valor de
eficacia a partir de una secuencia – a modo de efecto dominó - de acciones
políticas y económicas determinantes de la interacción social generada tanto por el
sujeto-productor (Estado) como por el colectivo-consumidor (ciudadanía)(7).
De modo que, como aproximación inicial, el
discurso político producido por el Estado se plantea como un objeto dinámico que se hace
presente en una acción comunicativa determinada, puesto que involucra a actores sociales
(ciudadanía) que poseen roles establecidos (hablantes y oyentes), que se relacionan en
una situación específica mediante un acto comunicativo determinado por el contexto y
que, como consecuencia de la interacción, producen un sentido.
Además, es posible observar que el discurso
político no se limita a la idea de la creación de un texto como mecanismo único de
auto-sustentabilidad, sino más bien como un proceso completo de interacción que incluye,
además del texto, el proceso de producción del cual el texto es un producto y el proceso
de interpretación del cual el texto es un recurso. Incluso, en el discurso político no
se puede negar la importancia del factor intertextual como instancia de generación de
sentido donde un discurso está vinculado a otros discursos (económico, histórico,
mediático, entre otros) que se han elaborado con anterioridad.
Ahora, en el desarrollo de las sociedades
modernas la elaboración y emisión de discursos políticos por parte de los
representantes del aparato gubernamental se nutre de la interacción establecida entre los
ciudadanos y los medios de comunicación social. Estos últimos establecen una relación
directa con sus audiencias con la intención de difundir un discurso mediático que se
configura sobre la base de un conjunto de símbolos reconocidos/aceptados por los miembros
de la sociedad, lo que permite la configuración de un discurso capaz de representar
– no a modo de reflejo sino como realidad en sí misma – de manera favorable o
desfavorable una situación de tipo social, política y/o económica específica.
Por lo tanto, es factible asumir que en el
caso de los discursos políticos producidos en el marco de la relación entre Estado,
ciudadanía y mercado, la naturaleza del lenguaje utilizado en toda argumentación permite
la creación de mundos, es constituyente de una realidad determinada y genera pertenencia.
Entonces, el discurso político, entendido como el articulador de significaciones, tiene
la función dentro de la lógica capitalista, por una parte, de expresar la postura que el
Estado asume frente a la idea del crecimiento económico y, por otra, ser la esfera
concreta donde se lleva a cabo – desde la perspectiva de Susana Neuhaus (2002) - la
construcción de una realidad social configurada sobre la base de las tendencias
autoritarias de los agentes políticos y económicos dominantes en la actualidad.
Conforme a este trazado inicial, en el
presente trabajo se pretende describir el rol del
Estado en el actual sistema económico capitalista neoliberal y desarrollar algunas nociones fundamentales
sobre el concepto de discurso político que nos permitan comprender, por una parte, la función que cumple este tipo de
discurso en la relación que se gesta entre el Estado, la ciudadanía y el mercado; y, por
otra, su relevancia como acción comunicativa
simbólica utilizada en toda estrategia de sujeción hegemónica ejecutada por los
múltiples tipos de poderes (8) existentes en el plano social, político y económico de
un país.
2. ESTADO Y
MERCADO EN EL ACTUAL SISTEMA
ECONÓMICO CAPITALISTA NEOLIBERAL
La política neoliberal propuesta a finales de
1989 por los grupos financieros internacionales y que fue adoptada por los estados
latinoamericanos no ha permitido resolver los problemas de la pobreza, la desigualdad y la
inclusión de los ciudadanos miembros de las sociedades contemporáneas. Bajo el fracaso
de esta lógica económica impuesta por los organismos económicos de los países
desarrollados se acentúa la necesidad de replantear los lineamientos políticos y
económicos como mecanismos para el fortalecimiento de una democracia de los ciudadanos
(9).
Sin embargo, según Garretón, no hay
recomposición de las relaciones entre Estado y sociedad:
“Importan más los derechos de un sector
que la visión de país. Y ello tiene que ver no sólo con la transformación de la
política en el mundo contemporáneo sino con el debilitamiento de los espacios donde se
producía el debate sobre proyectos nacionales: los partidos, las universidades públicas,
el Estado mismo. Los medios de comunicación eran reproductores de esos debates. Hoy día
ocurre lo contrario, los medios producen y banalizan el debate, en tanto el circuito
clásico pierde vitalidad” (Garretón, 2006: 58).
Asimismo, José Nun reconoce la compleja
situación o estado en el que se encuentra la democracia en América Latina y enfatiza su
crítica a partir de la evidente paradoja latinoamericana:
“Tratar de consolidar democracias
representativas en contextos marcados por la pobreza, la desigualdad y la polarización y
donde los regímenes sociales de acumulación vigentes fomentan la marginalidad y la
exclusión mientras los Estados se achican y se revelan incapaces de lidiar efectivamente
con toda la magnitud de la crisis” (Nun, 2000: 151).
En esta misma línea descriptiva, se puede
establecer que la situación actual en la que se encuentra América Latina se corresponde
– desde el punto de vista de la distribución de la riqueza - con el periodo de
crecimiento económico gestado desde 1950 hasta 1980 (10). Durante este periodo se
estableció también una sostenida desigualdad en la distribución de las riquezas
generadas producto de la acumulación de capital (financiada principalmente con el ahorro
interno) y de la transformación de la estructura productiva (fortalecimiento de la ISI y
disminución de la participación de la agricultura en el PIB), lo que no se
correspondía, por una parte, con una tasa de crecimiento promedio del 5,5 por ciento
anual del producto interno bruto (PIB) y, por otra, con el 2,8 por ciento del producto per
cápita regional (Halperín Donghi, T, Glade, W, Thorp, R, et al, 2002). Dadas esas
circunstancias, los beneficios económicos obtenidos por la mayoría de los países
latinoamericanos durante tres décadas no tuvieron un impacto positivo en las condiciones
de vida de la mayoría de la población sino todo lo contrario desde la perspectiva de los
autores citados, se evidenció – a partir de la crisis de los años 80 – un
recorte sustancial del gasto público (baja calidad de los servicios de salud y
educación), caída de los salarios, aumento del desempleo urbano y crecimiento del
número de personas que vivían en condiciones precarias, es decir por debajo del nivel de
pobreza.
