MILITARISMO,
DEMOCRACIA Y CONFLICTO POLÍTICO EN LA VENEZUELA DE HUGO CHÁVEZ (1998-2002)[i]
Juan Eduardo Romero
La Universidad del
Zulia-Venezuela
RESUMEN
Se pretende abordar el estudio de las relaciones entre el poder civil y el militar
en el gobierno de Hugo Chávez, a partir de su llegada al poder en diciembre de 1998, para
ello se analizan las condiciones históricas del desarrollo del militarismo en América
Latina y Venezuela, para enmarcar los procesos sucedidos en el sistema político
venezolano en los últimos años. Se estudian los planteamientos que constituyen la
doctrina política del chavismo, basados en los señalamientos hechos por el sociólogo
argentino Norberto Ceresole y la forma como dichos planteamientos son articulados en el
accionar público del Presidente de Venezuela y sus allegados. Se concluye estableciendo
que el desenvolvimiento conflictivo que experimenta la democracia venezolana, esta
asociado a la modificación de las condiciones sociopolíticas que caracterizaron al
sistema populista venezolano durante el período 1958-1998, y la creciente beligerancia y
protagonismo adquirido por los nuevos actores políticos y algunos sectores de las fuerzas
armadas nacionales.
Palabras
Claves: democracia, militares, Chávez, partidos políticos, conflicto
MILITARISM,
DEMOCRACY AND POLITICAL CONFLICT IN THE
SUMMARY
This paper studis the relations between civil and military power in the
government of Hugo Chávez, from his coming to power in December of 1998;
the historical conditions of the development of militarism in Latin America and
Venezuela are analyzed, to establish a framework of the changes in the
Venezuelan political system in the last few years. The paper studies the foundations of
the political doctrines of chavismo, based on work already done by
Argentine sociologist Norberto Ceresole and the form in which these foundations are
articulated in the public actions of the President of Venezuela and his close
associates. The conclusion establishes that the unfolding conflict
experienced by the Venezuelan democracy, is associated with the
modification of the sociopolítical conditions that characterized the
Venezuelan Populist system during 1958-1998, and with the increasing
belligerence and protagonism acquired by new political actors and some sectors of
the national Armed Forces.
Key
words: the political democracy, military, Chávez, parties, conflict
1.
MILITARES,
ESPACIO PÚBLICO Y DEMOCRACIA EN VENEZUELA (1958-1998)
1.1.
LOS
ANTECEDENTES DE LAS RELACIONES CIVILES Y MILITARES EN AMÉRICA LATINA (SIGLO
XIX-PRINCIPIOS DEL SIGLO XX)
En
la historia de Latinoamérica los militares siempre han jugado un papel primordial en la
configuración de sus sistemas políticos. Este axioma es una consecuencia del
desenvolvimiento adquirido por los caudillos en los procesos de independencia, sucedidos
en los primeros años del siglo XIX. Cuando se produce la crisis del sistema colonial
español (Lynch, 1982) surgen de las cenizas del sistema social un nuevo actor: el
caudillo[ii],
entendido como un líder popular ligado al binomio relaciones sociales/factores de
producción. Es él quién encarna la transición del antiguo régimen a una sociedad
premoderna, en donde los valores y representaciones que caracterizaron el mundo colonial
no tenían la misma significación. Atrás quedaron los enunciados en torno a la igualdad
y la participación en el nuevo orden, y se abría paso una sociedad estructurada
alrededor de la dominación ejercida mediante el control de la tierra, los hombres y los
recursos productivos (Prato,1991).
Entre
el siglo XIX y XX, se dibuja en América Latina un Estado Nacional caracterizado por un
modelo de crecimiento económico de tipo primario-exportador y dependiente de los mercados
externos, conjuntamente con una sociedad
jerárquica, dominante y autoritarista, donde se presenta una alianza estratégica entre
los actores hegemónicos
(terratenientes, comerciantes exportadores, financistas, funcionarios públicos y
jefes militares, que imponen el orden) que conforman un sistema que acrecienta
constantemente su poder y dominación sobre el resto de la sociedad toda
(Kaplan,1989:69-74), creando con ello frecuentes enfrentamientos por el control de los
excedentes de producción generados por el sistema económico (Lenski,1993).
La
estructura del Estado Nacional, requirió para su funcionamiento, una serie de procesos de
organización colectiva y política económica, a través de los cuales el sistema
productivo heredado de la estructura colonial es mantenido en sus funciones explotadoras.
Asimismo, requirió de un orden político-institucional en el cual se conjugaban la
oligarquía - surgida del proceso de independencia y posterior repartición de propiedades
coloniales - y las fuerzas armadas, estructuradas con la misión de dar fin a la anarquía
y el caudillismo, característicos de la primera y segunda mitad del siglo XIX en toda
Latinoamérica (Kaplan,1989).
El
proceso de concentración de poder económico y social, la inamovilidad social y la
perpetuación de las estructuras de control y dominación sobre la población, hicieron
posible la extensión de un modelo de dominación en el cual los factores de fuerza –
entre ellos los grupos armados en torno a los caudillos- ejercieron acciones coactivas
destinadas a lograr el convencimiento mediante la amenaza o el uso real de la violencia[iii].
En esta dinámica, el cacique, el caudillo, tienen a su disposición una intrincada red de
acólitos obedientes y sumisos, asociados a él por relaciones de producción y
subordinación sustentado en la explotación de la mano de obra ligada a la producción
agrícola (Rouquié,1984). En esa estructura de dominación y control, eran comunes los
enfrentamientos entre los diversos sectores hegemónicos por el control de la producción
y por el mantenimiento del status quo generados
por el Estado Nacional, ello explica las sucesivas condiciones de enfrentamiento civil y
militar que caracterizaron la historia de América Latina durante todo el siglo XIX.
Por
otra parte, el hecho que el mantenimiento del frágil equilibrio político de los Estados
Nacionales en el siglo XIX, se realizó a través de la mediación de la fuerza armada de
los caudillos o grupos armados, nos explica la sujeción o el mimetismo del elemento civil
al dominio militar. Era lógico suponer, en ese “orden” inorgánico que era el
Estado Nacional decimonónico, la preponderancia adquirida por el factor militar en la
articulación y control social de una estructura fragmentada y plagada de contradicciones
y enfrentamientos, al respecto Alan Rouquié señala:
“…evidentemente,
el golpe de Estado militar se inscribe en la dinámica de un Estado orientador y árbitro
entre los sectores integrantes de la sociedad, al servicio del status quo susceptible de ser reordenado e
incluso trastornado de arriba abajo con tal de garantizar lo esencial: las relaciones de
dominación, la exclusión social y/o política” (1984:51)
Esta
influencia histórica, generada por la “subordinación coactiva”[iv]
del elemento civil al militar, marcó la dinámica de desenvolvimiento del Estado Nacional
en América Latina, motivando un fenómeno que se caracterizó por la progresiva ausencia
del ciudadano en el espacio público, producto del hecho que la participación – que
es la base de la ciudadanía- quedó secuestrada a través del control militar ejercido
por los caudillos históricos.
1.2.
RELACIONES ENTRE EL PODER CIVIL Y MILITAR EN LA ESFERA PÚBLICA. VENEZUELA SIGLO XIX-PRIMERA
MITAD DEL XX.
Con
la Crisis de la Sociedad Colonial, a principios del siglo XIX, se genera una dinámica que
produce el surgimiento del Estado Nacional a partir de las provincias agrupadas en la
denominada Capitanía General de Venezuela, dando origen a un proceso que sustituyó el
principio legitimador de la estructura colonial, que estuvo sustentada en la figura del
Rey, por otra que tuvo como centro pívot el concepto de nación (Carrera Damas, 1986).
Esa sustitución requirió un orden estructural, que asumiera la difícil transición del
orden imperial a la nueva república premoderna, que hiciera posible asegurar una
estructura de poder interno donde las clases dominantes criollas, surgidas triunfantes del
proceso de independencia, conservarán y/o ampliarán los privilegios y beneficios dados
por el control absoluto de las relaciones de poder.
Sin
embargo, este proceso implicaba estructurar acuerdos mínimos en relación a la
articulación de los diversos factores de poderes locales y regionales, en la
construcción de un “orden” supraestructural, que facilitará la participación
de todos en el usufructo de los excedentes de producción, derivados del comercio agro
exportador (Iturrieta, 1993). Para ello se generó un proceso de integración alrededor
del denominado Proyecto Nacional, que tuvo amplías dificultades expresadas en los
frecuentes enfrentamientos de clase entre los sectores hegemónicos dominantes (Lombardi,
1985).
Lo
característico de este proceso, fue el enfrentamiento violento, a partir de las
estructuras de poder local y regional, sustentados en las formas de apropiación y
explotación de los factores de producción, que seguían manteniendo los patrones y
formas de explotación característicos de la sociedad colonial (Carvallo y Hernández,
1984). Hasta bien entrado el siglo XIX, para ser más específicos hasta 1864, con la
firma del Tratado de Coche[v],
que da fin a la Guerra Federal, no se produce una verdadera unificación de los factores
de poder interno de la sociedad venezolana, propiciando una integración territorial que
había sido esquiva en la primera mitad del siglo XIX (Carrera Damas, 1997:80-90), y que
no se concretaría hasta aproximadamente la tercera década del siglo XX.
Entre
ambos momentos queda establecido el problema que el caudillismo genera en la estructura de
poder interna de la sociedad venezolana. La excesiva incidencia del elemento militar en el
mantenimiento del orden institucional, generó un proceso de progresivo deterioro de la
participación del factor civil, en la estructura política en Venezuela, pues hacer
política era entendido como el “hacer la guerra” (Caballero,1995) y era así,
porque la política no se comprendía en el sentido que lo explicaba Hanna Arendt:
“el hacer juntos entre diversos”(1999), por el contrario, la política era
participar en el único espacio público de debate para el siglo XIX y principios del XX:
el enfrentamiento entre caudillos en un campo de batalla.
Este
proceso tiene una explicación en el campo de la filosofía política. Y esta relacionado
al concepto de la esfera pública que:
“… se refiere a un espacio jurídicamente privado en el
que individuos sin estatus oficial buscan persuadirse los unos a los otros por medio de la
argumentación racional y la crítica en torno a asuntos de interés general. Además
de ser el vehículo ideal de comunicación de lo público civil, la discusión crítica
racional tiene el importante propósito de controlar e influir la formación de políticas
en las instituciones jurídicamente públicas del Estado. Por otra parte, en términos de
su ideal (inevitablemente contrafactual), la esfera pública es universalmente accesible,
incluyente, y está a salvo de las deformaciones del poder económico y político y del
estatus social” (Arato y Cohen, 1999) resaltado nuestro.
Este
concepto es esencial para entender el problema del militarismo[vi]
en Venezuela, pues al no existir en el transcurso del siglo XIX y en buena parte de la
primera mitad del XX, una esfera pública consolidada, en donde los individuos pudieran
“discutir” los asuntos públicos, por estar estos bajos el control social-
militar y hegemónico de los factores de poder ligados a las formas de tenencia de la
tierra, se entró en una circunstancia donde el ciudadano – como realidad y concepto-
no tenía ningún valor, pues a este se oponía el concepto del “orden” ,
derivado de una relación de obediencia y sujeción a la autoridad militar, a través de
la amenaza del uso de la fuerza armada. Al no existir esa esfera de acción social, donde
se debatiera el desarrollo de los procesos sociales, políticos y económicos se generó
un accionar que giro alrededor de las decisiones tomadas por los grupos de control y
dominación, es decir, no existió intermediación entre la toma de decisiones y los
individuos a quienes afectan esas decisiones.
La
inexistencia de ese espacio, debe ser comprendida dentro de una óptica más amplía,
derivada del hecho que la estructura misma del Estado Nacional implementado a partir del
gobierno de Antonio Guzmán Blanco en 1870[vii],
y las modificaciones introducidas por el Castrismo-gomecismo[viii]
desde 1899 hasta 1935, insistían en una centralización de las decisiones a través de
mecanismos de control y subordinación, que en nada contribuían a la ampliación de los
espacio públicos de acción del ciudadano, por el contrario, procuraron su control y
secuestro, por parte de las élites políticas-militares[ix].
Este
proceso de división entre lo que Alfredo Ramos Jiménez (1998) denomina la sociedad
política y la sociedad civil continúo hasta bien entrado la segunda mitad del siglo XX,
y la superación de esa diferencia en el desarrollo, sólo estaría acompañado por la
consolidación de la participación de calle dada en Venezuela a partir de 1936 y la
creciente irrupción de los partidos políticos modernos (Caballero, 1988) modificando las
condiciones de la vida pública en el país.
