Debate sobre desaparecidos en la Argentina de Menem

Por la memoria y contra la impunidad.

Alicia Fignoni *

Lejos de ser una cuestión pasada y olvidada, el debate sobre los desaparecidos durante la dictadura militar ha sido reabierto.

La dimensión ética subyacente al mismo y la renuncia a los dispositivos jurídicos del estado para aplicar la ley y hacer justicia, han mantenido vigente los reclamos de gran parte de la sociedad argentina.

Poco tiempo antes de la reelección de Menem, en mayo de 1995, se dieron a conocer declaraciones de algunos integrantes del sector castrense implicados en la llamada "guerra sucia". Después de hacer una especie de "mea culpa", los mismos reconocieron públicamente haber cometido excesos en la lucha contra la subversión, los que fueron atribuidos a bandas armadas descontroladas. Sin embargo, el informe elaborado por la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), conocido con el nombre de NUNCA MAS, puso en evidencia que la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar se realizó en forma planificada y sistemática. Al decir de Hannah Arendt, "el totalitarismo define ideológicamente a sus enemigos antes de adueñarse del poder". La dictadura argentina hizo lo propio antes del golpe de estado. Es importante señalar que en 1976 (año en que se instaura el régimen de facto), la guerrilla, en tanto que organización armada, ya había sido derrotada desde el punto de vista militar. No obstante, coherente con la tarea mesiánica que el sector castrense se atribuye, su acción se orientó, según lo revela su práctica discursiva, a recuperar los valores propios de la moral cristiana, combatiendo, apoyados en la doctrina de la seguridad nacional, al marxismo internacional. La finalidad última fue la de producir un profundo cambio en las pautas, valores, normas, instituciones, métodos, hábitos y hasta en la mentalidad ciudadana, tendientes a ajustarlos a la estructura socio-económica y al modelo de acumulación de capital que buscaban instaurar.

En este sentido, la crisis del capitalismo tardío empujó hacia una readaptación del modelo político de los países periféricos a las nuevas reglas estipuladas por los países centrales, dentro de un esquema hegemónico de poder. Esto implica un cambio en el sentido de la práctica política, concebida como racionalidad técnica, vaciada de todo contenido ético. Habermas explica que el poder político adopta a la racionalidad técnica como forma de controlar el desarrollo económico, apuntando a la despolitización de la sociedad civil. Este vaciamiento del contenido ético de la política queda reflejado en el debate sobre los desaparecidos, en las leyes llamadas de punto final y obediencia debida decretadas por el presidente Alfonsín en 1987, las que libraban de toda responsabilidad a los representantes castrenses que participaron en la represión. En igual sentido, un año después de la elección de Menem (1990), éste decretó la ley de amnistía por la que se concedió la libertad y el perdón a los comandantes de las tres fuerzas, principales responsables de la guerra sucia, quienes en 1985 habían sido juzgados y encontrados culpables de los delitos de lesa humanidad.

El llamado del gobierno menemista al olvido, a la pacificación y a la reconciliación del pueblo argentino, apunta a una articulación de los consensos de distintos sectores sociales, a la reafirmación de apoyos y lealtades indispensables para garantizar la legitimación de una realpolitik y de una pragmática política carente de toda valoración ética, atentatoria, en última instancia, de nuevas fomas de convivencia .

En marzo de 1997, a 21años del golpe de estado, la sociedad se manifestó masivamente repudiando la dictadura militar y contra el olvido. Lo que significa que si bien el gobierno menemista ha apuntado a desarticular los movimientos y grupos sociales organizados y quitarles su fuerza intrínseca, el reclamo de justicia trasciende las fronteras de lo permitido, fuera del margen de consenso buscado desde el gobierno. Este cobra su fuerza desde lo individual, desde cada memoria, desde cada conciencia.

La pacificación buscada por el gobierno implica en este contexto, el desprecio por la normatividad jurídica como instancia de resolución de conflictos, el rechazo a las libertades ciudadanas en las cuales se inserta el reclamo de una parte significativa de la sociedad y lo que es más grave el olvido, que abre camino a la impunidad y atenta contra la memoria colectiva que es estigma de la cultura de los pueblos.

* Investigadora del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos (DEILA) del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH). Responsable del Proyecto de Investigación: "Articulación de consensos y legitimidad en el proceso político argentino a partir de 1989".

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