Es importante precisar que el pensamiento
neoliberal promueve un desplazamiento radical de las agencias de mediación como es el
caso del Estado y, de esta manera, permite al mercado y a los grupos económicos mundiales
controlar los intereses de la totalidad como estrategia para desvincular al sujeto de las
posibilidades reales de participación en el espacio público y potenciar en el sujeto las
posibilidades (simulacro)(11) de participación en el mercado.
Ahora bien, si nos centramos en este complejo
panorama regional (América Latina) en el marco de la dicotomía que se observa entre el
crecimiento económico (configurado a partir de los indicadores macroeconómicos) y el
aumento de las desigualdades (12), podemos replantearnos la idea de Estado –
contrario a los postulados establecidos por el neoliberalismo (13) - y velar por su
configuración como un agente promotor (intervención) de un régimen democrático
inclusivo donde se fortalezcan las estructuras políticas, económicas y sociales, a modo
de atenuar la tendencia recesiva de la economía actual y focalizar la implementación de
políticas públicas idóneas en virtud de los diversos problemas que deben enfrentar los
gobiernos de América Latina durante la primera mitad del presente siglo.
No obstante, debemos asumir que entre el Estado
y la sociedad se constituye un campo de acción donde se expresan las relaciones
políticas, económicas y sociales propias de las estrategias de poder que, a su vez, determinan los mecanismos de
control que ejercen tanto el Estado como los grupos dominantes. De este modo, estos
sectores administran los modos de producción del sujeto social tanto en su dimensión
práctica como simbólica y, producto de dicha relación entre Estado y mercado, es
innegable que las reglas del sistema institucional son definidas por un Estado que aspira
a mantener la armonía en el proceso de instauración y desarrollo del capitalismo en
América Latina.
Esta relación de interdependencia que se
establece entre el Estado y el mercado se ve afectada no sólo por las embestidas que se
ejecutan por parte de los movimientos sociales emergentes en la escena política regional,
sino que, además, por la incertidumbre permanente que se genera a partir de las
dinámicas fluctuantes de la economía mundial. De modo que el supuesto de un desarrollo y
progreso frustrado por agentes exógenos no es respuesta suficiente para comprender la
debilidad del Estado y su consecuente ausencia en el marco de la defensa de los intereses
colectivos (nación) frente al corporativismo global.
Por tal razón, según Osvaldo Iazzetta:
“Amplias evidencias confirman que,
contrariamente a lo que cabría esperar, el Estado se ha comportado en nuestra región
como un agente predatorio y como un espacio colonizado por intereses particulares que han
dispuesto de sus palancas y recursos para promover colosales transferencias de ingresos a
favor de los sectores privados más concentrados” (2007: 25).
Desde luego este tipo de comportamiento que se
potencia a partir del actual sistema económico neoliberal, le permite al Estado
configurar un discurso político que se integra al conjunto de acciones gubernamentales
planificadas en el marco de una institucionalidad legitimada por un proceso democrático
(elecciones libres) y, además, lo relevante de la configuración de un discurso político
por parte del Estado apunta a la construcción de un consenso(14) apropiado para potenciar
la capacidad de crecimiento económico sobre la base de una articulación político-social
proclive al proceso de acumulación capitalista.
Ello realza la necesidad de cuestionar –
por parte de la ciudadanía – el contenido del discurso político producido por el
Estado y utilizado por las élites estatales como estrategia de poder para la toma de
decisiones sin la necesaria consulta y/o negociación con las diversas partes integrantes
de la sociedad civil. Por lo tanto, el Estado sucumbe ante las presiones de los intereses
privados, relega a un segundo plano la capacidad de regulación ejercida por un sistema
público y, en consecuencia, puede utilizar una lógica de poder despótico (15) para
someter - tanto en el sentido físico como simbólico - a la sociedad civil en nombre de
un supuesto (utopía) bienestar nacional-inclusivo.
Sin embargo, al centrarnos en lo propuesto por
Osvaldo Iazzetta, se revaloriza la noción de lo público pero con la debida
consideración de evitar la existencia de un régimen autoritario, represivo y excluyente:
“Una sociedad de individuos no puede
existir sin un sistema público de regulación que imponga, en nombre de la cohesión
social, la preeminencia del interés general sobre los intereses privados (…) Las
evidencias indican que la maximización del interés individual, lejos de maximizar el
interés colectivo, más bien nos conduce a la ley de la selva” (2007:81).
De todas maneras, cabe recordar que la figura
del Estado no puede estar – únicamente – asociado al concepto de lo público
(institucional), la burocracia (procedimientos) y el aparato estatal (infraestructura y
sistema organizacional). Por el contrario, en palabras de O`Donnell: “El Estado es
también, y no menos primariamente, un conjunto de relaciones sociales que establece
cierto orden en un territorio determinado y, finalmente, lo respalda con una capacidad
coercitiva centralizada” (1993: 64). Pero este ordenamiento tanto territorial como,
desde nuestro punto de vista, simbólico (producción, distribución y configuración de
discursos públicos) que el Estado define a partir de una dimensión económica, legal e
ideológica, busca garantizar la gobernabilidad, la legitimidad de las instituciones y el
control de los posibles espacios de fractura (conflicto-disenso), sobre la base de una
reproducción de relaciones asimétricas de poder.
Con respecto a lo mencionado, O`Donnell agrega:
“El Estado alega en diversas formas –
desde los discursos explícitos hasta la recurrente invocación del simbolismo de la
independencia de la nación – que es el creador del orden que discutimos
anteriormente. Nosotros vemos que ese orden es desigual en todas las sociedades, aun
cuando desde el ápice del Estado se sostenga que resulta igual para todos los miembros de
la nación” (1993: 66).