Esa
escasa consolidación de la sociedad civil[x],
generó que la sociedad política venezolana -hasta los inicios de la democracia
representativa en su primer intento entre 1945-1948- estuviera dominada por el control que
el elemento militar ejerció sobre ella[xi].
Algunos autores (Dávila, 1989) hablan de democracia restringida para ejemplificar la poca
o nula consolidación del accionar ciudadano en el espacio público en la 1era mitad del
siglo XX.
El
gobierno de López Contreras[xii]
(1935-1941), así como el de Isaías Medina Angarita (1941-1945) hicieron especial
hincapié en mantener al mundo militar privilegiado en su atención por parte del Estado
Nacional, tal como queda demostrado en la alocución inaugural de Medina Angarita en mayo
de 1941:
”…Las
instituciones armadas nacionales, acreedoras a la gratitud pública porque, abnegada y
decorosamente extrañas a todo cálculo material, cumplen misión de primer orden en el
servicio de la Patria, recibirán de mi gobierno protección solícita, como que en
acrecer su capacidad técnica, elevar al máximo su nivel moral, dotarlas de los recursos
que exige su constante perfeccionamiento…”(Suárez,1977:11).
Esta
atención de los mandatarios nacionales, se mantendría en el período comprendido entre
1945-1958[xiii],
y fue así por el hecho del papel resaltante jugado por las FFAA, como custodios de las
armas, en el mantenimiento de la paz y la estabilidad política
1.3.
LAS
FFAA, POLÍTICA Y DEMOCRACIA EN VENEZUELA (1958-1998).
La
instauración del sistema político de conciliación (SPC) en 1958, significo la
modificación del papel hegemónico representado por las FFAA durante la 1era mitad del
siglo XX. El establecimiento de la democracia populista, le asignó a las FFAA una
subordinación al poder civil que no se había presentado con anterioridad, dada la
capacidad expresada por los militares para incidir en el establecimiento, derrocamiento o
mantenimiento de un gobierno[xiv].
El
SPC, estaba basado en el cumplimiento de tres condiciones básicas: a) la búsqueda del
consenso entre los actores políticos preponderantes; 2) la erradicación del conflicto en
la formulación de las políticas de Estado y 3) el avance a partir de un programa
nacional de consolidación de la estructura económica y social venezolana (Romero,
2002a:231).
Toda
la sustentación del sistema estaba sustraída al cumplimiento de una serie de pactos,
esenciales para lograr el mantenimiento del clima de convivencia político: 1) el
avenimiento obrero-patronal del 24 de abril de 1958; 2) el Pacto de Punto Fijo, del 31 de
octubre de 1958; 3) el programa democrático mínimo, del 6 de diciembre de 1958 y 4) el
Convenio entre la república de Venezuela y la Santa Sede (Bracho, 1992:113).
El
Pacto de Punto Fijo, incluyo explícitamente a las FFAA, tratando con ello de desmontar la
estructura de poder, establecida en el período comprendido entre 1952-1958, durante la
dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ese intento de los partidos firmantes del Pacto de
subordinar la autoridad militar al gobierno de los civiles, tuvo sus resistencias
manifestadas en sectores que dentro de las FFAA se negaban a someterse a las normas de
“institucionalización” fijadas por los actores políticos[xv],
que quedarían manifestados en los sucesivos alzamientos militares del Carupanazo,
Barcelonazo, Porteñazo y el Guairazo[xvi]
sucedidos todos en el período 1962-1963.
El
gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1963), intento desde un principio una política con
dos objetivos claves: 1) acoplar a las FFAA al nuevo orden institucional democrático y 2)
obtener el apoyo tácito de los comandos generales de las FFAA a su gestión de gobierno[xvii].
Para
ello, adelantó una serie de acciones destinadas a cumplir sus objetivos, a través de la
implementación y dictado de instrumentos jurídicos, que restringieron el campo de
acción de los militares a la autoridad civil, específicamente a la autoridad del
Presidente de la República, procurando con ello dar al traste con la injerencia del
sector militar en la vida política venezolana[xviii].
Esas medidas, se concretaron en dos instrumentos jurídicos: La Constitución Nacional de
1961 y La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (Romero et al, 1999:33-34), que estableció
a través del Artículo 131 y el Artículo 5to[xix]
respectivamente, la obediencia debida de las autoridades militares a la autoridad del
Presidente de la República. Con esas bases jurídicas, y una política de apoyo
financiero a las FFAA, el gobierno de Rómulo Betancourt y de Raúl Leoni, logra encauzar
a los militares en la aceptación de su subordinación al poder civil[xx].
Al
respecto, Machillanda (1988) habla de una serie de etapas en el proceso de transformación
del papel de las FFAA en la sociedad política venezolana: a) “encaje” del
componente militar al sistema político venezolano (1958-1973), caracterizada por la
asimilación de las FFAA a las nuevas condiciones políticas, determinadas por la
incidencia de la sociedad política sobre la dinámica del sector militar; b)Etapa de
diferenciación en las relaciones civil-militar del sistema político venezolano
(1974-1992), donde las FFAA “aprenden” a desenvolverse según las funciones y
obligaciones establecidas en las normas jurídicas venezolanas. En esta etapa comienza a
ejecutarse el Programa Andrés Bello[xxi],
que condujo a una creciente profesionalización de los sectores militares, en áreas como
la medicina, las ciencias políticas, el derecho, entre otras.
La
última etapa, de antipolítica en las relaciones entre el poder civil y militar
(1993-1998), estaba marcada por los efectos que la crisis del sistema político proyecto
sobre las FFAA, especialmente las consecuencias de la división surgida a raíz de los
intentos de golpes de Estado generados en 1992. Romero et al (1999) sugieren una nueva
etapa, denominada democracia cívico-militar, que puede estar caracterizada por cuatro
elementos, a saber: 1) militarización de la política; 2) personalización de la
política; 3) intimidación de las instituciones caducas pero democráticas y 4) ruptura
del equilibrio de poderes a favor del Ejecutivo[xxii].
Es
importante, entender los efectos que tuvieron los intentos de Golpe de Estado sobre la
dinámica política de la democracia venezolana. Cuando se produce la sublevación militar
del 4 de febrero de 1992, se da fin a la condición esencial que constituyó el Pacto de
Punto Fijo: la búsqueda y mantenimiento del consenso entre los actores políticos y las
elites hegemónicas. La finalización de una relación pura coincidencia o cooperación[xxiii]
dio paso a otra de puro conflicto[xxiv]
(Rey, 1998:211), en donde todos los estratos de la sociedad venezolana se encontraron
inmersos. Lógicamente esta situación también afecto la dinámica misma de las FFAA en
el pacto societal, pues a partir de ese momento quedo evidenciado la resistencia de un
sector importante de las fuerzas armadas, a seguir formando parte de las relaciones de
conciliación clientelar características del sistema político.
El
4 de febrero de 1992, tiene varios significados dentro del proceso venezolano: 1) marca la
disolución del acuerdo de convivencia consensual del estamento militar con la democracia
populista, 2) es, sin lugar a dudas, un fracaso militar, tanto desde el punto de vista del
diseño, como del desenvolvimiento del intento; 3) el fracaso militar, no obstante,
produce a largo plazo el éxito político perseguido: permite la transición
socio-política; y 4) ratifica los términos conceptuales que catalogamos como
tecnopolítica, entendida como la extrapolación del campo político al funcionamiento
comercial del mercadeo. (Tabla n°1)(Romero, 2001d:211)
El
SPC experimentó, a partir de los sucesos del febrero y noviembre de 1992, una consecuente
modificación en sus planteamientos iniciales, iniciándose un proceso de transición
política[xxv],
que se mantiene hasta el día de hoy, caracterizado en líneas generales, por una pérdida
gradual de la capacidad social de Estado para satisfacer las demandas de los ciudadanos,
un deterioro de las identidades políticas del venezolano, el agotamiento de los partidos
históricos, entre otros aspectos críticos (Caballero, 2000).
Es en este contexto de crisis y cambio histórico, dentro del cual debe ser
entendido el fenómeno chavista[xxvi],
que de alguna forma produce el retorno de los militares a la política en Venezuela,
conjugado con el deterioro de los sistemas de representación de los partidos históricos
venezolanos[xxvii]
(AD, COPEI, MAS),
La
transición experimentada por el SPC, ha generado la creación de nuevos códigos simbólicos, que han
transmutado la política y la democracia en Venezuela, y particularmente Hugo Chávez ha
modificado esos códigos y representaciones de la política, introduciendo temas como el
cambio radical[xxviii],
haciendo uso de los símbolos patrios y el bolivarianismo como ideología política,
rompiendo discursivamente con la realidad temporal precedente[xxix],
empleando para ello la estructura de poder creada alrededor del Polo Patriótico[xxx]
y el Movimiento Quinta República (MVR)[xxxi],
aparato político con amplía influencia en su seno de sectores militares y civiles
diversos (Arvelo Ramos,1998). A partir de 1998, se asiste a un proceso de desplazamiento
de la elite política, que durante 40 años -1958-1998- había hegemonizado para sí el
poder en Venezuela, iniciándose una vía de cambio[xxxii],
que contaría no sólo con nuevos actores políticos, sino con una ingeniería
institucional del Estado a partir de la convocatoria a un proceso constituyente.
2.
RELACIONES
ENTRE EL PODER CIVIL Y MILITAR EN EL GOBIERNO DE HUGO CHÁVEZ (1999-2002)
La
llegada al poder de Hugo Chávez en diciembre de 1998, estuvo precedida por un amplio
debate acerca de la democracia, los actores políticos y el cambio dentro del SPC, que
giró en torno a la conveniencia o no para la sociedad venezolana de convocar una
Constituyente (Romero 1999b, 2002d), destinada a crear una nueva Carta Magna y renovar el
sistema político.
Para los actores políticos en pugna – tanto
los que apoyaban la propuesta (Polo Patriótico), como quienes lo adversaron (AD, COPEI,
Proyecto Venezuela)- la discusión se estructuró en torno al planteamiento de Chávez en
el proceso electoral:
“Chávez
llega a expresar concretamente la sintomatología de la crisis institucional. El discurso
sobre la Constituyente propone una vía para la renovación, que toma como base esa
propuesta. La Constituyente pensada y razonada, desde su óptica, es la mejor manera para
superar las graves contradicciones de la sociedad venezolana. Es en esta parte que el
discurso de Chávez se transforma en un comentario que es dicho, es decir, que es objeto
de reproducción por parte del colectivo: sus ideas serán las que marcarán la pauta de
la discusión política en los meses previos al proceso electoral de 1998, tanto para
manifestar rechazo a sus ideas como para establecer un apoyo a las mismas” (Romero et
al, 2001c).
Esa
crisis del SPC, se expreso concretamente, en la estructura de funcionamiento del
denominado Polo Patriótico, que resulto una amalgama de sectores tan diversos como
contradictorios[xxxiii]
, tanto civiles como militares, pero quizás lo más delicado para los observadores del
proceso político venezolano, radicaba en el hecho que el chavismo vino acompañado por
una creciente manifestación – física y objetiva- del elemento militar, en
sustitución de lo civil. [xxxiv]
Ese
comportamiento encuentra su explicación en el hecho que las estructuras político
partidistas en Venezuela, habían sido factor esencial en la intermediación social entre
el Estado y la sociedad civil, pero esa capacidad de los partidos de transformarse en
voceros y catalizadores de respuestas sociales, disminuyo ostensiblemente en el transcurso
de la década de los 90, a través de una desafiliación del ciudadano con las estructuras
militantes de los partidos (Cuadro II).
Como consecuencia de ello, la estructura partidista
que llevo a Chávez al poder carecía de una base estructural, típica de los partidos
políticos de la segunda mitad del siglo XX venezolano, y como derivación lógica, esa
debilidad fue complementada a través de una estructura que se consolido en torno al
elemento militar, que adquirió un protagonismo social nunca antes visto, al
“salir” de los cuarteles[xxxv],
para asumir la responsabilidad de la intermediación que como agentes históricos
cumplieron los actores políticos tradicionales (AD, COPEI, MAS).
|
Los militares se transforman, en el planteamiento de Hugo Chávez, en la cuña
catalizadora de la organización del pueblo, a través de una asociación del elemento
civil y el militar, este aspecto constituye la base esencial del chavismo, que es aceptado
y repetido por los sectores que lo apoyan, tal como lo señala Isaías Rodríguez[xxxvi]
en una entrevista al diario El Nacional:
“En cuanto al partido cívico-militar, pienso que si es importante tratar de
incorporar a un sector que durante algún tiempo estuvo retraído. No hay razones para que
se le divida y se le coloque en otro lado, y así como los civiles tenemos necesidad de
aprender a convivir con los militares, los militares también deben aprender a convivir
con nosotros, a los fines de que se sienta que hay un solo proyecto y una sola manera de
expresar la responsabilidad de conducir el país” (El Nacional,03/01/2000).