Se desprende de lo anterior – a modo de
supuesto - que los estados y los poderes económicos en América Latina utilizan el
discurso político para la configuración de representaciones discursivas y para la
organización social del poder simbólico. Es decir que el Estado enmarca las dinámicas
significativas del discurso político sobre la base de un sistema de representaciones
colectivas capaz de generar atribuciones de sentido compartidas de las formas de vida de
una comunidad y, por ende, la acción social de interacción simbólica que se centra en
el actuar del Estado es propia del proceso discursivo donde el significado y las
prácticas significativas se realizan.
Esta importancia del discurso político en la
sinergia del ámbito sociocultural se centra en la capacidad del Estado para adscribir una
intencionalidad otorgada por medio de aquellas acciones gubernamentales que tienden a la
producción de un valor especial en la reproducción de una ideología (16) determinada.
En suma, este status que tiene la práctica social discursiva permite al Estado formular
propuestas ideológicas abstractas que fortalecen sus construcciones sociales y articular
una relación de sentido positiva entre el desarrollo económico y el sistema capitalista
mundial.
“En concreto, la capacidad de acción
económica del Estado en un sistema capitalista como el latinoamericano, que quiere
encuadrarse en un sistema democrático, está estrechamente ligada a su capacidad
política, entendida ésta fundamentalmente como la capacidad para lograr algún tipo de
acuerdo y de apoyo social que haga posible alcanzar objetivos económicos colectivos”
(Faletto, 2007: 152).
En tal sentido, se advierte que el Estado en
América Latina tiende a configurar (imposición/hegemonía/simbólico) a través de la
acción gubernamental (legitimidad), el trabajo de los partidos políticos (intereses) y
el respaldo de las élites económicas (acumulación), un discurso político edificado
sobre la base de un supuesto beneficio social igualitario producto del crecimiento
económico que, únicamente, apunta a la obtención de un consenso nacional como
estrategia vital para alejar los fantasmas (procesos) de la crisis económica y social
experimentados con anterioridad (17).
Sin embargo, se puede apreciar que las crisis
económicas, las políticas represivas(18) y la adopción de ideas neoliberales ejecutadas
por los países latinoamericanos durante el siglo pasado, produjeron una desfragmentación
de la sociedad, debilitaron el papel del Estado en relación al campo de intervención
económica, gatillaron una reducción del gasto público (educación, salud y protección
social) y acrecentaron los niveles de desigualdad en la distribución de las riquezas e
inequidad en el acceso de bienes públicos de calidad. Por lo tanto, no sería una
exageración pensar que la dinámica económica capitalista neoliberal adoptada por los
Estados latinoamericanos, por una parte, tiende a reforzar los espacios colonizados por
los grupos económicos tanto nacionales como transnacionales, favorece la rebelión de las
élites (19) y desmantela las formas de poder público; y, por otra, ha naturalizado la
reducción de los niveles de participación ciudadana, promueve la eliminación de toda
resistencia político-social (sindicatos), transforma el espacio público y provoca una
deslegitimación (desconfianza) de las instituciones políticas (Estado y partidos
políticos) incapaces de dar una respuesta a las demandas sociales de la clase media y de
los grupos de mayor riesgo y vulnerabilidad.
Así entonces, parece que en el sistema
capitalista la figura del Estado y la ciudadanía no deben preocuparse por la creación de
espacios públicos necesarios para la gestación de una participación activa de la
sociedad, puesto que, así como afirma Alain Touraine (1995: 18), “esa época de los
debates sobre la democracia social está cerrada, pero en ausencia de todo contenido
nuevo, la democracia se degrada en libertad de consumo, en supermercado político”.
Por consiguiente, la presencia de un Estado(20) con una fuerza interventora reducida por
la omnipresencia de un mercado antropófago y la permanencia de una sociedad del
espectáculo (21), trae como consecuencia un debilitamiento de la legitimidad de un
sistema democrático que – de manera ideal - debe levantarse sobre la base de los
niveles de participación efectiva que posean los actores sociales en el espacio público
y la construcción de consensos a través de la acción deliberativa que se ejecuta
mediante una participación cívica responsable y compartida por los ciudadanos
integrantes de las múltiples redes sociales.
A nuestro entender, las fallas del mercado han
abierto una puerta para plantear un diálogo acerca del nuevo rol que debe asumir el
Estado en este momento de incertidumbre económico y social. Es decir, la discusión no
puede estar centrada en la negación y aceptación de la capacidad de intervención del
Estado, por el contrario, el tema que nos debe reunir como sociedad civil se sintetiza en
la siguiente pregunta: ¿cómo debe intervenir el Estado en el sistema-mundo actual?
3. NOCIONES FUNDAMENTALES PARA LA COMPRENSIÓN
DEL DISCURSO POLÍTICO
Ahora si bien en el punto anterior nos hemos
centrado – de manera acotada - en
describir la acción del Estado y la importancia
del discurso político en el actual sistema económico capitalista neoliberal, es necesario el desarrollo teórico de algunas
nociones fundamentales sobre el concepto de discurso que nos permitan comprender su
relevancia en el campo político y el rol que cumple en la relación que se instaura entre
el Estado, la ciudadanía y el mercado.
De modo que, como aproximación inicial, el
discurso se plantea como un objeto dinámico que se hace presente en una acción
comunicativa determinada, puesto que involucra a actores sociales (ciudadanía) que poseen
roles establecidos (hablantes y oyentes), que se relacionan en una situación específica
a través de un acto comunicativo determinado por el contexto y que, como consecuencia de
la interacción, producen un sentido.
Por su parte, Siegfried Jäger (2001: 66)
complementa esta concepción del discurso cuando afirma que: “Los discursos
determinan la realidad siempre a través de sujetos que intervienen activamente en sus
contextos societales como (co)productores y (co)agentes de los discursos y cambios de la
realidad”.
De hecho, si el discurso puede ejercer un tipo
de poder bajo las condiciones establecidas por el intercambio comunicativo entre actores
sociales (Estado y ciudadanos), esto nos remite a la asignación de una intencionalidad
otorgada por medio de las acciones ejecutadas por los sujetos participantes de la
interacción discursiva y, por ende, el discurso posee un valor especial en la
reproducción de una ideología determinada. Este status que tiene la práctica social
discursiva permite, por medio de las propiedades del discurso, que los actores sociales
formulen propuestas ideológicas abstractas que fortalecen sus construcciones sociales de
fenómenos particulares o generales (Van Dijk, 1999).
En este mismo sentido, el discurso como acción
comunicativa que se gesta en el seno de la sociedad a partir de las interacciones entre
individuos, es el espacio donde se puede elaborar, construir, reforzar o modificar
representaciones a partir de las formas ideológicos vinculadas a determinadas estrategias
discursivas como es el caso de la retórica a modo de mecánica persuasiva que busca
inocular ciertas nociones positivas (aceptación) o negativas (rechazo) de un fenómeno
social (22). Esta estrategia discursiva sustentada en el plano ideológico dominante
existente en toda interacción social produce una concentración de ideas y nociones de
sentido común capaces de expresar, indicar o acentuar algunas características de un
fenómeno (crecimiento económico) que vayan en directa relación con la intencionalidad
(control) propuesta por el enunciador.
De este modo, el discurso, como afirma Van Dijk
(1997: 21), “no se limita a la acción verbal, sino que involucra significado,
interpretación y comprensión, lo cual significa que el acceso preferente al discurso
público o el control sobre sus propiedades también puede afectar al pensamiento de los
demás”. Esto quiere decir, que los agentes sociales - como ocurre con los
representantes del Estado y de los grupos económicos - con mayor poder y control sobre
las distintas formas de institucionalidad social, tienen la facultad y los mecanismos para
establecer formas de pensamiento asociadas a sus intereses, lo que trae como efecto el
cambio de actitudes y opiniones, en la medida que la apropiación del contenido del discurso – por parte de la
ciudadanía - guarde relación con la información depositada en el mensaje.
Por lo demás, en el caso del discurso
político – visto como mecanismo de interacción y lucha de significados – éste
tiende a la producción de un sentido que se acoge al sistema simbólico del enunciador y
articula un relato verosímil (23) que contempla los elementos de significación
utilizados para representar su propia versión del mundo legitimada por la institución y
por medio de la acción que le adjudique una coherencia compartida, ya que el discurso no
tiene una coherencia propia sino que posee coherencia a partir de la asignación que le
dan los propios usuarios del lenguaje (Van Dijk, 1999) y, como lo señala Courtés (1995),
el contenido de un discurso es interpretable únicamente bajo las reglas impuestas en el
juego que se establece entre el enunciador y el enunciatario.
En consecuencia, los diversos tipos de
discursos (político, económico, mediático, entre otros) que corresponden a los espacios
asignados por los individuos para construir y representar su propia versión de los
fenómenos, pueden poseer una construcción gramatical inaceptable pero la coherencia
discursiva no equivale a una ausencia de contradicciones, sino más bien a la capacidad
que deben poseer los sujetos o colectivos para recibir como coherente un discurso. Y sobre
la base de la interacción social, el intercambio de discursos y su correcta lectura
interpretativa deben apoyarse en la competencia textual de las instancias destinador y
destinatario, lo que se entiende como la capacidad de comprender y generar coherencia en
un texto independientemente de su forma lingüística (Lozano, Peña-Marín y Abril,
1993).
Al afirmar que el discurso es el reflejo de una
lucha interna entre significados dominantes y dominados, entre las estrategias de
construcción de sentido de los múltiples contenidos expuestos y las variadas
interpretaciones que puede hacer el destinatario al tomar como elementos referenciales las
propias experiencias, hay que asumir que en el caso del discurso político (Estado), la
producción discursiva y su posterior apropiación por parte de los ciudadanos, permite al
Estado controlar la práctica discursiva (estrategia de poder), entendida como un
dispositivo (24) que se considera productivo porque genera realidad y (re)configura el
conocimiento de los integrantes de los diversos grupos sociales.
Por ende, en el proceso de configuración del
discurso político - a partir de la lógica capitalista – se contempla que este tipo
de discurso generado por medio de la sinergia del Estado y los grupos económicos
dominantes posee determinados elementos de significación que, a manera de efectos de
sentido en la ciudadanía, pueden producir una representación favorable (según la
intención del destinador) acerca de una parte de la realidad (beneficios del crecimiento
económico versus negación de la desigualdad social).
De igual modo, al apreciar que los discursos
políticos funcionan dentro de una dinámica social intervenida y potenciada por los
medios de comunicación, es posible atribuir al discurso político dominante la capacidad
de instaurar un mecanismo generador de coherencia como condición esencial para su
apropiación por parte de los miembros de la sociedad en el marco del proceso de
interacción social.
De esta manera, al considerar el discurso como
un espacio de interacción entre sujetos individuales y colectivos, es posible afirmar que
a través del discurso el sujeto construye el mundo como objeto y se construye a sí
mismo. Por lo tanto, en el proceso de intercambio discursivo (25) se evidencia una
dinámica relacional asimétrica que permite la representación de la realidad por medio
de la producción de discursos y, a partir de la interacción, plantear el acto de
significar como la acción de modelar y modificar el sentido dispuesto en el objeto
material, donde el factor ideológico juega un papel fundamental en relación a los
posibles mundos que se configuran.
Es preciso recordar, además, que en el caso de
los discursos políticos y en todos los ámbitos institucionales (dominantes y no
dominantes) donde se puedan generar discursos, éstos no son el reflejo exacto de la
realidad sino tan sólo simulan una parte de ella, por consiguiente una vez que el
discurso político entra en contacto con los miembros de la sociedad, éste se convierte
en objeto de negociaciones, lecturas, transacciones y punto de partida de otros discursos.
Tal como sugiere Jäger:
“En tanto que agentes de conocimiento
(válido en un determinado lugar y en un determinado momento), los discursos ejercen el
poder. Son ellos mismos un factor de poder, ya que son capaces de inducir comportamientos
y de generar (otros) discursos” (2001: 68).