Pero
no todos lo sectores de la vida pública en Venezuela comparten la doctrina[xxxvii]
del chavismo, en torno a una alianza civil-militar. Para algunos sectores de la oposición
a Chávez, este protagonismo de los militares retrotrae al país a circunstancias
históricas superadas, en donde los caudillos y jefes militares imponían su criterio
sobre los civiles, generándose el riesgo del retorno de un autoritarismo que se asocia a
un Estado Totalitario, tal como lo indica Simón Alberto Consalvi, dirigente de AD y ex
canciller de la república:
“Pero cuando unos militares activos se lanzan a
optar por cargos políticos, como ocurrió en el estado Cojedes, y desde las alturas del
poder se postula que "se reformará la Constitución para que los militares activos
opten a cargos de elección popular", la respetabilidad (como la confiabilidad) de
las Fuerzas Armadas se pone en serio riesgo,… Esto equivaldría volver atrás.
Volver al siglo XIX, o a los tiempos de Juan Vicente Gómez, épocas en las cuales si no
se era general no se era nadie, y se titulaban generales sin ser militares. ¿Qué
habría sido de Antonio Guzmán-Blanco si se queda con el título de licenciado o de
letrado; si un buen día el astuto no comprende que sin los soles de general no llegaría
a ninguna parte, y no pasaría de hacerle discursos al mariscal Falcón? ¿Es que alguien
piensa que el licenciado Guzmán-Blanco habría llegado a ser el Ilustre Americano por el
camino de las leyes o de las letras, y a dominar la política durante tres décadas?”
(El Nacional, 05/03/2000). Resaltado nuestro
La
posición del ex canciller, sí bien puede ser capciosa por el origen político de quién
lo señala y su manifiesta oposición a Chávez, no deja de tener validez, más aun cuando
otros actores más comedidos como el historiador y periodista Jesús Sanoja Hernández,
reconoce ese mismo peligro en el chavismo, que cada vez con mayor frecuencia, a partir de
diciembre de 1999, colocó militares activos y retirados en posiciones decisivas de la
gerencia pública:
“…Chávez, más que Pérez Jiménez, ha
distribuido cuadros militares a gusto y regusto en la administración pública, al tiempo
que insuflado aliento castrense a su proyecto de nación. Lo que ha sucedido en Pdvsa,
luego en CVG y, con signo diferente, en Citgo, apunta hacia la sobre valoración de lo
militar, así sea con el alegato de sus éxitos en la carrera y de sus virtudes
académicas, y hacia la devaluación del civil y la descalificación de la
meritocracia” (El Nacional 27/10/2000).
No
hay duda que la presencia militar en el Alto Gobierno de Hugo Chávez es significativa, la
Revista PRIMICIA en un reportaje aparecido en marzo de 2002, habla de cerca de 370
oficiales formando parte de la Administración Pública, encontrándose entre ellos desde
tenientes hasta Generales de División – activos como retirados- que constituyen la
base funcional de la estructura del Estado en los actuales momentos.
La
presencia de elementos militares en el gobierno de Hugo Chávez, se dio desde su
instalación en febrero de 1999, a través del nombramiento del Coronel (Ej) retirado Luis
Alfonso Dávila[xxxviii],
como presidente del Congreso Nacional – hoy denominada Asamblea Nacional- y era así,
pues el nombramiento era parte de la concesión hecha a uno de los sectores que perviven
dentro del chavismo: los militares que formaron parte de la conspiración previa y
posterior al intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992.
Los
militares, son dentro del planteamiento del Chavismo, una formula necesaria para completar
el desarrollo del proyecto de país esbozado desde la campaña electoral de 1998, como
parte de la aplicación de lo señalado por el sociólogo argentino Norberto Ceresole,
quién de alguna manera se constituyo en una referencia para el desarrollo del proceso
político posterior a la instalación de Chávez en el poder, cuando se dio inicio a una
serie de acciones destinadas a desplazar del ejercicio del poder – en forma
democrática- a los partidos históricos venezolanos, mediante el proceso constituyente en
sus distintas etapas de ejecución[xxxix].
La
transformación de las FFAA, en un instrumento de mediación y apoyo político, para la
ejecución del denominado Proyecto Bolivariano[xl],
se inicio operativamente con la inserción de los militares retirados en la estructura de
poder del chavismo, pero continuará a través de la reforma constituyente ejecutada desde
la instalación de la ANC, y con la introducción de modificaciones en la estructura legal
vigente de la democracia populista (1958-1998). Parte de esa reforma, estaba contenida en
la propia Constitución Bolivariana, que establecía en su artículo 328, un nuevo rol
para las FFAA[xli],
más allá de las labores tradicionales de seguridad y defensa, agregándole ahora, la
obligación de participar en la consolidación del modelo político implementado con el
ascenso de Chávez:
“Artículo
328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional,
sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y
soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la
defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación
activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y la ley…”
(Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 1999).
Adicionalmente
a esta misión de las FFAA, se agregó una modificación sustancial en lo que fue el papel
de subordinación del estamento militar, establecido en la Constitución de 1961, que
estableció el carácter no beligerante y apolítico de los militares, aspecto que fue
modificado mediante el Artículo 330, que les concedió el derecho al sufragio en la
elección de las autoridades en Venezuela: “Artículo 330. Los o las
integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al
sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección
popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo
político”(Constitución Nacional, 1999).
Esta
alteración de la representación social, que tradicionalmente había experimentado el
estamento militar, desde 1958, significó una mayor presencia de los militares en el
espacio público venezolano, causando ese hecho estupor y asombro, aparte de la
preocupación de algunos representantes de la sociedad civil, por el aparente dominio de
la política ejercido por Chávez a través de las FFAA[xlii].
Lo
que sucede, a nuestro modo de ver, es una confusión entre el empleo de los militares y el
militarismo[xliii].
El primero de estos aspectos, implica – en el caso venezolano- una nueva
funcionalidad de las FFAA, determinado por las condiciones de agotamiento de la función
de intermediación social de los actores históricos tradicionales del sistema político
venezolano: los partidos. En ese caso, los militares, sobre todos los pertenecientes o
surgidos a partir de la aplicación del Plan Andrés Bello (1974), han sentido el deber de
intervenir activamente en el desarrollo social, y esa intervención, sin lugar a dudas, ha
sido aupada desde el propio gobierno de Hugo Chávez; como una manera de compensar la
carencia de solidez organizativa en la estructura del MVR[xliv].
El
problema surge cuando se considera que existe la posibilidad, dada la incidencia que
dentro del MVR tiene el sector militarista duro, derivado de la formación del Movimiento
Bolivariano 200, desde el año 1982, que el elemento militarista adquiera mayor
preponderancia dentro de la estructura de poder del partido de gobierno( Martínez,
2002:131-161).
Es esa dinámica de desplazamiento, en donde el
estamento militar juega un papel protagónico, como instrumento político en la
concreción de la toma del poder en Venezuela, que ha sido explicada a través de las
tesis de Norberto Ceresole.
2.1.
LA TESIS DE CERESOLE: CONFLUENCIA DEL PUEBLO-CAUDILLO-EJÉRCITO.
Los
planteamientos teóricos de Norberto Ceresole, están contenidos esencialmente –en lo
que respecta al proceso venezolano- en su obra Caudillo, Ejército y pueblo: la Venezuela del
Comandante Chávez (2000), en ella introduce una teoría interesante: el proceso
venezolano debe ser visto dentro de un contexto de cambio en los escenarios de desarrollo
de la democracia en Latinoamérica, a través de la cual se superan las condiciones
históricas que había adquirido en la tradición política, mediante la cual el eje
concéntrico del “hacer” en el Estado estaba conformado alrededor del
desenvolvimiento de los partidos políticos.
En la tesis de Ceresole, esa gravitación que en la
democracia se producía alrededor de los partidos políticos, pasa en esta nueva etapa
– posdemocracia- a estar asentada en la relación líder-pueblo, que es la resultante
en el caso venezolano de una militarización de la política, generada en primera
instancia en los acontecimientos del 27-28 de febrero de 1989[xlv]
y continuada en los intentos de golpe de Estado de 1992, para consolidarse con el triunfo
electoral de diciembre de 1998:
“Una persona física, y no una idea abstracta o
un «partido» genérico, fue «delegada» — por ese pueblo — para ejercer un
poder. La orden popular que definió ese poder físico y personal incluyó, por supuesto,
la necesidad de transformar integralmente el país y re-ubicar a Venezuela, de una manera
distinta, en el sistema internacional. Hay entonces una orden social mayoritaria que
transforma a un antiguo líder militar en un caudillo nacional. La transformación de
aquel líder en este caudillo hubiese sido imposible de no haber mediado: 1) el golpe de
Estado anterior no consumado y, 2) de no haberse producido la decisión democrática del
pueblo de Venezuela del 6 de diciembre de 1998. Es una decisión democrática pocas veces
vista en la historia moderna lo que transforma a un líder «golpista» en un jefe
nacional. Hubo decisión democrática (6 de diciembre de 1998) porque antes hubo una
militarización de la política (27 de febrero de 1989 y
su contraparte inexorable, el 4 de febrero de 1992).
Esas tres fechas están íntima e indisolublemente unidas.” (Ceresole, 2000) (www.documento)
¿Cómo debemos entender la militarización de la política?. Según Ceresole, es
una consecuencia de la perdida gradual de “lo político” restringido al
desenvolvimiento de la intermediación partidista, y que en el caso venezolano, se da
mediante una concentración de “la voluntad general” en la figura del líder
carismático: Chávez. Señala, que esa articulación de líder carismático, surgido de
las fuerzas armadas con el pueblo, carece de una parte ideológica, y esta basado en una
identificación surgida de la extrapolación de la identidad del caudillo con el
colectivo-pueblo.
La tesis de Ceresole, establece una progresividad en el desarrollo de la hegemonía
del Chavismo. Sostiene que en los inicios del movimiento, la estructuración de los
cuadros militares iniciales se hizo sobre la base de funcionamiento del liderazgo
carismático de Chávez, yuxtapuesto ese liderazgo sobre los rasgos de radicalidad y
reformismo por otra parte, de los diversos miembros civiles y militares nucleados en torno
al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200:
“Definitivamente no hubo un «partido»
verticalizado o militarizado detrás del proceso sino, sobre todo, la voluntad indomable
de una persona física: el teniente coronel Hugo Chávez Frías. Las disidencias más
importantes — las que luego se fueron reproduciendo hasta el mismo día de hoy —
las tuvo Chávez con muchos de sus propios compañeros de prisión, un grupo significativo
de oficiales «moderados». Como la radicalidad política no fue la ideología de todo el
grupo militar insurgente, sino de una minoría dentro de ese grupo, las tensiones
comenzaron a aflorar muy pronto dentro de los alzados ya encarcelados (en Yare y en San
Carlos). Los sectores más «moderados» buscaron muy pronto una alianza con el gobierno
de Rafael Caldera” (Ceresole, 2000).
Lo
interesante de esta primera etapa, en la construcción del liderazgo de Chávez, está en
el hecho de la amalgama entre los elementos de radicalización política de un sector de
militares y civiles, con otros actores que dentro de las FFAA y la sociedad civil
propugnaron por un cambio sistemático de la dinámica política establecida por el
sistema de pactos constitutivos de la democracia consensuada, lo que permitió la fácil
extensión y aceptación de la propuesta del Chavismo a una población civil anhelante de
romper con las relaciones de dependencia establecidas con los actores provenientes de los
partidos tradicionales.
La
explicación de ese proceso debe buscarse en la progresiva pérdida de la capacidad de
intermediación del partido político como fuente generadora de respuestas sociales
exigidas por la población, a la corrupción generalizada del sistema, a la pérdida de
credibilidad en los hombres y las instituciones, en la situación económica, entre otros
factores citados (CUADRO III)[xlvi]
Para Ceresole, esa debilidad de las fuerzas sociales en la sociedad venezolana hizo
posible la aceptación de la figura de Chávez y del tipo de liderazgo y cambio propuesto
por él, en donde el pueblo ocupa un lugar central en su propuesta, que lo diferencia del
tipo de lugar asignado al pueblo en otros discursos políticos de lideres de la democracia
venezolana[xlvii].