En definitiva, debemos asumir – al igual
como lo sugiere Lotman (2000) - que el discurso es un sistema ordenado de signos que tiene
coherencia a partir de las dinámicas de sentido que se establecen en el juego de la
interacción social entre los diversos actores sociales, quienes deben dotar de
significado alguna forma simbólica capaz de representar el conocimiento de algo y, por lo
tanto, la acción social de construir una realidad es propia del proceso discursivo donde
el significado y las prácticas significativas se realizan.
Incluso, es preciso afirmar que en nuestra
experiencia, el discurso – en general - se constituye a partir de un conjunto de
enunciados que poseen coherencia en el marco de la dinámica interactiva que llevan a cabo
los participantes de la relación discursiva, por ende, el discurso político – en
particular - es un proceso comunicativo donde los enunciados que se actualizan
constantemente permiten que las intencionalidades propuestas por los hablantes (Estado o
los grupos económicos dominantes) se proyecten por medio de estrategias de poder y
dispositivos de control a modo de lograr la aceptabilidad del contenido propuesto.
En suma, nos remitiremos a lo formulado por
Jean Caron (1989: 119-120), quien propone tres importantes observaciones en torno a la
noción de discurso:
1.
En primer lugar el discurso supone una puesta en
relación, realizada por la actividad enunciativa, entre un conjunto de enunciados. Sin
embargo, no se puede eludir, por una parte, la actualización de los enunciados en el
proceso de interacción discursiva y, por otra, la
relación de los enunciados que al estar presentes en el discurso remiten a otros
enunciados que les dan sentido y determinan la configuración de las funciones a cumplir
por el discurso.
2.
En segundo lugar el discurso es un proceso, ya que
se desarrolla en el tiempo, de forma orientada. En consecuencia, el discurso aparece como
una sucesión de transformaciones, que permiten pasar de un estado a otro, luego a otro, y
así sucesivamente.
3.
En tercer lugar si se busca comprender el discurso
como un conjunto coherente de enunciados, debemos entender que esta sucesión de
enunciados que se actualizan por medio de una progresión, está dirigida hacia cierto
objetivo. En efecto, como nos sugiere el autor indicado, el discurso es un acto, y como
tal, corresponde a una intención, es decir la acción que funda la unidad del discurso.
4.
CONSIDERACIONES FINALES
Sin duda que el discurso político configurado
por el Estado y potenciado por otros discursos públicos (mediático, económico e
histórico) en el marco de las relaciones entre los diversos actores sociales, puede
desencadenar una serie de apropiaciones que se enmarcan dentro de la estrategia de control
establecida por los grupos dominantes para la legitimidad de sus acciones. El discurso
político, por consiguiente, se transforma tanto en un
eje articulador de la relación entre el Estado y el mercado, como en un
dispositivo hegemónico utilizado por las élites dominantes para generar los consensos
necesarios con las distintas partes de la sociedad (específicamente los excluidos del
consumo material pero privilegiados en el consumo simbólico) (26), lo que permite una
gobernabilidad y estabilidad social como bases para el desarrollo de un régimen pseudodemocrático.
Como ilustra Hugo Calello en una sugerente
reflexión:
“La clave de la dominación en América
Latina para mantener una sociedad con un orden relativo en términos de gobernabilidad, tiene que ver con el poder de
control social (a través de la seducción) del discurso político hegemónico sobre la
sociedad (…) Pero, por otra parte, está en la propia naturaleza de la dominación en
este fin del milenio el mantener vigente el equívoco, o sea, la enredadera de palabras vacías, sobre todo en el
lenguaje político, un lenguaje que cuando menos explícitamente político sea, aumentará
su efectividad, su capacidad de generar un consenso pasivo, sumiso, rutinario” (1999:
42).
Sin embargo, al reconocer la funcionalidad del
discurso político hegemónico dentro de la dinámica capitalista neoliberal que reproduce
lógicas de acumulación legitimidas por el Estado, no se persigue un afán pesimista y
– mucho menos – conformista-pasivo a partir de la crítica establecida, sino por
el contrario se postula una urgencia por mantener activo el debate acerca de la
recuperación del Estado (27) y sus formas (cómo) de intervención y participación en el
actual sistema-mundo.
En tal sentido, las transformaciones de la
sociedad latinoamericana requieren de un Estado que sea capaz de asegurar un desarrollo
económico proyectando – en la medida de lo posible – las fallas de los mercados
mundiales y, por ende, reestableciendo su rol en el marco de las políticas públicas y
planes de contingencia asociados al problema del desempleo en cada país de la región,
mejorando su estructura y la gestión de los recursos para responder de manera más
eficiente a las demandas sociales y disminuyendo la acción represiva de la sociedad civil
por parte de los agentes de seguridad pública.
Visto de este modo, en el caso chileno, como
bien afirma Del Valle, no existe la lógica de reforzar la dinámica del Estado y, más
bien, se promueve un simulacro de democracia al estilo del gatopardismo (28):
“Los Gobiernos Democráticos posteriores a
la Dictadura Militar, que impone este modelo neoliberal, han modificado ciertos procesos,
como el incremento del gasto social en salud, educación y justicia; pero estas
modificaciones han sido moderadas y no han revertido la lógica privatizadora, de tal
manera que se mantiene el sistema de acumulación, el cual no sólo sigue profundizando
las racionalidades económicas neoliberales, sino que también produce transformaciones en
la vida cotidiana de los sujetos” (Del Valle, 2006: 57).
Esto implica, según Norbert Lechner (2007), un
debilitamiento de la comunidad de los ciudadanos y la redefinición del campo de lo
político y el Estado, puesto que las dinámicas actuales de las relaciones de poder
económico (mercado) por sobre la acción de los sistemas informativos (medios de
comunicación), del hombre (ciudadanos) y las instituciones (Estado, partidos políticos y
ONG`s), conlleva una resemantización del espacio público y, en consecuencia, una
transformación progresiva del hommo pûblicus
en hommo videns (29).
En palabras de José Nun:
“La consecuencia es que asistimos a una
enorme concentración no sólo del ingreso y de la riqueza, sino también del poder y las
ideas que se suponen aptas para promover el crecimiento económico y fijar los alcances de
la propia democracia. Doble novedad entonces: que se pretenda consolidar la democracia
representativa mientras, por un lado, no mejoran o se agravan las condiciones de vida de
la mayoría de la población y, por el otro, hegemonizan el proceso los sectores burgueses
más poderosos” (Nun, 2000: 155).
Por consiguiente, poner el acento en la defensa
de un Estado democrático implica experimentar nuevas formas de gobierno que logren evitar
la entronización del modelo capitalista neoliberal como única racionalidad capaz de
mejorar los indicadores asociados al crecimiento económico pero con ausencia de las
garantías necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos de ciudadanía. Por tal
razón, el entramado de relaciones que se propone activar entre el Estado y la ciudadanía
debe apuntar al fortalecimiento de la participación de ambos en el proceso de toma de
decisiones, lo que, a su vez, permitirá conformar una estructura legítima de contrapeso
frente a los procesos de colonización transnacional-privada.
5.
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6. NOTAS
1.
En el marco del presente trabajo se
entenderá el concepto de Estado desde la perspectiva elaborada por Guillermo O`Donnell:
“Conjunto de instituciones y de relaciones sociales que normalmente penetra y
controla el territorio y los habitantes que ese conjunto pretende delimitar
geográficamente (…) Además, el Estado se entiende como un sistema legal, es decir
un entramado de reglas legalmente sancionadas que penetran y codeterminan numerosos
relaciones sociales” (PNUD, 2004: 149-150).
2.
“Se debe apuntar, sin embargo, que las
proyecciones de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional para el periodo
2003-2015 son de un promedio anual de 3.6%, tasa inferior al promedio anual de los años
sesenta y setenta, e inferior también a la de 6% que, según varios estudios, se
necesitaría para reducir la pobreza de manera significativa” (Cáceres, 2006: 1).
3.
La tasa promedio de crecimiento se redujo a
cerca de la mitad, de 5.2% a 2.3%. El desempleo se acentuó, aunque en forma moderada,
mientras la inflación se estabilizaba en un promedio regional de poco más del 10%.
(CEPAL: 1998)
4. 1). Fiscal
Discipline. This
was in the context of a region where almost all countries had run large deficits that led
to balance of payments crises and high inflation that hit mainly the poor because the rich
could park their money abroad. 2). Reordering
Public Expenditure Priorities. This suggested switching expenditure in a progrowth and
propoor way, from things like nonmerit subsidies to basic health and education and
infrastructure. It did not call for all the burden of achieving fiscal discipline to be
placed on expenditure cuts; on the contrary, the intention was to be strictly neutral
about the desirable size of the public sector, an issue on which even a hopeless
consensus-seeker like me did not imagine that the battle had been resolved with the end of
history that was being promulgated at the time. 3).
Tax Reform. The aim was a tax system that would combine a broad tax base with moderate
marginal tax rates. 4). Liberalizing Interest
Rates. In retrospect I wish I had formulated this in a broader way as financial
liberalization, stressed that views differed on how fast it should be achieved,
and—especially—recognized the importance of accompanying financial
liberalization with prudential supervision. 5).
A Competitive Exchange Rate. I fear I indulged in wishful thinking in asserting that there
was a consensus in favor of ensuring that the exchange rate would be competitive, which
pretty much implies an intermediate regime; in fact Washington was already beginning to
edge toward the two-corner doctrine which holds that a country must either fix firmly or
else it must float “cleanly”. 6).
Trade Liberalization. I acknowledged that there was a difference of view about how fast
trade should be liberalized, but everyone agreed that was the appropriate direction in
which to move. 7). Liberalization of Inward
Foreign Direct Investment. I specifically did not include comprehensive capital account
liberalization, because I did not believe that did or should command a consensus in
Washington. 8). Privatization. As noted
already, this was the one area in which what originated as a neoliberal idea had won broad
acceptance. We have since been made very conscious that it matters a lot how privatization
is done: it can be a highly corrupt process that transfers assets to a privileged elite
for a fraction of their true value, but the evidence is that it brings benefits
(especially in terms of improved service coverage) when done properly, and the privatized
enterprise either sells into a competitive market or is properly regulated. 9). Deregulation. This focused specifically on
easing barriers to entry and exit, not on abolishing regulations designed for safety or
environmental reasons, or to govern prices in a non-competitive industry. 10). Property Rights. This was primarily about
providing the informal sector with the ability to gain property rights at acceptable cost
(Williamson, 2004: 3)
5.
Según Markoff (1996: 156, citado en Gómez,
2004: 27), la pseudodemocracia (la cursiva es
nuestra) se entiende como “un régimen político que cuenta con elementos
democráticos, pero que de ninguna forma y en ningún grado disponen realmente de
gobiernos controlados por su ciudadanía”.
6.
“Trivialmente,
para estar en condiciones de manipular a muchos otros a través del texto oral o escrito,
se necesita tener acceso a alguna forma de discurso público, como los debates
parlamentarios, las noticias, artículos de opinión, textos de estudio, artículos
científicos, novelas, programas de televisión, propaganda, internet, etc. Y puesto que
este acceso y control a su vez dependen de y constituyen el poder de un grupo
(institución, profesión, etc.), el discurso público es al mismo tiempo un medio de
reproducción social de ese poder. Por ejemplo, los políticos pueden ejercer su poder
político a través del discurso público y, a través de este, pueden simultáneamente
confirmar y reproducir su poder político. Lo mismo se puede decir de los periodistas y
profesores universitarios y sus respectivas instituciones (los medios, la universidad,
etc)” (Van Dijk, 2006: 52).
7.
La ciudadanía, en el sentido de Garretón
(2006), sufre los efectos de las transformaciones económicas neoliberales que determinan
a los miembros de una comunidad como consumidores potenciales dentro del amplio mercado de
productos por los cuales todos deben competir. Entonces, se instalan patrones económicos
que, por una parte, regulan la vida de la comunidad y restringen la intervención del
Estado en la dinámica societal y, por otra, niegan la existencia de un conflicto social
producto del fenómeno de exclusión que redefine las formas de interacción entre los que
son integrados y los que son rechazados en el proceso de conformación de una inactiva
sociedad civil.