En el discurso de Chávez, se estructura una identificación y protagonismo entre él y el
pueblo, que permite la construcción de una relación de “mismidad” que genera
el convencimiento y facilita al caudillo su relación con el colectivo-pueblo[xlviii]:
“Es
un proceso único. El pueblo de Venezuela generó un caudillo. El núcleo del poder actual
es precisamente esa relación establecida entre líder y masa. Esta naturaleza única y
diferencial del proceso venezolano no puede ser ni tergiversada ni mal interpretada. Se
trata de un pueblo que le dio una orden a un jefe, a un caudillo, a un líder militar. Él
está obligado a cumplir con esa orden que le dio ese pueblo. Por lo tanto aquí lo único
que nos debe importar es el mantenimiento de esa relación pueblo-líder. Ella está en el
núcleo del poder instaurado. Es la esencia del modelo que ustedes han creado. Si ella se
mantiene, el proceso continuará su camino; si ella se rompe el proceso degenerará y se
anulará una de las experiencias más importantes de las últimas décadas.”
(Ceresole, 2000).
El mandato establecido por el pueblo de Venezuela, en las elecciones de diciembre
de 1998, proveen a Chávez, según la tesis de Ceresole, de una “orden” que lo
obliga a adelantar un verdadero cambio en las relaciones societales, determinado por la
articulación de tres elementos básicos: líder, pueblo y el ejército. Esos tres
elementos establecen una relación asociativa que los nutre y protege mutuamente. Por una
parte, la naturaleza del liderazgo del chavismo proviene de un origen popular, que le
otorga una base de legitimidad poco común en los procesos democráticos, al mismo tiempo
ese apoyo popular le permite una base de sustentación política que debe ser reforzada
por la construcción de una organización política que resulta de la confluencia de los
elementos radicales militaristas – surgidos a la luz de la conspiración del 4 de
febrero- y los sectores civiles dispuestos a profundizar la transición del modelo
democrático consensuado al posdemocrático, en donde se le asigna un mayor protagonismo
simbiótico a lo civil y lo militar:
“Personalmente
estoy convencido de que el presidente Chávez deberá terminar de pulverizar, en un plazo
de tiempo relativamente corto, al viejo y corrupto sistema político venezolano y a
prácticamente todas las instituciones que lo articularon en el tiempo «democrático»
del Pacto de Punto
Fijo. Ello significa que las circunstancias que se avecinan lo obligarán a asumir
— de una manera cada vez más explícita — un liderazgo personal sobre la
totalidad del proceso venezolano. Los acontecimientos internos lo obligarán (y no
sólo simbólicamente) a llevar el uniforme militar con cada vez mayor frecuencia, porque
sólo un «partido» cívico-militar podrá actuar con eficacia — ya está actuando
como situación de facto — entre el líder y la masa.” (Ceresole, 2000)
(Subrayado nuestro)
Lógicamente,
el planteamiento del Ceresolismo señala un elemento de modernización en la dinámica de
las relaciones entre el estamento militar y la sociedad civil, que produce como todo
proceso modernizador conflictividad y movilidad social por aceptación o rechazo[xlix].
En el caso venezolano, le asigna al estamento militar una función estratégica en el
diseño institucional resultante del triunfo en el proceso constituyente, que culminó en
diciembre de 1999, con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (CRBV); a través del cual el estamento militar pasa a constituirse en el brazo
ejecutor de una política asistencialista, como compensación al escaso desarrollo de las
estructuras agrupadas en torno al Polo Patriótico y como un vehículo primordial en la
construcción de una hegemonía que excluye a los sectores propietarios no comprometidos
con la posdemocracia:
“La
forma que adopta — en cambio — el modelo venezolano, es el de la unidad
nacional, el de la confluencia pueblo-ejército. Esto quiere decir que ese modelo
podría ser el origen — en el tiempo — de una nueva época. A diferencia del
modelo «democrático» neoliberal, el proceso venezolano plantea una exclusión justa y
necesaria de nuevo tipo: la exclusión de las minorías oligárquicas. El
neoliberalismo, en cambio, excluye y destruye a las mayorías y a su marco nacional. En el
plano geopolítico — el espacio -, el modelo venezolano tiene una sola alternativa de
supervivencia: su proyección hacia el resto del mundo hispano-americano. Estamos así en
el punto de una doble convergencia: histórica y geopolítica — tiempo y espacio. Es
por eso que estar en Venezuela, hoy, es estar con algo más que con Venezuela: es estar en
el posible origen de la Patria Grande, nuestra vieja esperanza de todos nosotros.”
(Ob.cit) (subrayado nuestro)
De
su planteamiento, se desprende el hecho que ese modelo de la posdemocracia venezolana,
puede erigirse como un factor de emulación en toda Latinoamérica, pues implica una
respuesta a las condiciones cambiantes del sistema-mundo, al mismo tiempo que plantea una
visión estratégica ante el fenómeno de la globalización y su impacto sobre todos los
agentes sociales –grupos económicos, fuerzas armadas, organizaciones civiles, entre
otras- del entorno latinoamericano. Asimismo, resulta problemático la ejecución del
planteamiento de Ceresole, pues conlleva un cambio en el papel que tradicionalmente ha
cumplido, no sólo la sociedad venezolana en el campo de las relaciones internacionales,
si no las mismas fuerzas armadas en el escenario post guerra fría, tal como él mismo lo
afirma:
“…En
la base del proceso orientado a lograr un alto grado de protección para los cambios que
se realizarán en Venezuela está el trabajo para «internacionalizar» -en todo el
espacio hispanoamericano- la figura carismática de Hugo Chávez. Ello obedece a un
principio esencial de la Estrategia: la respuesta más eficaz a las agresiones externas
será el incremento del propio poder (la única respuesta al poder es el poder). A partir
de la sucesiva ampliación de ese liderazgo originalmente venezolano, las agresiones
provenientes de otras áreas del mundo podrán ser amortiguadas con mayor eficacia y,
paralelamente, las necesidades de Venezuela — en Europa y los EUA, sobre todo —
podrán ser resueltas con mucha mayor «liquidez». Se trata, en definitiva, de
incrementar el poder de Venezuela en el mundo, que hoy es, en un sentido estricto,
in-significante.” (Ob.cit).
Se
deduce, por lo tanto, que el modelo ceresoliano, en su aplicación al caso Venezuela,
conlleva una creciente conflictividad que se expresa en la superación de la
institucionalización que había caracterizado al sistema político de conciliación por
una parte – partido, Estado-Nación, agentes sociales- y por la otra, al rol asignado
a la confluencia ejército-pueblo-caudillo y finalmente al impacto que a nivel de la
comunidad internacional adquiere Venezuela, a partir de los nuevos referentes derivados de
su aplicación al contexto mundial.
3.
CONFLICTO,
BELIGERANCIA Y OPOSICIÓN DE LOS MILITARES AL CHAVISMO (2001-2002)
El
planteamiento de Ceresole, le asigna al ejército un rol primordial en la nueva estructura
establecida a partir de la llegada al poder de Chávez, en diciembre de 1998. Desde un
principio se observaron dificultades, en cuanto a la articulación de los factores
provenientes del estamento militar y comprometido con el MBR-200, en la intentona del 4 de
febrero de 1992; y los sectores civiles que progresivamente se sumaron al proyecto
bolivariano. Entre uno y otro factor, subsiste una diferencia esencial: la radicalidad del
proceso político que debe asumirse. Para los militares, es esencial desmontar lo más
pronto posible todo el aparato institucional del SPC, y esa acción debe conllevar el
desplazamiento de los actores hegemónicos tradicionales, conjuntamente con una ruptura de
las normas corporativas de entendimiento político. Por su parte, el elemento civil
sostiene de alguna manera la necesidad de avanzar progresivamente con el proceso de cambio
radical, sin romper drásticamente con los factores de poder aún vigentes en la
estructura societal venezolana.
Esa
contradicción entre los dos factores básicos en la estructura del chavismo, había sido
establecida por el mismo Norberto Ceresole, quién afirmó:
“
Es así que el chavismo tiende ahora a escindirse entre los «establecidos»,
que buscan potenciar las tendencias «moderadas» (neoliberales) de los últimos tiempos,
y los «radicales», que buscan reconstruir los elementos fundadores del movimiento
militar. Es así que — por ahora — dentro de la política interior
venezolana, no se plantea la búsqueda de una alternativa a Chávez. Los grupos chavistas
más ortodoxos intentan una acumulación de poder para lograr constituirse en apoyaturas
para que Chávez pueda evadirse — algún día no muy lejano — de un compromiso
que fue necesario adquirir. El límite de esta política es, naturalmente, la guerra
civil. El otro sector es el que acepta complacido las decisiones de continuidad. Ambas
facciones — aún — no están absolutamente escindidas, en el sentido de que
ambas buscan la legitimidad del «paraguas carismático». Unos para reforzar las
decisiones de continuidad; otros para intentar revertirlas. Todos buscando el amparo del
líder.
La
fracción continuista pretende convertir a Chávez en un nuevo actor de un viejo libreto.
Pretende orientarlo en la dirección de «ganar tiempo»; impulsándolo, con pretendida
sigilosidad, hacia el plano de la falsa astucia, fingiendo que, por esa vía, al final, se
logrará engañar al enemigo” (Ceresole,2000) (subrayado nuestro)
El
radicalismo, del cual habla Ceresole, está referido a un dinamismo asignado a la
institución castrense que establece un distanciamiento con el tradicional rol, que dentro
de la Doctrina de Seguridad y Defensa[l],
se les otorga a los militares en Latinoamérica. La ejecución práctica del planteamiento
de Ceresole, referido a los militares en Venezuela, permitió la estructuración de un
mayor protagonismo asignado a las Fuerzas Armadas, que se tradujo en una mayor presencia
en el espacio público, mediante el cual los ciudadanos comenzaron a ver a los militares
participar en políticas de asistencia social, tales como organización de clínicas
móviles, mercados populares, ferias de producto, reparación de instituciones públicas
– escuelas, hospitales, dispensarios, entre otras- y en donde, el elemento civil
quedo reducido a espectador del accionar social de los militares[li].
Esa
situación, que formó parte del diseño estratégico de la posdemocracia ceresoliana,
generó en primera instancia un rechazo en
factores de la sociedad civil, que llamaron la atención acerca de los
“peligros” de esa acción, al respecto es importante señalar lo expresado por
Joaquín Marta Sosa, periodista y docente de la Universidad Central de Venezuela, quién
indicaba en un artículo publicado por El Nacional (04/11/1999):
“No
es un proyecto constitucional específicamente militarista (se refiere al proyecto
chapista), pero aísla de tal manera al mundo militar de la institucional-civil que, en
nombre de la bolivarianísima unidad cívico-militar, la fuerza armada queda ubicada en
una situación tal de intangibilidad que la hará más proclive a la práctica militarista
que a la de fortalecer las relaciones democráticas entre la sociedad y la organización
castrense. Y ante esta posibilidad recordemos que el perjuicio mayor lo sufrirán,
como siempre, el crédito y la respetabilidad de los militares, pues los privilegios
siempre terminan pagándose a un precio muy alto.” ( resaltado nuestro)
Si
bien resulta cierto, que los primeros en señalar preocupación por el rol protagónico
asignado a los militares en el diseño institucional del proyecto bolivariano fueron los
civiles, estos se limitaron a establecer la base de esa doctrina militarista, a través de
la cual pasaban estos de ser “custodios del orden” a actores políticos de
primer orden, aspecto esté que entrañaba un grave peligro para la dinámica democrática
de la sociedad venezolana. Por su parte, en el estamento militar no se producían mayores
controversias, por lo menos entre 1999 y el 2001, etapa en la cual el chavismo construyó
los procesos de construcción de una nueva hegemonía y completo la transición política
iniciada con su triunfo electoral de diciembre de 1998[lii].
Sin
embargo, el hecho que no se produjo manifestaciones públicas de rechazo a la política de
vinculación del estamento militar con el poder civil gobernante, no significó que no
existiera malestar en las fuerzas armadas. Indudablemente ese malestar existió, sólo que
las circunstancias políticas a través de las cuales el chavismo domino ostensiblemente
el panorama de la opinión pública entre diciembre de 1998 hasta noviembre de 2001[liii],
pudo incidir sobre la ausencia de un pronunciamiento público de miembros de las FAN
acerca del papel asignado a ellas por el chavismo.
Será
posterior a esa fecha, cuando la oposición comienza un proceso de sistematización de una
política de resistencia a la conformación hegemónica del Polo Patriótico y de Chávez,
sobre todo a través del llamado a paralización general efectuado el 10 de diciembre de
2001[liv],
con la anuencia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)[lv]
y FEDECAMARAS[lvi],
que colocó al gobierno en una posición defensiva y marcó el “despertar” de
los sectores opuestos al chavismo[lvii].