8.
Foucault (1999: 239)
9.
“En suma, estas reformas (Consenso de
Washington) no resultaron neutras en términos de poder económico y social. El reemplazo
de monopolios estatales por otros privados que ocasionó el proceso de privatizaciones
creó un nuevo polo de poder que reúne una enorme capacidad reguladora sobre mercados
decisivos. Asimismo, la entronización del mercado como máxima instancia de
coordinación, sometió a sus reglas la distribución de bienes públicos (salud,
educación y seguridad social), convirtiendo en bienes mercantiles lo que antes se
reconocía como derechos ciudadanos” (Iazzetta, 2007: 100).
10.
“La región afrontó una profunda
crisis durante los años ochenta, la que surgió de la gran deuda acumulada durante los
años setenta y de los efectos recesivos del peor contexto externo desde los años
treinta, tanto en el mercado de bienes como en el financiero. Durante esta década, la
región afrontó el impacto combinado del incremento masivo de la subida real en la tasa
LIBOR, un cese total de préstamos voluntarios en los mercados financieros
internacionales, el estancamiento de la demanda de productos básicos por las economías
de mercado desarrolladas (EMD) y una caída del 23 por ciento de los términos de
intercambio entre 1980 y 1990” (Halperín Donghi, T, Glade, W, Thorp, R, et al, 2002:
346).
11.
Baudrillard (1978: 76-77, 1996: 93)
12.
En el informe acerca de las trayectorias del desarrollo humano en las comunas de
Chile (1994-2003), elaborado por la División Social del Ministerio de Planificación
(Mideplan) y el equipo de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), se estable lo siguiente: “En Chile la desigualdad en la
distribución del ingreso se mantuvo, en general, alta y estable en estos nueve años, con
un Coeficiente de Gini 0,57 para 2003, en las regiones tampoco se observan cambios en este
indicador, salvo en las de Coquimbo y Magallanes, donde en 2003 la distribución del
ingreso empeora con respecto a 1994. La situación de la pobreza a nivel nacional y
regional muestra mejoras muy importantes en los nueve años analizados. A nivel del país
la incidencia de la pobreza disminuye de 27,6% en 1994 a 18,7% en 2003. Todas las regiones
participan de esa tendencia, aunque con diferente velocidad. Siete regiones disminuyen
este indicador por sobre los 10 puntos porcentuales. Las restantes presentan una
variación absoluta menor, especialmente las que ya habían logrado más bajos niveles de
pobreza en 1994”. (MIDEPLAN-PNUD, 2003: 16)
13.
“El
Consenso de Washington había ignorado las fallas del mercado, viendo al gobierno como el
problema y proponiendo repliegues de gran escala en la participación del Estado.
Tardíamente, se reconoció la necesidad de mejorar el Estado y el hecho de que muchos de
los estados en los que no se estaba dando el desarrollo no padecían de demasiado gobierno
sino de demasiado poco gobierno-los estados fallidos” (Stiglitz, 2004: 12)
14.
La búsqueda de consensos para potenciar el
crecimiento económico se suele sustentar en el reforzamiento de una política de
liberalización de los mercados financieros y
de capitales como plataforma ideológica central del capitalismo neoliberal. Sin embargo,
Joseph Stiglitz sugiere que “el motivo más importante por el cual la liberalización
de los mercados financieros y de capitales puede que no esté relacionada con el
crecimiento es que favorece la inestabilidad. La inestabilidad, como hemos aprendido en la
lección primera, tiene importantes efectos adversos sobre el crecimiento. (...) Un modelo
de inestabilidad implica un mayor riesgo para la inversión, poniendo freno así a una de
las principales fuentes de crecimiento” (2001: 44).
15.
Iazzetta (2007: 27)
16.
La ideología - desde la perspectiva de Marx
(citado en Larraín, 2007: 76-77) - se entiende como “una solución al nivel de la
conciencia social de contradicciones que no han sido resueltas en la práctica. El efecto
específico de estas soluciones distorsionadas es el ocultamiento o representación
inadecuada de la misma existencia o carácter de esas contradicciones (…) Incluso, la
ideología se considera como un fenómeno histórico que necesariamente cambia con el
desarrollo de las contradicciones sociales”. De modo que las contradicciones resultan
de las condiciones materiales producidas por el hombre y que logran independencia por
sobre los individuos, lo que, a su vez, repercute en la generación de un tipo de poder
que regula las actividades del hombre y se constituyen en el fundamento para la
elaboración de representaciones acerca de la realidad.
17.
En el marco de la crisis económica (década
del 80), O`Donnell (1993: 85-86) plantea que países como Chile, Bolivia y Argentina,
compartieron los siguientes rasgos en común: 1) un Estado que como principio del orden
tiene una autoridad minúscula sobre la conducta de muchos actores (…); 2) un
movimiento obrero completamente derrotado en el sentido de que ya no es capaz de oponerse
a las políticas neoliberales, excepto con protestas desagregadas y efímeras; 3) una
clase capitalista que sustancialmente se devoró así misma, con los ganadores
metamorfoseándose en conglomerados centrados financieramente y orientados hacia fuera
(…); y 4) un sentimiento generalizado de que la vida bajo una inflación continua e
incierta es tan insoportable que cualquier solución es preferible, incluso si esa
solución ratifica un mundo aún más desigual en el que se han perdido muchas formas de
sociabilidad solidaria.
18.
Según Guillermo O`Donnell: “Un país
que experimentó hace poco esos problemas, pero que parece haber encontrado una salida, es
Chile. Con una eficiencia que habría admirado Lenín, las políticas del régimen de
Pinochet lograron la destrucción de casi todo lo que quedaba (después del gobierno de
Allende) de una burguesía orientada al mercado interno, a la sustitución de las
importaciones - y que estaba demasiado agradecida por haber sido salvada como clase como
para ponerse a organizar ninguna oposición concertada -. Desde luego, el gobierno de
Pinochet también reprimió brutalmente los sindicatos obreros y los partidos políticos
que podrían haber articulado una oposición eficaz a sus políticas” (1993: 84).