Los
acontecimientos posteriores al 10 de diciembre de 2001, marcan el inicio de la
manifestación pública del conflicto generado por el proceso de modernización
institucional inaugurado con la llegada al poder de Hugo Chávez en diciembre de 1998, a
partir del cual comienza a gestarse una dinámica signada por la conformación de una
fuerza social[lviii],
que agrupa a diversos sectores de la oposición[lix],
quienes en base a una gran movilización social desarrollan una política de
“resistencia civil” al chavismo.
Esta
situación modificó el panorama político, debido al hecho que la oposición adquirió la
iniciativa en el accionar popular, basado en el apoyo obtenido a través de las
organizaciones sociales tanto de FEDECAMARAS como la CTV. Se asistió a una movilidad
social extraordinaria, entre el llamado a paralización general del 10 de diciembre de
2001, hasta el momentáneo derrocamiento de Hugo Chávez en abril de 2002[lx].
Este
contexto de movilización y de debilidad institucional, producto del accionar de las
fuerzas sociales en pugna, generó las condiciones propicias para que se manifieste la
disidencia existente en el sector militar, con las políticas del presidente Hugo Chávez.
A nuestro entender, las controversias
desatadas desde noviembre de 2001, hasta los actuales momentos, deben ser entendidas como
una consecuencia de la discusión entre la aplicación de dos modelos distintos de lo
democrático. Por una parte, el propugnado por las fuerzas sociales agrupadas en lo que se
denomina el “chavismo”, que sostienen un modelo de democracia radical,
caracterizado por la maximización de la participación popular, el conflicto y el
disenso, la resistencia a reeditar el sistema factual de pactos interelites, y la
ocupación sistemática de los espacios de acción popular, y otro modelo, que denominamos
consensual o formal donde importan las instituciones, los procesos y los procedimientos
que rigen la toma de decisiones (Bobbio, 1997:451).
En
el accionar de las fuerzas sociales en pugna, se observan las implicaciones de ambos
planteamientos en su desenvolvimiento en el campo de lo político, pues por una parte la
oposición insiste en el peligro de la movilización popular generada por el gobierno, y
lo hace sobre la base de la creciente beligerancia adquirida por las fuerzas del Polo
Patriótico y por la otra, el chavismo llama la atención acerca de la ampliación del
alcance de la participación popular en la democracia venezolana. Lo interesante, de esta
pugnacidad radica en la circunstancia de haber sido extrapolada al campo de los militares.
Eso quedo evidenciado en el planteamiento realizado por un grupo de militares de la
Aviación, la Armada y la Guardia Nacional, en los días iniciales de febrero de 2002,
cuando en diversos actos hechos públicos, se pronunciaron en contra de la dinámica
asignada por el gobierno a los militares. Uno de los primeros en hacerlo, fue el Coronel
de la Aviación Pedro Soto, quien se manifestó públicamente los primeros días del mes
de febrero de 2002, señalando que el gobierno de Hugo Chávez atentaba contra la
democracia instaurada en Venezuela a partir de 1958:
“La
libertad de expresión es uno de los símbolos y es uno de los pilares fundamentales de
cualquier democracia. Donde no hay democracia puede haber cualquier cosa menos democracia.
La libertad debe ser defendida por todos los venezolanos, en todos los planes del quehacer
nacional. En un gobierno donde el Presidente maneja el Tribunal Supremo de Justicia,
maneja la Asamblea Nacional, maneja las Fuerzas Armadas, en su intención, no se puede
decir que hay democracia” (Soto, 2002) (www.documento
) (resaltado nuestro).
El planteamiento del Coronel, causo un revuelo en la prensa nacional e
internacional, por ser ellas una muestra concreta del descontento en el seno de las FAN
con las políticas desarrolladas por el Chavismo. Subyace en los señalamientos de Soto,
una doctrina que establece que: a) el gobierno de Chávez es profundamente
antidemocrático; b) ideológicamente el gobierno intenta implantar elementos foráneos
referidos a la idea de establecer un régimen comunista y c) Chávez intenta secuestrar la
participación de los venezolanos. No sería este el único planteamiento realizado por
militares en contra del gobierno de Chávez, pues en los últimos días del mes de febrero
le tocó al General Ejército Guaicapuro Lameda, quién fungía como presidente de
Petróleos de Venezuela hasta ese momento. Sus señalamientos giraron en torno a los
mismos temas planteados por el Coronel Soto, eso es, el gobierno de Hugo Chávez está
utilizando a las FAN para sus propios fines y propósitos, y por lo tanto, se estaba
generando un gran daño a la estructura de funcionamiento del componente militar y a la
democracia misma con ese accionar:
“Me
preocupa comentarios que he escuchado de manera pública, creo que no tengo espacio en el
Ejército hoy día, no puedo regresar al Ejército, no me siento en condiciones de
comandar una parte de esa organización cuando su Comandante en Jefe ejerciendo el rol de
presidente de un partido ha dicho públicamente que la revolución cuenta con aviones,
tanques y cañones y que no es en sentido figurado. Y yo me pregunto como general de esta
República cuál es el enemigo, a quién vamos a combatir, a quién le vamos a disparar,
contra quién vamos a usar los tanques, los aviones y los cañones. Prefiero que hoy me
llamen cobarde por retirarme del Ejército a tener que comandar una brigada o una
división para ponerla al servicio de una parcialidad política que dispara contra el
propio pueblo. Creo que lejos de honrar la memoria de nuestros libertadores que
construyeron ese Ejército la humillaría, con todo el dolor me retiro de la organización
para la cual me preparé toda la vida, llegué a la posición de General y lamentablemente
no la pude ejercer pero creo que las circunstancias me obligan a hacer el sacrificio
personal y a vestir hoy el traje de civil para manifestarme libremente porque lo que estoy
diciendo hoy no me atrevería a decirlo con el uniforme militar porque creo que le
estaría haciendo un flaco servicio a las Fuerzas Armadas dándole un mal ejemplo a mis
subalternos.” (Lameda, 2002) (www.documento)
Ahora
bien, lo indicado por el Gral. Lameda, debe ser visto en un contexto de frustración de
las expectativas[lxi]
creadas dentro del sector castrense en relación con el proceso de cambio institucional
iniciado por Hugo Chávez, donde los militares esperaban que se terminara con un rol que
les había sido asignado, desde su institucionalización y sometimiento al poder civil a
partir de 1958, que los obligo a transformarse en factores de disuasión de cualquier
manifestación política contraria al gobierno de turno, operando por lo tanto los
militares, como brazo ejecutor de los anhelos y manifestaciones de poder de los actores
políticos tradicionales. Cuando el chavismo, por las mismas circunstancias de debilidad
político organizativa del Movimiento Quinta República (MVR) transformó a las FAN en un
operador político de las acciones públicas destinadas a lograr la adhesión social del
colectivo a través del Plan Bolívar 2000 y la progresiva utilización de los militares
en otras funciones, se produjo esa crisis de expectativas, que explican los múltiples
pronunciamientos de miembros del estamento
militar en los años 2001-2002.
Al
unirse, en el contexto de la transición política en Venezuela, una creciente crisis de
expectativas con las condiciones de una oportunidad política se ha generado un conflicto
de gran magnitud, que tiene como uno de sus ejes articuladores a los militares.
Al
respecto Chalmers Johnson ( 1966:45-47) citado por Lorenzo Cadalso, señala que los
conflictos se producen en cuatro grandes fases: a) desequilibrios sistemáticos en la
sociedad, b) intransigencia de las élites a la hora de admitir reformas. Ello genera
desequilibrios psicológicos personales que conducen al surgimiento de un movimiento
subcultural; c) pérdida de legitimidad de las élites gobernantes y d) un acontecimiento
fortuito desencadena la revuelta.
En el caso del conflicto político experimentado por
la sociedad venezolana, a partir de los meses de noviembre de 2001 y febrero-abril de
2002, se tiene el hecho que durante el año 2001 se han generado una serie de
desequilibrios en diversos ámbitos: en el político,
manifestado en la división interna en la estructura de poder del Polo Patriótico,
en una creciente discusión acerca del diseño de la política del chavismo y la relación
con la oposición; en lo económico por la contracción de la actividad económica, que se
evidencio mediante una reducción de las Reservas Internacionales entre noviembre y
diciembre, la caída del PIB y el aumento del índice de precios al consumidor entre
septiembre y diciembre del 2001 (Cuadros IV, V y VI) y en lo institucional, expresado por
la movilización en contra de las Leyes Habilitantes.
La
disputa por el contenido de las Leyes Habilitantes, señalo la tozudez del gobierno de
Hugo Chávez para discutir su contenido con los factores de poder representados en
FEDECAMARAS, creando esa intransigencia el momento propicio a la oportunidad política
para generar el conflicto, manifestado en el llamado a paralización general del 10 de
diciembre de 2001. La reacción del gobierno, los crecientes llamados y provocaciones del
presidente Hugo Chávez en contra de FEDECAMARAS[lxii],
aunado al fracaso de algunas de las gestiones destinadas a desarrollar una política
económica coherente, fue lo que llevo a militares como el Gral. Lameda a manifestarse
abiertamente en contra del presidente, criticando las diversas medidas implementadas desde
el Estado y que en su parecer no han rendido los efectos esperados, creando así una
progresiva pérdida de legitimidad, expresada en el disenso de los militares:
“Durante
sus tres años de gestión, Señor Ministro, la conducción general de este país ha sido
política e ideológica, por tanto su economía es hoy confusa y ambigua.
Que
hemos visto en este tiempo:
·
Un
plan Bolívar de quien hoy día nadie defiende o prepara las acciones para completar las
fases Patria o Nación. Por lo que en su concepción general podremos contar no mas de un
30% de éxito contra un 70% de fracaso por omisión. A ello debemos sumar que su
prolongación en el tiempo, distrae a las Fuerzas Armadas de su misión principal e impide
el fortalecimiento de las instituciones que deben asumir sus responsabilidades para dar el
resultado esperado. Ministro ¿Qué pasó con la reorganización y eficiencia prometida
por un nuevo esquema de gobierno?
·
La
constituyente económica, un esfuerzo costoso que no ha concretado en resultados o
beneficios. Ministro ¿Qué pasó?
·
La
sobremarcha: una promesa de resultados para el 24 de diciembre de 2000, cuando los
ministros se tomarían una semana de vacaciones. A este respecto el Banco Central de
Venezuela debió transferir 1.5 billones de Bolívares a la tesorería nacional. El
programa no se cumplió y la plata no está en la tesorería. Ministro ¿Qué pasó?
Señor Contralor General de la República habrá algo que preguntar.
·
Un
desarrollo de Parques Industriales que debería generar empleo y producción para lo cual
se hizo un esfuerzo en giras y puestas en marcha y todavía no vemos resultado. Ministro
¿Qué pasó?” (Lameda, 2002) (www.globovision.com)
Para
los militares, como para una parte del país nacional, el gobierno de Hugo Chávez no ha
logrado cumplir con las expectativas creadas desde su ascenso al poder en diciembre de
1998, esta percepción está especialmente arraigada en sectores de la clase media[lxiii],
para quienes el chavismo ha fracasado en su acción de gobierno y es responsable de la
situación de precariedad que experimentan (Cuadro VII-VIII). Esa percepción, encaja
dentro de lo expresado por Lorenzo Cadalso cuando señala que:
“La frustración de expectativas puede darse,
evidentemente, en cualquier colectivo social, pero, sobre todo cuando éstas son de poder
y status, se perciben con mayor rotundidad en los estratos intermedios de la sociedad,
entre los grupos que se encuentran cercanos a la élite social y con la que aspiran a
equipararse. No en vano, buena parte de los conflictos y muy especialmente de las grandes
revoluciones han sido liderados por lo que llamamos clases medias, patriciado urbano y
profesionales liberales…” (2001:36-37)
Esta
frustración de las expectativas, aunado a la sensación de la inviabilidad de salidas que
satisfagan los intereses de las fuerzas sociales agrupadas en la oposición – que a
partir de Agosto de 2002 se constituyó en Coordinadora Democrática- es lo que ha hecho
factible la estructuración de un cuadro de conflicto social[lxiv],
en donde el estamento militar, como parte de una clase media con deseos y anhelos paso a
jugar un rol importante en los procesos de discusión política experimentados en
Venezuela desde finales del año 2001.