19.
La
rebelión de las élites es una idea acuñada por Christopher Lasch (1995, citado en
Iazzetta, 2007: 92) para explicar el comportamiento (solidaridad intragrupal) de los
grupos sociales favorecidos y que da forma a un nuevo tipo de exclusión social voluntaria
explicitada en la acción centrípeta de los grupos dominantes (destinar el financiamiento
y apoyo para el desarrollo de servicios y bienes consumibles sólo por un grupo
específico de individuos, por ejemplo espacios de entretención como clubes de golf ).
20.
Según los datos obtenidos por el informe
del PNUD (2004: 29), la población en América Latina percibe que las causales de la
disminución de soberanía interior del Estado se asocian a los siguientes temas: 1. El
desequilibrio en la relación entre política y mercado 2. la presencia de un orden
internacional que limita la capacidad de los Estados para actuar con razonable autonomía
y 3. la complejización de las sociedades que los sistemas de representación no pueden
procesar.
21.
Según Guy Debord (2005: 52-55) “el
espectáculo es el momento en el cual la mercancía alcanza la ocupación total de la vida
social. No es únicamente que se haga patente la relación con la mercancía, sino que ya
no hay otra cosa más que esa relación: el mundo visible es su mundo (…) El mundo a
la vez presente y ausente que el espectáculo hace visible es el mundo de la mercancía
que domina toda vivencia. De este modo, el mundo de la mercancía se muestra tal y como
es, pues su movimiento se identifica con el distanciamiento de los hombres entre sí y con
respecto a su producción global”.
22.
Marx (1976, citado en Larraín, 2007: 69)
advierte que “la clase dominante está obligada, sólo para realizar su objetivo, a
presentar sus intereses como los intereses comunes de todos los miembros de la sociedad,
esto es, expresado en forma ideal: tiene que darle a sus ideas la forma de la
universalidad, y presentarlas como las únicas racionales y universalmente válidas”.
Y agrega Larraín: “Esto lleva a Marx a decir que, al comienzo, la ilusión de los
intereses comunes es verdadera. Esta ilusión es destruida tan pronto como la clase
dominante desarrolla sus intereses particulares en oposición a las clases dominadas. Sin
embargo, en esta situación es muy difícil para las clases dominadas desarrollar
plenamente formas de pensamiento autónomo, por su falta de medios de producción
intelectual y por las restricciones generales que les son impuestas por las relaciones
sociales dominantes” (2007: 69).
23.
“El
discurso verosímil no es solamente una representación correcta de la realidad socio-cultural, sino
también un simulacro montado para hacer parecer
verdad, y que depende, por ello, de la clase de los discursos persuasivos”
(Greimas y Courtés, 1990: 436)
24.
Para Michel Foucault (1978, citado en
Jäger, 2001: 71) el concepto de dispositivo se debe entender como “un conjunto
decisivamente heterogéneo que abarca los discursos, instituciones, instituciones
arquitectónicas, decisiones regladas, leyes, medidas administrativas, afirmaciones
científicas, enseñanzas filosóficas, morales o filantrópicas, en resumen, lo que se
dice y lo que no se dice”. Se erige por ende, una comprensión del discurso
(dispositivo) como práctica social y objeto material que, por una parte, porta en sus
entrañas un conocimiento y, por otra, determina una configuración de la realidad, lo que
– en palabras de Siegfried Jager – “permite a los discursos ejercer un
poder porque transportan un saber con el que se nutre la conciencia colectiva e
individual, así como el fundamento de la acción formativa que moldea la realidad”
(2001: 69).
25.
“Por lo discursivo no entiendo nada que
en un sentido estricto se relacione con los textos, sino el conjunto de los fenómenos de
la producción societal de significados sobre el que, como tal, se basa una sociedad. La
cuestión no es que consideremos que lo discursivo es un plano o una dimensión de lo
social (…) Por consiguiente, lo no discursivo no es lo opuesto de lo discursivo, como
si tuviésemos que vérnoslas con dos planos diferentes, porque no hay nada societal que
se encuentra determinado al margen de lo discursivo. La historia y la sociedad son por
consiguiente un texto inacabado” (Laclau, 1981: 176, citado en Jäger, 2001: 74).
26.
A fin de ilustrar los conceptos mencionados,
se utilizará el planteamiento acerca de las paradojas de la juventud expuesto por Martín
Hopenhayn: “Por un lado, la ampliación del acceso a símbolos, mensajes, imágenes,
información y conocimiento ha sido exponencial para los jóvenes en las últimas décadas
(…) Esto hace que el acceso a bienes simbólicos se multiplique año tras año. Pero
esta tendencia no tiene una contraparte proporcional en el acceso a bienes materiales,
dado que la fuente principal de ingreso es el empleo y durante los noventa aumentó el
desempleo juvenil y los ingresos de jóvenes ocupados se mantuvieron muy por debajo de los
promedios de ingresos de los adultos. Además, si bien el porcentaje de jóvenes pobres de
la región, medido por línea de pobreza, se redujo de 43 a 41 por ciento entre 1990 y
2002, tenemos que en 2002 había 7,6 millones más de jóvenes pobres en la región que en
1990” (2005: 151-152)
Véase CEPAL-OIJ. 2004. La
juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias. Santiago de Chile.
27.
Es importante reforzar que la idea alusiva a
la recuperación del Estado no tienen una relación exacta con la noción desarrollista
del Estado como poder tecnocrático de tipo corporativista, puesto que - desde nuestra
perspectiva, en unión con las ideas planteadas por Negri y Cocco (2006), - un Estado del
S.XXI debe configurarse sobre la base de un criterio democrático inclusivo de la
ciudadanía, participación efectiva de los actores sociales, protección de los bienes
públicos y defensa de la justicia social necesaria para la convivencia de la sociedad.
28.
Se entiende como el acto de cambiar algo para que – en el fondo - nada cambie.
29.
Giovanni Sartori (1998)