Los
pronunciamientos de los militares continuaron durante todo el mes de febrero y marzo de
2002, incrementando de esa manera la percepción de pérdida de legitimidad y apoyo del
gobierno de Chávez. Uno de los casos más significativos, de la disidencia abierta de
ciertos sectores militares a las políticas del Gobierno, vino dada por el Contralmirante
Carlos Molina Tamayo, que el 18 de febrero de 2002 manifestó su oposición abierta al
presidente de la República, al declarar:
“En
consecuencia, protesto enfáticamente la actitud complaciente de algunos miembros del
Tribunal Supremo de Justicia, de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía General, de la
Defensoría del Pueblo, de la Contraloría General y del Poder Electoral que violenta
nuestros principios constitucionales. Asimismo manifiesto públicamente mi rechazo a la
conducta violatoria de la Constitución de la República de Venezuela por parte del
presidente Chávez y su régimen; mi rechazo al control ejercido por el presidente Chávez
sobre el Poder Legislativo y el Poder Judicial; mi rechazo a la permanente actitud del
presidente Chávez de dividir al pueblo venezolano; mi rechazo al sostenido deterioro de
las relaciones internacionales con nuestros aliados tradicionales a cambio de buscar
vínculos con gobiernos no democráticos; mi rechazo a la falta de un Estado de Derecho;
mi rechazo a la comprobada y peligrosa relación entre el presidente Chávez y algunos de
sus ministros con la guerrilla terrorista colombiana; mi rechazo a la corrupción y mal
manejo de los recursos del Estado para financiar objetivos políticos totalitarios y
enriquecer a altos personeros del Gobierno; mi rechazo al constante enfrentamiento en
contra de todos los sectores de la sociedad venezolana con la intención de destruirlos e
instaurar una tiranía de extrema izquierda; mi rechazo al desequilibrio fiscal.”
(Molina Tamayo, 2002) (www.globovision.com)
18/02/2002.
Todos
estos pronunciamientos, aunado a las manifestaciones públicas de amplios sectores de la
sociedad venezolana, fueron incrementando las condiciones del conflicto social en nuestro
país, a través de un creciente debate que copo la opinión pública entre febrero-abril
de 2002. En ese lapso, la oposición política a Chávez continúo avanzando en una
dinámica que propendió a la unificación de voluntades y esfuerzos entre sí para
oponerse y buscar una salida del poder del chavismo.
Esta intención quedo demostrada a través de la
firma en el mes de marzo de 2002, del llamado Pacto de Gobernabilidad
CTV-Fedecamaras-Iglesia[lxv].
De forma tal, que se asistió a una yuxtaposición de diversas condiciones que hicieron
posible el recrudecimiento del conflicto social, manifestado rotundamente desde la
paralización del 10 de diciembre de 2001.
En
el caso de Venezuela, los grupos estructurados en oposición a Chávez, fueron sumando
voluntades por disponer de tres elementos esenciales a nuestro modo de ver: a) autonomía
intelectual, entendido como un conjunto de ideas, políticas, ideológicas, con las que
interpretan los problemas a los que se enfrentan, y que en este caso quedaron recogidos en
el Pacto de Gobernabilidad; b) un ambiente socio-político con unos niveles mínimos de
intolerancia, que se manifestó en el número creciente de manifestaciones tanto violentas
como pacíficas, experimentadas por el gobierno de Hugo Chávez entre el 2000 y el 2001
(Cuadro IX), que facilitaban la movilidad social y c) la capacidad organizativa del grupo
opositor dirigente, manifestada en acciones ejecutadas con mayor frecuencia y efectividad,
y que viene dada esencialmente por la estructura organizativa tanto de FEDECAMARAS como la
CTV, que se han constituido en los pilares fundamentales de la oposición a Chávez.
Todas
esas expresiones, aunada a los pronunciamientos de los militares y a la situación
fortuita del conflicto con los Trabajadores de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA)[lxvi],
a partir de febrero de 2002, se sumaron para crear una situación detonante de la crisis
manifestada en los sucesos de abril[lxvii],
donde producto de una serie de factores –propios de las condiciones de desarrollo de
los conflictos sociales[lxviii]-
se asistió a la ejecución de un golpe de Estado atípico, que involucro a los militares.
En
los sucesos de abril – 11 al 14- quedó evidenciada la incidencia e implicaciones de
la creciente beligerancia política de las FAN, en el proceso histórico venezolano, al
manifestarse abiertamente en contra de las decisiones del presidente de la república Hugo
Chávez[lxix],
y al propiciar una desobediencia abierta a la autoridad superior[lxx],
propiciando las condiciones para generar un golpe de Estado no tradicional, en donde los
militares incidieron en la instauración de un civil en sustitución del presidente
legítimamente electo[lxxi].
El
pronunciamiento efectuado por un grupo de militares, debe ser visto en el marco de un
proceso de ruptura del equilibrio socio-político,
entendido como una pérdida gradual de los mecanismos de autorregulación que limitan los
efectos negativos de un determinado cúmulo de procesos estructurales (Lorenzo Cadalso,
2001:194-195), y que en los sucesos de abril fue facilitada esa ruptura del equilibrio,
por la alteración de las relaciones entre las fuerzas sociales en pugna, que se saltaron
los mecanismos institucionales del sistema – partidos, órganos de representación
popular, estructuras jurídicas, opinión pública- para solucionar sus diferencias.
Aunada a la alteración del panorama político, generada por la movilización
multitudinaria hacia el Palacio de Miraflores el día 11 de abril, que resulto en un acto
de provocación-respuesta[lxxii]
bajo el cual actúo el estamento militar movilizándose a través de la desobediencia
abierta, que constituye a decir de Rey (2002) una forma de intervención a través de
proposiciones que revisten una amenaza –real o ficticia- al poder civil, que mediante
el chantaje pueden desencadenar – cómo efectivamente ocurrió- la sustitución del gobierno civil por otro. En
cualquier circunstancia, lo que ha quedado evidenciado son los enormes efectos
conflictivos que ha generado en la estructura social venezolana, la cada vez mayor
beligerancia política de las FAN, más aún cuando observamos con preocupación los
sucesos ocurridos recientemente en la capital de Venezuela, Caracas, desde el día 22 de
octubre de 2002, cuando un grupo de militares – entre los que se encuentran algunos
de los que se pronunciaron el 11 de abril(Cuadro X)- se declararon en un sitio público
– la Plaza Altamira- en desobediencia legítima al gobierno de Chávez, a través de
un llamado que constituye en sí una amenaza al desarrollo democrático en el país.
A manera de
Conclusión.
El acceso al poder de Hugo Chávez, en diciembre de 1998, ha propiciado un proceso
de modernización de la sociedad venezolana, caracterizado por una transición de una
concepción formalista o consensuada de la democracia, a otra más dinámica y radical,
caracterizada por la movilidad social. Este proceso derivó en la implementación de una
serie de cambios estructurales, en el sistema político venezolano, en los actores
sociales y políticos, en las estructuras institucionales y en las estructuras simbólicas
de representación de las ideas, que ha permitido el recrudecimiento del conflicto social,
donde se han constituido unas fuerzas sociales cuya pugnacidad ha quedado evidenciada en
los sucesos generados entre noviembre de 2001 hasta los actuales momentos (noviembre
2002). En esa pugnacidad han intervenido – tanto como objeto de preocupación, como
sujeto ejecutor- el estamento militar, que en el planteamiento político del chavismo,
debe constituirse en el operador del cambio modernizador, a través de una mayor presencia
en el espacio público, no obstante que dicha presencia derive en una mayor movilidad
social de las FAN, con las implicaciones de aceptación o rechazo que ha tenido al asumir
esta nueva función. Las FAN, se han constituido en uno de los actores más dinámicos en
el sistema político venezolano, manifestando con ello la enorme crisis de representación
de las identidades de los partidos políticos tanto los tradicionales (AD-COPEI-MAS), como
los más modernos o recientes (MVR, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, PPT), que no han
sabido canalizar en un contexto de conflicto social un liderazgo, que les permita
direccionar una salida válida para los actores o fuerzas enfrentadas. Las FAN,
constituyen de hecho en la actividad política venezolana actual, el elemento clave para
dilucidar los clivajes de gobernabilidad/ingobernabilidad, democracia/autoritarismo,
libertad/represión, ante los vacíos generados por la crisis del sistema democrático venezolano[lxxiii].
Por otra parte, resulta indudable que en Venezuela se asiste a una crisis de las
expectativas creadas por la transición iniciada por Hugo Chávez, que ha afectado a todos
los actores sociales, incluyendo por supuesto, a las mismas FAN, que han hecho cada vez
más públicas sus observaciones – por aceptación o rechazo- al proceso
socio-político. Las oportunidades que desde el punto de vista del análisis de las
ciencias sociales tiene el proceso venezolano, son muchas, derivadas de los múltiples
lecturas derivadas de una aproximación a la comprensión de las dinámicas experimentadas
en el sistema político desde 1998 hasta los actuales momentos. En el conflicto social que
vive Venezuela en las actuales circunstancias, y que han obligado a los organismos
internacionales a intervenir – Organización de Estados Americanos (OEA), Centro
Carter y Programa de las Naciones Unidas para el >Desarrollo (PNUD)- se observa una reconstitución de los mecanismos
simbólicos, no sólo de la democracia, sino de sus actores, instituciones y operadores
claves, que generan una gran movilidad social, que no ha logrado ser encauzada por las
estructuras mismas del sistema establecido por el chavismo a partir de la probación de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
1.
Abreu,
Iván (2002). Los medios de comunicación social y
Hugo Chávez: relaciones peligrosas. En: Tremamunno, Marinellys (Editora). Chávez y los medios de comunicación social.
Alfadil Editores. Caracas.
2.
Alcántara
Sáez, Manuel. (1995) Gobernabilidad, crisis y
cambio. Fondo de Cultura Económica, México.
3.
Arato,
A y Cohen, J (1999). “Esfera Pública y Sociedad Civil”. En: Revista
Metapolítica. N° 9. Volumen III. Enero- Marzo. (www.documento)
www.metapolitica.mx . Consultado 12-08-2002.
4.
Arendt,
Hanna. (1999) ¿Qué es la política? Editorial Paidos. España
5.
Banco
Central de Venezuela. Estadísticas. (www.documento) (www.bcv.org.ve
)
6.
Blanco
Muñoz, A (1980). La lucha armada: hablan 5 jefes.
UCV, FACES, Caracas.
7.
Blanco
Muñoz, A (1981). La conspiración cívico-militar:
Guairazo, Barcelonazo, Carupanazo y Porteñazo. UCV, FACES, Caracas.
8.
Blanco
Muñoz, A (1991a). Venezuela 1958. UCV, FACES.
Caracas
9.
Blanco
Muñoz, A (1991b). Venezuela 1961. UCV. FACES, Caracas.
10.
Blanco
Muñoz, A (1997a). Venezuela 1962-1962. UCV,
FACES. Caracas.
11.
Blanco
Muñoz, A (1997b). Venezuela 1963-1965. UCV,
FACES. Caracas.
12.
Bobbio,
Norberto (1997). “Democracia” en Norberto Bobbio, Incola Matteuci y Gianfranco
Pasquino, Diccionario de Política, pp 441-453.
México, Siglo XXI.
13.
Bracho,
Pedro (1992). El partido contra la sociedad.
LUZ. Centro de Investigaciones y Estudios políticos y Administrativos. Maracaibo
14.
Bravo
Abreu, Manuel (1999). Militarismo y política en
Venezuela (1945-1958). Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador. FEDEUPEL. Caracas.
15.
Caballero,
Manuel (1988). Las Venezuelas del Siglo XX.
Editorial Grijalbo, Venezuela.
16.
Caballero,
Manuel (1995). Ni Dios ni Federación.
Editorial Planeta. Venezuela
17.
Caballero,
Manuel (2000). La Gestación de Hugo Chávez.
Ediciones Los Libros de la Catarata. Madrid.
18.
Carrera
Damas, Germán (1986). Venezuela: Proyecto Nacional
y Poder Social. Editorial Crítica- Grijalbo. Barcelona, España.
19.
Carrera
Damas, Germán (1997). Una Nación llamada
Venezuela. Monte Ávila Editores. Caracas.
20.
Carvallo,
G y Hernández, J (1984). Temas de la Venezuela
Agro exportadora. Fondo Editorial Tropykos. Caracas
21.
Carvallo,
G y Maya, M (1989) “Crisis en el sistema político venezolano”. En: Cuadernos del CENDES. N° 10. Segunda Época.
Enero- abril. UCV. Caracas
22.
Ceresole,
Norberto (2000). Caudillo, ejército y pueblo: la
Venezuela del Comandante Chávez. (www.documento)
en Venezuela analítica (http://www.analitica.com/bitblioteca/ceresole/ .Consultado 26/08/2002.
23.
Chávez,
Hugo (1998) La propuesta de Hugo Chávez; una
Revolución democrática. Documento Editado durante la campaña presidencial y
distribuida por el Movimiento quinta república. Caracas.
24.
Chávez,
Hugo (1999). Disertación sobre las relaciones
civiles-militares en función del desarrollo del país. (www.documento ) http://www.chez.com/lito/
25.
Chávez,
Hugo (2002). Alocución del Presidente de la
República el 10 de abril de 2002. http://www.globovision.com/documentos/discursos.transcripciones/200204/10/chavez/index.shtml.
26.
Civit,
J y España, L (1989) “Análisis socio-político a partir del estallido del 27 de
febrero”. En: Cuadernos del CENDES. N° 10.
Segunda Época. Enero- abril. UCV. Caracas.
27.
Comisso,
Daniel (2002). Interpelación del Contralmirante
Daniel Comisso ante la AsambleaNacional.http://www.globovision.com/documentos/discursos.transcripciones/200205/comisso/index.shtml
28.
Dávila,
Luis Alfonso (2000) “Militares se sacrifican por los intereses de Venezuela”. El
Nacional 23/10/2000. www.el-nacional.com
29.
Dávila,
Luis R (1989). El Estado y las instituciones en
Venezuela (1936-1945). Academia Nacional de la Historia. Colección el Libro menor.
Caracas.
30.
De
Corso, Giusseppe (2001) El modelo económico militar
en el siglo XX: la experiencia de la década militar 1948-1958, el modelo de la Quinta
República y la perspectiva histórica. En: Irwin, Domingo et al (2001) Militares y civiles. Balance y perspectivas de las
relaciones civiles-militares en la segunda mitad del siglo XX. UCAB. Caracas
31.
Dietmann,
Alfonso (1978). “El personalismo negro africano y su paradigma latinoamericano: el
caudillismo”. En: Revista Polietia N°5.
Universidad Central de Venezuela. Instituto de Estudios Políticos. Caracas.
32.
Galbraith,
John (1985). La Anatomía del Poder. Plaza
& james editores. Barcelona, España.
33.
Guzmán
Pérez, José (1983). López Contreras: el último
general. Ediciones de la Dirección de Información y relaciones Públicas de la
Gobernación del Distrito Federal. Caracas.
34.
Hurtado,
Samuel (1990). Ferrocarriles y Proyecto Nacional en
Venezuela: 1870-1925. Ediciones FACES-UCV.
Caracas.
35.
Irwin,
Domingo (1985) “Reflexiones sobre el caudillismo y el pretorianismo en la Venezuela
del siglo XIX (1830-1900)”. En: Revista Tiempo
y Espacio. N° 4. Vol.II. Julio-diciembre. Instituto Universitario Pedagógico de
Caracas (IUPEC).
36.
Irwin,
Domingo (2001) Usos y abusos del militarismo y el pretorianismo en la historia y la
política. En: Irwin, Domingo et al (2001) Militares
y civiles. Balance y perspectivas de las relaciones civiles-militares en la segunda mitad
del siglo XX. UCAB. Caracas
37.
Iturrieta,
Elías (1993). Las Ideas de los primeros
venezolanos. Monte Ávila editores Latinoamericana. Caracas.
38.
Kaplan,
Marcos (1989). Aspectos del Estado en América
latina. Universidad Nacional Autónoma de México. México
39.
Koeneke,
Herbert (2002) Personalismo chavecista,
multipolaridad, Fuerzas Armadas y democracia participativa. En: Ferrero, Mary
(Editora) Chávez: la sociedad civil y el estamento
militar. Alfadil Ediciones. Colección Hogueras: Venezuela profunda. Caracas
40.
Kornblith,
Miriam (1989) “Deuda y democracia en Venezuela: los sucesos del 27 y 28 de
febrero”. En: Cuadernos del CENDES. N° 10.
Segunda Época. Enero- abril. UCV. Caracas.
41.
Lameda,
Guaicaipuro (2002) Rueda de prensa. www.documento . www.globovision.com . 21/02/2002
42.
Lynch,
John (1982). Las revoluciones de independencia en
Hispanoamérica (1810-1826). Editorial Ariel Historia. Barcelona, España.
43.
Lensky,
G (1993) Poder y Privilegio. Editorial PAIDOS.
España.
44.
Lombardi,
John (1985). Venezuela: la búsqueda del orden.
Editorial Crítica. Grupo editorial Grijalbo. Barcelona- España.
45.
López
Maya, M y Lander, E (1999) “Triunfos en tiempos de transición. Actores de vocación
popular en las elecciones venezolanas de 1998”. En: Revista Cuestiones Políticas N° 22. Instituto de
Estudios Políticos y Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
LUZ. Venezuela
46.
Lorenzo
Cadarzo, Luis (2001). Fundamentos teóricos del
conflicto social. Siglo XXI España Editores.
47.
Machillanda,
José (1998). Poder político y Poder militar en
Venezuela 1958-1986. Ediciones Centauro, Caracas.
48.
Magallanes,
Manuel (1972) Historia Política de Venezuela.
(Tomos III y IV).Editorial Mediterráneo. España.
49.
Manrique,
Miguel (2001) Relaciones civiles militares en la
Constitución Bolivariana de 1999. En: Irwin, Domingo et al (2001) Militares y civiles. Balance y perspectivas de las
relaciones civiles-militares en la segunda mitad del siglo XX. UCAB. Caracas
50.
Martínez,
Elena (2002) La formación de una nueva clase
política en Venezuela: ¿ un cambio para seguir igual?. En: Ramos Jiménez, Alfredo
(Editor) La transición venezolana. Aproximación
al fenómeno Chávez. La Universidad de los Andes. Centro de Investigaciones de
Política Comparada. Mérida-Venezuela.
51.
Méndez,
Ana y Morales, Elda (2001). “La democracia venezolana desde el discurso de los
líderes tradicionales”. En: Revista Utopía
y Praxis Latinoamericana. Año 6. N° 14. Septiembre. La Universidad del Zulia.
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Venezuela.
52.
Méndez,
Ana y Morales, Elda (2002). “En democracia, ¿es el pueblo masa o es ciudadano? En:
Berbesí, Ligia (Coord). Poder y Mentalidad en
España e Iberoamérica (Siglos XVI-XX) Implicaciones y actores. II Seminario
Hispano-venezolano. Editorial de la Universidad del Zulia. Consejo de Desarrollo
Científico y Humanístico (CONDES). Maracaibo-Venezuela.
53.
Molero,
Lourdes (1999).
“Análisis de dos discursos del proceso
electoral de 1998 bajo el enfoque semántico pragmático”. En: Bolívar, A y
Kohn, C (1998). El discurso político venezolano.
Fondo Editorial Tropykos. Comisión de Postgrado de la Facultad de Humanidades y
Educación de la UCV. Caracas.
54.
Molero,
Lourdes y Franco, Antonio (2002). El discurso
político en las ciencias humanas y sociales. Edición de FONACIT. Caracas
55.
Molina,
J y Pérez, C (1994) “Venezuela: ¿un nuevo sistema de partidos? Las elecciones de
1993”. En: Revista Cuestiones Políticas N°
13. Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas. LUZ. Venezuela
56.
Molina,
J y Pérez, C (1999) “La democracia venezolana en una encrucijada: las elecciones
nacionales y regionales de 1998”. En: Revista
Cuestiones Políticas N° 22. Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. LUZ. Venezuela
57.
Molina,
José E (2000).
“Comportamiento electoral en Venezuela 1998-2000: cambio y continuidad”. En: Revista Cuestiones Políticas. Instituto de
estudios Políticos y Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
de la Universidad del Zulia. Nº 25.Venezuela
58.
Njaim,
H; Combillas, R y Álvarez, A (1998). Opinión
Política y Democracia en Venezuela. Universidad Central de Venezuela Instituto de
Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Caracas.
59.
Olavaria,
Jorge “La destrucción de las Fuerzas Armadas”.
Diario El Nacional (www.documento) www.el-nacional.com/archivos.
18/06/2000. Consultado 26/08/2002.
60.
Pacto
de Gobernabilidad CTV-Fedecamaras-Iglesia.
www.globovision.com/documentos
61.
Pereira
Almao, Valia (2001) Movimiento V República. En: Alcántara Sáez, M y Freidenberg, F
(Editores). Partidos Políticos en América Latina,
Países Andinos (Vol III).
62.
Petkoff,
Teodoro (2000) La Venezuela de Chávez: una segunda
opinión. Editorial Grijalbo. Caracas.
63.
Polanco
Alcántara, Tomás (1992) Antonio Guzmán Blanco.
Ediciones de la UCV. Caracas.
64.
Prato,
Nelson (1989) “Revuelta urbana y desobediencia civil”. En: Cuadernos del CENDES. N° 10. Segunda Época.
Enero- abril. UCV. Caracas
65.
Prato,
Nelson (1991). Relaciones de producción en la
agricultura venezolana. Fondo Editorial Tropykos. Cendes. UCV. Caracas
66.
Ramos
Jiménez, Alfredo (1998).
Las formas modernas de la política. Ediciones de la Universidad de Los Andes.
Mérida.
67.
Rey,
Juan Carlos (1998). Problemas sociopolíticos de
América Latina. UCV. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Caracas.
68.
Rey,
Juan Carlos (2002). Consideraciones políticas
sobre un insólito Golpe de Estado. En: www.analitica.com
69.
Rodríguez,
Isaías citado por Ricardo Escalante. “Fracturas
y organizaciones endebles copan la escena nacional”. Diario El Nacional (www.documento) www.el-nacional.com/archivos.
03/01/2000. Consultado 26/08/2002.
70.
Romero,
Aníbal (2002). Del equívoco a la paradoja: la FAN
y la Revolución Bolivariana. En: Ferrero, Mary (Editora) Chávez: la sociedad civil y el estamento militar.
Alfadil Ediciones. Colección Hogueras: Venezuela profunda. Caracas
71.
Romero,
J et al (1999a). “Relaciones entre el poder civil y militar en Latinoamérica: el
caso venezolano (1958-1998). En: Revista Historia
de América. N° 125. Julio-diciembre. Instituto Panamericano de Geografía e
Historia. México.
72.
Romero,
Juan et al (1999b). La Constituyente, 90 días y
cinco diarios. La Universidad del Zulia. Maracaibo.
73.
Romero,
Juan (2000).
Actores políticos y construcción del discurso del poder en Venezuela (1996-1999).
En: MARTÍNEZ RUIZ, Enrique (Coord.). Poder y mentalidades en España e Iberoamérica.
Universidad Complutense de Madrid. Madrid- España.
74.
Romero,
Juan (2001ª) “El Discurso del Poder en Hugo Chávez (1996-1999”). En: Revista Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de
Sociología. N°2.Vol. 10. Abril-junio. Maracaibo.
75.
Romero,
Juan et al (2001b) “El discurso político sobre la constituyente: Chávez y los otros
actores políticos (1998-1999). En: Revista
Historia de América N°128. Enero-junio. Instituto Panamericano de Geografía e
Historia. México.
76.
Romero,
Juan (2001c) “El discurso sobre la constituyente: pueblo, sociedad civil y actores
políticos (1998-2000)”. En: Revista
Electrónica Sincronía (www.documento) http://sincronía.cusch.udg.mx/venez.htm.
Universidad de Guadalajara. México.
77.
Romero,
Juan (2001d). Coyuntura crítica y transición
política en Venezuela. De Carlos Andrés Pérez a Hugo Chávez (1988-2000). Trabajo
de Ascenso para Profesor Agregado. La Universidad del Zulia. Inédito.
78.
Romero,
Juan (2002ª) “Discurso y filosofía política en Hugo Chávez (1996-1998)”. En:
Revista Ecuador Debate N°55. Abril. Ecuador.
79.
Romero,
Juan (2002b) “El dilema democrático en Venezuela”. En: Revista Historia de América N° 131. Instituto
Panamericano de Geografía e Historia. México (aparecerá en noviembre de 2002).
80.
Romero,
Juan y Lares, José (2002c) “Transición política, democracia y espacio público en
Venezuela (1998-2001)”. En: Revista Cuestiones
Políticas. N° 28. Enero-Junio. La Universidad del Zulia. Instituto de Estudios
Políticos y Derecho Público de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas.
Maracaibo, Venezuela.
81.
Romero,
Juan y Cazzato, Salvador (2002d) “El discurso sobre la constituyente: pueblo,
sociedad civil y actores políticos (1998-2000)”. En: Berbesí, Ligia (Coord). Poder y Mentalidad en España e Iberoamérica (Siglos
XVI-XX) Implicaciones y actores. II Seminario Hispano-venezolano. Editorial de la
Universidad del Zulia. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES).
Maracaibo-Venezuela.
82.
Romero,
Juan (2002e) “Hugo Chávez: construcción hegemónica del poder y desplazamiento de
los actores tradicionales en Venezuela (1998-2000)”. En: Revista Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 7.
N° 17. Junio. La Universidad del Zulia. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Venezuela.
83.
Rsbel,
U et al (1999). “El dispositivo simbólico de la democracia”. En: Revista Metapolítica. N° 9. Volumen III. Enero-
Marzo. (www.documento) www.metapolitica.mx . Consultado 12-08-2002.
84.
Salamanca,
Luis (2000) “¿Hay militarización? El tiempo
dirá”. Diario El Nacional (www.documento) www.el-nacional.com/archivos.
05/11/2000. Consultado 26/08/2002
85.
Sanoja,
Jesús (2000) “Los militares: votos, botas y vetos”. Diario
El Nacional (www.documento) www.el-nacional.com/archivos.
20/10/2000. Consultado 26/08/2002.
86.
Sanoja,
Jesús (2002) “Militares y administración
pública”. Diario El Nacional (www.documento)
www.el-nacional.com/archivos.
17/10/2000 . Consultado el 26/08/2002
87.
Sanoja,
Jesús (2001). Golpes de Estado en Venezuela,
1945-1992. Editorial El Nacional. Colección Ares. Caracas.
88.
Soto,
Pedro (2002). Declaraciones del Coronel Pedro Soto. (www.documento)
(www.globovision.documentos)
89.
Suárez,
Naudy (1977). Programas Políticos Venezolanos de
la Primera Mitad del siglo XX. (Tomo II). Universidad Católica Andrés Bello.
Caracas.
90.
Vaivads,
Henry (1994) “Las elecciones de 1993 y su efecto sobre los Partidos Políticos y el
sistema de partidos”. Revista Cuestiones
Políticas N°13. Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas. LUZ. Venezuela
91.
Vásquez
Velasco, Efraín. (2002). Interpelación del General Efraín Vásquez Velasco ante la
AsambleaNacional.http://www.globovision.com/documentos/discursos.transcripciones/200205/vasquez/index.shtml
92.
Villegas,
Vladimir (2002) Medios Vs. Chávez: la lucha
continúa. En: Tremamunno, Marinellys (Editora). Chávez y los medios de comunicación social.
Alfadil Editores. Caracas.
93.
Yépez
Daza, Jacobo (2002) El estamento militar venezolano. En: Ferrero, Mary (Editora) Chávez: la sociedad civil y el estamento militar.
Alfadil Ediciones. Colección Hogueras: Venezuela profunda. Caracas.
94.
Zago,
Angela (2002) Chávez y los medios de comunicación
venezolanos. En: Tremamunno, Marinellys (Editora). Chávez y los medios de comunicación social.
Alfadil Editores. Caracas.
Webs
Consultadas
TABLA
N° 1. EFECTOS DEL 4 DE FEBRERO DE 1992 SOBRE EL SISTEMA POLÍTICO Y LAS FFAA. Fuente:
Romero Juan (2001d)
 |
 |
 |
Cuadro
II. Evolución de las lealtades partidistas hacia los partidos tradicionales (AD, COPEI y
MAS) (1983-2000). Fuente: Molina (2000:42)
1983 |
1993 |
1998 |
2000 |
|
Militantes/simpatizantes
AD,COPEI y MAS |
35.3%
(628) |
27.8%
(398) |
14.0%(205) |
10.8%(161) |
Casos
Válidos |
1778 |
1435 |
1458 |
1490 |
Casos
No Válidos |
11 |
64 |
42 |
10 |
Total
Casos |
1789 |
1499 |
1500 |
1500 |
Cuadro
III. Causas de la crisis destacada en el cuestionario y otras mencionadas por la élite.
Fuente: Njaim, Combillas y Alvarez (1998:107)
CAUSA |
N°
de veces citada |
Corrupción |
10 |
Partidos |
9 |
Situación
económica |
8 |
Falta
de participación |
7 |
Distribución
del ingreso |
5 |
Intervencionismo
estatal |
5 |
Mal
funcionamiento de los servicios |
4 |
Política
económica del gobierno |
3 |
Pérdida
de credibilidad en los hombres y las instituciones |
3 |
Paquete
económico |
2 |
Vacío
de liderazgo |
2 |
Carta
de intención con el FMI |
1 |
Falta
de representatividad |
1 |
Hipercentralismo
del modelo político y económico |
1 |
Pérdida
de esperanza |
1 |
Falta
de control en política de inmigración |
1 |
Pérdida
de sentido de la dignidad del hombre |
1 |
Cuadro
IV: Índice de Precios al Consumidor Sep-Dic 2001. Fuente: Banco Central de Venezuela.
CUADRO
V. PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA (III Y IV TRIMESTRE 2001). FUENTE.
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
|
2001
(*) |
||||
ACTIVIDADES |
Año |
2do.sem. |
IV
Trim |
Ene./Sept. |
III
Trim |
|
|
|
|
|
|
CONSOLIDADO
|
600,488 |
305,540 |
154,092 |
446,396 |
151,448 |
ACTIVIDAD
PETROLERA |
158,563 |
79,113 |
39,254 |
119,309 |
39,859 |
ACTIVIDAD
NO PETROLERA |
424,961 |
217,513 |
110,877 |
314,084 |
106,636 |
Minería |
5,166 |
2,521 |
1,262 |
3,904 |
1,259 |
Manufactura |
85,240 |
43,215 |
21,731 |
63,509 |
21,484 |
Electricidad y Agua |
11,371 |
5,831 |
2,941 |
8,430 |
2,890 |
Construcción |
33,610 |
19,277 |
10,750 |
22,860 |
8,527 |
Comercio |
49,182 |
24,946 |
12,599 |
36,583 |
12,347 |
Transporte y Almacenamiento |
20,453 |
10,426 |
5,047 |
15,406 |
5,379 |
Comunicaciones |
18,886 |
9,736 |
4,840 |
14,046 |
4,896 |
Instituciones Financieras y Seguros |
6,528 |
3,286 |
1,676 |
4,852 |
1,610 |
Bienes Inmuebles y Servicios Prestados |
|||||
a las Empresas |
68,593 |
34,147 |
16,971 |
51,622 |
17,176 |
Serv. Comunales, Soc. y Personales y |
|||||
Produc. de Serv. Priv. No Lucrativos |
39,880 |
19,929 |
10,015 |
29,865 |
9,914 |
Produc. Servicios del Gobierno General |
46,522 |
23,020 |
11,526 |
34,996 |
11,494 |
Resto 1/ |
43,803 |
23,274 |
12,586 |
31,217 |
10,688 |
Menos: Servicios Bancarios Imputados |
4,273 |
2,095 |
1,067 |
3,206 |
1,028 |
DERECHOS
DE IMPORTACIÓN |
16,964 |
8,914 |
3,961 |
13,003 |
4,953 |
CUADRO
VI. RESERVAS INTERNACIONALES Y TIPO DE CAMBIO (NOV-DIC 2001). FUENTE: BANCO CENTRAL DE
VENEZUELA.
FECHA |
RESERVAS
INTERNACIONALES |
|
TIPO
DE CAMBIO Bs/US$ (3) |
|||||
BCV |
FIEM (1) |
TOTAL
(2) |
COMPRA |
VENTA |
||||
|
|
|
|
|||||
(Millones
de US$) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31/12/2001 |
12,295 |
6,227 |
18,522 |
762.00 |
763.00 |
|||
28/12/2001 |
12,424 |
6,226 |
18,650 |
756.25 |
757.25 |
|||
27/12/2001 |
12,561 |
6,226 |
18,787 |
755.25 |
756.25 |
|||
26/12/2001 |
12,599 |
6,225 |
18,824 |
755.25 |
756.25 |
|||
24/12/2001 |
12,694 |
6,225 |
18,919 |
754.25 |
755.25 |
|||
21/12/2001 |
12,673 |
6,225 |
18,898 |
753.75 |
754.75 |
|||
20/12/2001 |
12,713 |
6,224 |
18,937 |
751.75 |
752.75 |
|||
19/12/2001 |
12,749 |
6,224 |
18,973 |
751.75 |
752.75 |
|||
18/12/2001 |
12,574 |
6,223 |
18,797 |
751.00 |
752.00 |
|||
17/12/2001 |
12,667 |
6,223 |
18,890 |
750.25 |
751.25 |
|||
14/12/2001 |
12,832 |
6,223 |
19,055 |
749.50 |
750.50 |
|||
13/12/2001
b/ |
13,047 |
6,222 |
19,269 |
749.00 |
750.00 |
|||
12/12/2001 |
12,197 |
7,116 |
19,313 |
749.00 |
750.00 |
|||
11/12/2001 |
12,095 |
7,115 |
19,210 |
749.00 |
750.00 |
|||
10/12/2001 |
12,201 |
7,115 |
19,316 |
748.00 |
749.00 |
|||
07/12/2001 |
12,292 |
7,114 |
19,406 |
747.50 |
748.50 |
|||
06/12/2001 |
12,392 |
7,113 |
19,505 |
747.00 |
748.00 |
|||
05/12/2001 |
12,490 |
7,112 |
19,602 |
746.50 |
747.50 |
|||
04/12/2001 |
12,323 |
7,113 |
19,436 |
745.75 |
746.75 |
|||
03/12/2001 |
12,378 |
7,112 |
19,490 |
745.50 |
746.50 |
|||
30/11/2001 |
12,472 |
7,111 |
19,583 |
745.50 |
746.50 |
|||
29/11/2001 |
12,631 |
7,110 |
19,741 |
744.75 |
745.75 |
|||
28/11/2001 |
12,678 |
7,108 |
19,786 |
745.00 |
746.00 |
|||
27/11/2001 |
12,742 |
7,106 |
19,848 |
744.75 |
745.75 |
|||
26/11/2001 |
12,765 |
7,106 |
19,871 |
744.50 |
745.50 |
|||
23/11/2001 |
12,829 |
7,105 |
19,934 |
744.25 |
745.25 |
|||
22/11/2001 |
12,867 |
7,105 |
19,972 |
744.00 |
745.00 |
|||
21/11/2001 |
12,867 |
7,105 |
19,972 |
744.00 |
745.00 |
|||
- Cuadro
VII. Encuesta de Consultores 21. Febrero 2002.
Pregunta: Con quién está más de acuerdo, con quienes dicen que durante el gobierno de
Hugo Chávez han ocurrido cambios positivos para Venezuela ó con quienes dicen que
durante el Gobierno de Hugo Chávez han ocurrido cambios negativos para Venezuela?
.Fuente: www.globovision.com/encuestas
Cuadro
VIII. Encuesta Consultores 21. Febrero 2002. Calificación del Gobierno de Hugo Chávez
(Muy bueno/bueno). Fuente: www.globovision.com/encuestas
Cuadro. IX. Alteraciones del orden público. Fuente: www.globovision.com
MANIFESTACIONES |
PACIFICAS |
VIOLENTAS |
2.000 |
2.001 |
2.000 |
2.001 |
LABORALES |
508 |
681 |
2 |
14 |
ESTUDIANTILES |
48 |
118 |
169 |
259 |
SOCIALES |
26 |
165 |
1 |
3 |
TOTAL |
582 |
964 |
172 |
276 |
Cuadro
X. Militares disidentes en la Plaza Altamira a partir del 22 de Octubre de 2002. Fuente: www.globovision.com
Listado
de Militares Disidentes |
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|
AUTOR: ROMERO JIMÉNEZ JUAN EDUARDO. Profesor
e Investigador Agregado de la Universidad del Zulia(LUZ), Maracaibo- Venezuela. Licenciado
en Historia con estudios de postgrado en Historia Contemporánea de Venezuela. Cursante
del doctorado en Ciencias Políticas de LUZ. Co-investigador responsable del Laboratorio
de Investigación Transdisciplinario del espacio Público (LITEP) de la facultad de
Ciencias económicas y sociales de LUZ. Coordinador de extensión de los departamentos de
Historia y periodismo Impreso, en las escuelas de educación y comunicación social de
LUZ. Es autor de las obras Historia del Municipio Baralt (1996),La Constituyente,90 días
y cinco diarios (1999) y co-autor de las obra colectiva Poder y Mentalidad en España e
Iberoamérica (Madrid, 2000).Ha publicado artículos arbitrados en revistas nacionales e
internacionales. Especialista en historia política contemporánea.
Tel. Oficina: 58 0261 7596253
Tel –fax: 58 0261 7596253 o 7545893
Tel.Casa: 58 0261 7534192
Correo electrónico: romerji@starmedia.com o romero_juane@cantv.net